Conocé algunos "vicios ocultos" de la recontratación de las petroleras

Hubo dos informaciones importantes la semana pasada que quizá se perdieron en el aluvión informativo. Una de ellas fue un acontecimiento y la otra una observación. Ambas tuvieron que ver con uno de los planes prioritarios de la gestión de Celso Jaque: la renegociación de las áreas petroleras.

Datos que llaman la atención

Lo curioso fue lo que se filtró luego de esa celebración del convenio. Se conoció que esa compañía no había dejado de estar bajo el control de la familia Lapeyrade. "La petrolera Chañares Herrados pertenece al empresario Héctor Lapeyrade, que también es dueño de Bodegas Lapeyrade en Río Negro y de campos en la provincia de Buenos Aires. La empresa petrolera logró la prórroga de las concesiones en las dos áreas que controla en Mendoza, Puesto Pozo Cercado y Chañares Herrados", puntualizó el portal Ecocuyo.

"A cambio ofreció un plan de inversiones en exploración y desarrollo que le permitirá al menos abrir unos diez nuevos pozos por año. Cancelará en 18 cuotas mensuales un pago extraordinario de U$S3,75 millones, y llevar a cabo un plan de inversiones por un total de U$S 467 millones", informó MDZ.

"Chañares es una empresa de capitales argentinos, que está en manos de la familia Lapeyrade. Se quedó con la concesión de las dos áreas, hoy prorrogada, en 1992. Pero ambas datan de 1961, época en la que estaban en manos de la YPF estatal. La concesionaria actual, que para empezar debe abonar un canon inicial de U$S 3,7 millones, encara la nueva etapa con una apuesta a la sinergia: de hecho, constituyó hace un par de meses una sociedad con PE Energy, una petrolera fundada en Hong Kong que aporta tecnología de avanzada para los planes previstos de cara a 2027", aportó Los Andes.

Lo que llama la atención fue la representación de Chañares Herrados. Zarattini y Steiner mencionados formalmente en realidad integran el directorio de la empresa pero el primero aparece como vicepresidente y el segundo como director suplente. Esto de acuerdo a un registro publicado por el Boletín Oficial de la Nación del 16 de noviembre de 2010. En el documento oficial que el titular del directorio es justamente Héctor Basilio Lapeyrade.

Quién es Lapeyrade

El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres (alias el Laucha), imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, según un informe de Página/12 de del 14 de octubre de 2009.

Un año antes el mismo diario había informado que Lapeyrade “no escatimó esfuerzos para ayudar a Corres durante su primera etapa como prófugo, que se extendió desde la orden de captura el 27 de febrero de 2007 hasta el 3 de abril de 2008, cuando Interpol lo detuvo al salir de las oficinas porteñas de Chañares Herrados, en Uruguay 824”. La contención que Lapeyrade le dedicó al represor -a la vez hijo de un viejo amigo- hizo que durante ese tiempo le pagara “4.500 pesos por mes sin registrarlo como empleado a cambio de ‘diligencias no específicas’", según Corres. También le permitió usar celulares y pases de peaje a nombre de su empresa y le dio 5 mil pesos por mes a su esposa para el estudio de sus hijas”.

Por otro lado, y antes de estas instancias judiciales por las que el veterano empresario terminara procesado como encubridor de un represor, otro caso judicial lo tuvo como protagonista en Mendoza. El 11 de mayo de 2006 el diario Los Andes publicó la novedad: "El juez de Instrucción Fernando Ugarte, de Tunuyán, después de tres años de investigación decidió avanzar y poner a las puertas de un juicio a directivos de la petrolera Chañares Herrados, que explota el yacimiento del mismo nombre y el de Puesto Pozo Cercado, uno de los más productivos de la cuenca hidrocarburífera. Los responsables para el juez son: Héctor Basilio Lapeyrade (presidente del directorio y único accionista, apuntado como “autor mediato” del ilícito); Rodolfo Steiner y Pedro Francisco Vilstalli".

