Por qué los mendocinos no confían en la Policía

La semana que pasó fue una de las más convulsionadas del año en el marco de diferentes protestas policiales que se fueron replicando en varias provincias cual efecto dominó; Mendoza no fue ajena a esta demanda. Si bien el reclamo de las fuerzas de seguridad en la provincia no llegó a un acuartelamiento, la policía no solo pedía mejores salarios, sino superiores condiciones laborales y tomó la decisión de no paralizar la actividad, aunque esto no evitó algunos saqueos.

La semana culminó con la renuncia del ministro de Seguridad Carlos Aranda, si bien se preveía esta eyección antes de los hechos antes mencionados. Varios crímenes violentos sin resolución y una figura desgastada luego de casi cuatro años de gestión ayudaron al alejamiento de Aranda.

En este marco, MDZ quiso saber cómo los lectores percibían esta situación. “¿Estás de acuerdo con esta renuncia? ¿Mejoró o empeoró la seguridad en Mendoza? ¿Cuál es tu opinión sobre la Policía?”, fueron algunas de las preguntas.

"Seguridad es un lugar que desgasta y mucho, Aranda ha hecho un buen trabajo, pero es cierto que estar en esa cartera desgasta”, había dicho a principios de mes el recientemente transparentado como candidato a suceder a Francisco Pérez, Adolfo Bermejo.

Tal vez esa sea la razón por la cual casi la mitad de los encuestados se mostró de acuerdo con la eyección de Aranda.

Fue al momento de valorar esto que el 51% de los lectores consideró positivo el alejamiento del ahora exministro de Seguridad. Tan solo el 29% expresó no estar de acuerdo con la renuncia, mientras que el 20% optó por “me da lo mismo”.

Sin embargo, este “desgaste” puede no solo haber afectado la imagen de Carlos Aranda, sino su propia gestión al frente de esa cartera. Es que para el 74% de los lectores, la seguridad en Mendoza empeoró durante la gestión de Pérez y solo para el 7% mejoró.

En cuanto a si la Policía tuvo razón en protestar de este modo por sus salarios, el 74% de los lectores de MDZ opinó que sí, frente a un 26% que consideró que no.

La respuesta viene en contra de la última declaración conjunta de los legisladores nacionales, tanto oficialista y opositores, quienes la semana pasada manifestaron simultáneamente que "la forma de expresarse de los efectivos es una injustificada modalidad, que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley".

En este sentido, el 33% de los encuestados por MDZ respondió tener una opinión regular sobre la Policía de Mendoza, y solo un 9% dijo tener una muy buena apreciación al respecto de esta fuerza.

Las razones de esta baja estima hacia la Policía tienen que ver con la corrupción, según los lectores, en un 26%.

Solo el 6% consideró que el desprestigio de esta la fuerza policial está relacionada al bajo presupuesto de la misma.

Ambos porcentajes arrojan luz sobre un posible círculo vicioso entre corrupción y bajos salarios.

Sin embargo, y más allá de cualquier posible causa, solo el 30% de los encuestados por MDZ dijo confiar en la Policía.

Pese a que la protesta policial de la semana pasada se desactivó relativamente rápido en comparación con otras provincias y que los efectivos no llegaron a autocuartelarse, el 30% de los lectores de MDZ consideró que el gobierno de Paco Pérez no la manejó bien.

Vale recordar que el acuerdo del gobierno provincial con la policía para destrabar el conflicto tiene un costo de 32 millones de pesos al mes. Sumando los aguinaldos, el costo será de 416 millones de pesos al año siempre que no haya más aumentos.

Lo que realmente complicó el acuerdo fue hallar los interlocutores adecuados para forjar el mismo. “No los hubo, y por eso se recurrió a la cadena de mandos. Francamente, si algún beneficio trajo el tener un ministro de Seguridad ‘pro policía’, como muchos clasifican a Carlos Aranda, fue que los jefes policiales le respondieron y mantuvieron a la policía trabajando y conteniendo los intentos de saqueo mientras bajaban la propuesta salarial a los niveles inferiores de la fuerza”, expresó el director de este sitio en su columna del 12 de diciembre pasado.

Cuando el conflicto comenzó a estallar primero en Córdoba, el jefe de Gabinete de Ministros salió a recalcar rápidamente que se trataba de un tema bajo la órbita del gobernador José Manuel De La Sota. Cuando esta se fue extendiendo a otras tres provincias, Jorge Capitanich ratificó que la resolución del problema quedaba bajo exclusiva responsabilidad de los gobiernos provinciales, pero cuando el conflicto llegó a 19 provincias, al gobierno se le complicó esconderlo debajo de la alfombra.

No es la primera vez que desde el kirchnerismo se trata de descentralizar los conflictos y llevarlos al resorte más pequeño posible, o bien de acudir a teorías de desestabilización o connivencia, en defensa del modelo político imperante.

Con ese escenario, sin embargo, el 53% de los lectores considera que la principal responsabilidad de los niveles actuales de inseguridad es del gobierno nacional. Mientras que el 68% no está de acuerdo con las acusaciones de la Presidenta en relación a que la Policía pudo haber ayudado a gestionar los saqueos.