La Justicia suspende convenio de juego que beneficia a Cristóbal López

La Justicia ordenó una medida cautelar para suspender parcialmente el convenio firmado por el gobierno porteño y la Nación, que permitiría que los los casinos no paguen una importante deuda tributaria, según publicó el diario La Nación.
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Se trata de una medida que beneficia, entre otros empresarios, a Cristóbal López, dueño de el casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.
Según determinó hoy en su fallo la jueza en lo contencioso administrativo porteño N° 4, Elena Liberatori, la cláusula que será suspendida es la 3.2, un apartado en el que el gobierno porteño renuncia a cobrar Ingresos Brutos a los casinos y tragamonedas. La denuncia había sido radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez
Las empresas de juego mantienen con la ciudad una deuda impositiva de más de $2400 millones en concepto del impuesto a los ingresos brutos.
Mauricio Macri le endilgó a la Justicia la responsabilidad por no poder cobrar la deuda , y en su lugar impuso un canon por el que recibiría $300 millones anuales, mediante un acuerdo en el que participaron la Lotería Nacional y el Instituto del Juego.
En la cláusula que fue suspendida hoy por Liberatori, no obstante, queda explícito que el cobro del canon significará la renuncia al cobro de impustos que tienen las casas de juego. El artículo sobre el que pesa la cautelar dice: "Las partes acuerdan que la percepción de las sumas convenidas (...) significará la extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago de los Ingresos Brutos o de cualquier otra tributación específica".
Desde Pro aseguran que, a pesar de este entendimiento, la Ciudad aumentará los ingresos que recibe por los juegos de azar.
La diputada Elisa Carrió había denunciado hoy la situación y festejó en twitter el fallo:
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De todas maneras, la dirigente, y su colega Fernando Sánchez piden que se investigue una posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además solicitan que se investigue al empresario Nicolás Caputo, por el mismo hecho.