Esta causa, después del procesamiento, pasó a la Justicia Federal donde aún permanece. Los denunciantes nunca fueron notificados del destino del expediente aunque trascendió que hubo un pedido de "falta de mérito" por parte de la defensa de los acusados por el juez mendocino. Un detalle más: Steiner es el yerno de Lapeyrade.

Por qué ambos ejecutivos terminaron procesados por la Justicia mendocina hace cinco años . Este es el detalle de la crónica de la época: "La zona afectada por la extracción de Cahañares Herrados es la de Anchoris, en Luján cerca del límite con Tupungato. En esa área se ubicaba una gran pileta de 'infiltración', un socavón sin ningún tipo de revestimiento de 70 metros de ancho por 100 de largo y 1,5 de profundidad. Según la resolución que firmó Ugarte (el martes 9 de mayo de 2006), al menos durante siete años se depositó en esa excavación a cielo abierto remanente petrolero, en su mayoría agua de purga, el material más contaminante del proceso de explotación. El magistrado encontró pruebas suficientes que evidencian la violación de la ley nacional de Residuos Peligrosos, en concordancia con el artículo 200 del Código Penal, que castiga con prisión (de 3 a 10 años) a quien ‘envenene o adultere aguas potables o alimentos o medicinas'".

Toda esta historia fue recordada por César Biritos quien fuera inspector de cauce de Arroyo Carrizal en aquel momento y ahora es integrante de la Asociación Centro Cultural El Carrizal. Esa organización le presentó una nota sobre un caso de contaminación de agua dulce a la directora de Derechos Humanos María José Ubaldini y le puntualizó el caso de Chañares Herrados. La funcionaria luego dijo a MDZ que sobre Zarattini no había antecedentes penales pero no había constatado nada sobre Lapeyrade y Steiner. 

Contra Jaque "por omisión"

Mientras el caso de la renegociación de contratos con Chañares Herrados tuvo este telón de fondo, también se produjeron otros movimientos en torno a  YPF. El miércoles 1 de junio, el abogado José Rubio especializado en Derecho Ambiental presentó una denuncia en la Fiscalía de Instrucción 17 de Capital, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en su "modalidad omisiva" contra Celso Jaque. Por la relevancia del apuntado por la presentación judicial la causa pasará a la Fiscalía de Delitos Complejos.

¿Por qué? La denuncia es porque el Gobernador no ha reglamentado con un decreto la ley de hidrocarburos (7526) en el artículo 24, de acuerdo a las razones expuestas por el letrado.

"El mismo artículo de la ley 7526 le exige al Gobernador que reglamente con un decreto la regulación de las relaciones entre los ‘propietarios-superficiarios’, es decir los titulares de los terrenos donde existen instalaciones petroleras fijando los montos que se deben pagar como canon mensual en concepto de ‘servidumbre y daños’ provocados por las empresas petroleras", detalla el abogado.

Dice Rubio que el Poder Legislativo, a través de la letra legal, le exige al Ejecutivo que reglamente este punto por lo cual "no cae dentro de la zona de reserva o discrecionalidad del Poder Ejecutivo".

En un escrito de 36 páginas, Rubio fundamenta su postura en nombre de dos mujeres dueñas de campos donde YPF explota petróleo. Antiguamente cuando el poder concedente era nacional estos montos que deben cobrar los propietarios de los terrenos por parte de las productoras de petróleo eran regulados por una resolución la Secretaría de Energía de la Nación. Ahora que las concesiones pasaron a manos de los Estados provinciales, es el Gobierno mendocino el que debe reglamentar esta relación entre superficiarios y petroleras. De otro modo el canon de servidumbre y daño no se paga ya que sin decreto reglamentario existe un vacío legal. 

Los terrenos forman parte de las áreas petroleras renegociadas por Jaque cuyo convenio se firmó el 6 de abril. Es decir que al parecer el Gobernador no sólo no ha firmado el decreto que refrenda los convenios de renegociación que le permitan al Estado provincial cobrar el canon especial y subir las regalías; sino que tampoco decretó este otro aspecto de la actividad petrolera, lo que perjudica a los propietarios. Muchos de los cuales utilizan sus predios para la producción agropecuaria, lo que representa la principal actividad del sustento de muchos de ellos.