Un diputado radical en aprietos: no deja de sumar pedidos de desafuero

Sus palabras parecen condenarlo. El jefe de la bancada radical en Diputados, Alejandro Molero, está en el ojo de la tormenta por haber deslizado sospechas de coima en la aprobación de una ley. Pero además, ya marchan otros dos pedidos de desafuero, uno de los cuales ya ingresó a la Cámara Baja, por calumnias e injurias, que lo pondrían en una difícil situación política al legislador alvearense.

Precisamente sus palabras quedaron grabadas para la posteridad: "La verdad, acá billetera mata galán", disparó el alvearense en la FM Viñas de su ciudad natal. Molero había acusado así a los legisladores demócratas de su mismo departamento de recibir dinero para dar su voto favorable al proyecto de Potasio Río Colorado. Pero la grabación no quedó en la ciudad sureña sino que llegó al recinto, donde los "gansos" pidieron que tronara el escarmiento por ese exabrupto.

Molero pidió adelantar su descargo para ayer jueves, pero contó con la negativa del resto de los legisladores que integran la comisión que dirige el independiente Ricardo Puga, decidido a última hora del miércoles.

La fecha original para presentar su defensa es el 12 de agosto -también jueves-, pero ese mismo día General Alvear celebrará un nuevo aniversario de su fundación. Molero podría perderse los festejos porque finalmente ese jueves tendrá que presentarse ante sus pares y ratificar o rectificar sus dichos.

La sanción que le cabría, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución Nacional, va desde el simple llamado de atención, el apercibimiento a la retractación pública, la suspensión por 10 y 15 días o el cese de sus actividades como diputado.

Esclavo de sus promesas

Por lo pronto, la comisión de Derechos y Garantías ya cuenta con la grabación de aquella entrevista como una prueba del exabrupto, pero la situación política de Molero podría agravarse porque se han sumado otras denuncias. 

Puga confirmó a MDZ que la comisión legislativa recibió el pedido de desafuero ante una denuncia por injurias efectuada por un ex funcionario de la comuna sureña que actualmente dirige Juan Carlos De Paolo. Se trata de Pedro Syrotchuk, ex secretario privado del intendente y que fue acusado por Molero por adulterar una factura de 6,5o pesos de un cibercafé.

Mientras la resolución de esta causa se encuentra pendiente en los tribunales, Syrotchuk decidió también acudir a la Justicia para demandar, a su vez, a Molero por calumnias. Esta acción judicial ingresó el viernes pasado a la Legislatura y pide el desafuero de privilegios de Molero.

A esta, se añade otra denuncia -todavía no judicial, pero sí pública- en la que está involucrado otro funcionario de De Paolo. Se trata de Cristian González, que fue acusado por el legislador radical por adulterar un facturero oficial.

En el cruce de acusaciones, Molero prometió públicamente algo que ahora puede jugarle en contra: dijo que si González demostraba su inocencia, entonces "él mismo iba a proceder a quitarse los fueros", sostuvo el abogado patrocinante de González, Juan Navarro Juri, recordando la promesa.

Por eso, Navarro Juri le pidió el martes pasado en conferencia de prensa ante los medios de Alvear que cumpla con lo que prometió en su momento.

La apuesta es fuerte, en un contexto donde se juega la suerte política de un legislador que quiere por la intendencia de General Alvear en 2011. Si Molero no lo hace por su propia cuenta -algo que es muy posible, considerando que está sumando denuncias en su contra-, el abogado de González promete ir con todo ante la Justicia y la Cámara de Diputados para quitarle los privilegios que sustenta gracias a su cargo político.

Esta pugna político-judicial ofrece, al mismo tiempo, una pauta de cómo se está dando la antesala electoral en los territorios, de cara a 2011 y que tiene a uno de los candidatos fuertes del radicalismo, para recuperar una intendencia que gobierna un histórico imbatible del justicialismo. 

Uno que ya zafó

Una suerte diferente corre el lasherino y también radical Néstor Parés. La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja aceptó su descargo y la cuestión de privilegios cont´ra él fue archivada.

Sus palabras habían ofendido al presidente de la Cámara Baja, Jorge Tanús, al calificarlo de "apretador". No menos duro fue con el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, al que había señalado como "inútil". No eran tiempos de paz entre oficialismo y oposición merced a la denuncia del vice Cristian Racconto por las cámaras de vigilancia.

En esa sesión donde se interpeló a Aranda por este tema, Parés se fue de boca. Y la furia del bloque del PJ se hizo sentir con una cuestión de privilegio, un pedido de sanción al considerar que aquellos dichos eran injuriosos para las figuras del oficialismo.

Sin embargo, el radical lasherino dio marcha atrás en sus palabras y tuvo que retractarse de lo afirmado. 

Así, la comisión de Derechos y Garantías presidida por el independiente Ricardo Puga decidió archivar el pedido de sanción con el consentimiento del bloque del PJ, que solicitaba precisamente las disculpas públicas del diputado opositor que milita en las filas del intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo.