Verbitsky ventila pactos de impunidad policial

"La inclusión social y el control político de las fuerzas de seguridad son el antídoto prescripto por el gobierno nacional para la descomposición de las policías provinciales", comienza diciendo sin más el periodista muy cercano a Casa de Gobierno, Horacio Verbitsky, otrora confidende de Nilda Garré en temas de seguridad.

Sin embargo, el columnista sosotiene que "el Estado Nacional está limitado por las autonomías provinciales, pero aun así tiene un amplio campo de actuación para confrontar con el modelo vertical y jerárquico y el modo de relación con la sociedad, como fuerzas de ocupación".

Si bien Verbistky descarta algún problema con las fuerzas de seguridad nacionales, al momento de referirse a las provinciales manifiesta que "una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad".

El escriba luego califica a la Justicia como "un estorbo" cuando el gobierno nacional conoce cómo desarraigar el problema y no descarta que el conflicto policial con Chaco se haya dado con más intensidad allí, en tierras del Jefe de Gabinete.

"El gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca", dice Verbitsky.

En su paso casual por Córdoba durante el conflicto policial, el columnista de P/12 sostiene: "Cada persona con la que hablé en esas primeras horas de luz contaba que los saqueos se iniciaron en el barrio donde viven los policías, cerca del acuartelamiento y con métodos de precisión que descartan cualquier espontaneidad. También señalaban la extrema brutalidad de la respuesta posterior. Luego del duro enfrentamiento, De la Sota y la policía se pusieron de acuerdo en señalar como blanco a los barrios populares".

El periodista luego pone el foco sobre el Código de Faltas y asegura que "la facultad de instruir y juzgar a todos los contraventores quedó en manos de la policía, que no es entonces un órgano auxiliar de la justicia sino un actor político que disputa el poder en el escenario público. El mismo año en que la Constitución reformada incorporó diez Tratados Internacionales de Derechos Humanos que obligan a todos los estados provinciales, el Código de Faltas suprimió todos esos derechos en Córdoba y se erigió en instrumento de disciplinamiento social de los sectores marginados y herramienta de gobierno de la protesta social. Cada vez que se lo modificó fue para profundizar su carácter represivo". 

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