Imputan a funcionarios de Alvear por fraude a la administración pública

Cuatro hombres relacionados políticamente con Juan Carlos De Paolo, intendente de General Alvear están imputados por el delito de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

Se trata de antiguos y actuales funcionarios que, según la Justicia estafaron al Estado por más de 400.000 pesos.

En los casos, también hay una persona que no tiene ningún cargo político, pero fue el que ofició de especie testaferro para provocar el fraude.

Tres de los imputados ocuparon cargos como Secretarios –de Gobierno y de Hacienda- y después pasaron a otras dependencias del Estado, el Concejo Deliberante y a la actividad privada. Uno de los responsables de la estafa todavía cumple funciones en el municipio que comanda De Paolo y lo subieron de categoría.

La denuncia fue hecha por el diputado cobista Alejandro Molero, junto a los concejales Hugo Molina, Liliana Arrejin y Eduardo Diego, todos de ConFe y Daniel De Monte del Partido Socialista.

Ellos se presentaron como querellantes contra los funcionarios e hicieron la denuncia ante la Fiscalía de Estado y el 4to Juzgado de Instrucción de General Alvear.

“Me parece preocupante porque no es la primera vez que en la administración de De Paolo suceden estas cosas. Ha habido hechos similares anteriormente. Hay un único responsable que es el intendente”, dijo Molero a MDZ. Y le mandó un consejo al jefe comunal: “Le sugiero que exponga a todos sus asesores legales para que en vez de defender funcionarios, recuperen el dinero de todos los alvearenses”.

Quiénes son

Quienes provocaron perjuicio al Estado son:

Juan Carlos Martínez
Asumió como secretario de Gobierno durante 2006 y estuvo hasta 2007 –gestión De Paolo–.

Llegó a ese cargo luego de que Sergio Verdramin, quien hasta ese momento ocupaba ese lugar, lo dejara para asumir como concejal.

En las elecciones de 2007, Martínez fue elegido concejal y en diciembre de ese año juró como edil en el Concejo Deliberante de General Alvear. Ahí se encontró con Verdramin que en la actualidad preside ese órgano.

Martínez está imputado como partícipe necesario del delito de fraude a la administración pública según el artículo 174 del Código Penal.

Carlos Rafael Rosa
Asumió como secretario de Gobierno en enero de 2008, cuando De Paolo ganaba por tercera vez la intendencia de General Alvear. En diciembre de ese año dejó su cargo y en su lugar fue Mauricio Troyas.

El intendente justificó la salida del funcionario con que había que oxigenar el gabinete y lo despidió como a un amigo.

Hoy el ex secretario de Gobierno, abogado, se desempeña en la actividad privada.
Rosa está imputado como partícipe necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Enrique Alberto Horlacher
Durante la anterior gestión de De Paolo (2003-2007)  fue secretario de Hacienda de la municipalidad. Cuando el justicialista llegó de nuevo al poder, su lugar fue ocupado por Carlos Rosa.

Pero el año pasado lo  premiaron dándole un cargo como delegado en el Fondo de la Transformación y el Crecimiento, organismo que depende del gobierno de Mendoza. Ahí, empezó a trabajar en abril de 2008 con un contrato de locación y en setiembre de ese mismo año pasó a planta semi permamente clase 4.

Además se desempeña como contador en el hospital público de Jaime Prats, San Rafael.
Horlacher está imputado en el delito de violación de los deberes de funcionario público.

Claudio Reina
Cuando Enrique Horlacher era secretario de Hacienda, Claudio Reina trabajó en contaduría de la Municipalidad . Esto fue en 2007, año en que ingresó a trabajar a la comuna.

El año pasado ocupó el lugar de director de Rentas y luego asumió como Director de Finanzas, cargo en el que está actualmente.

Reina está imputado como partícipe necesario del delito de funcionario público.

Cómo estafaron al Estado

Los ex y actuales funcionarios están imputados en una causa salió a la luz el viernes pasado.  Además existen otras denuncias que están siendo investigadas y se encuentran bajo secreto de sumario.

Se trata de un convenio de la comuna firmó el 31 de enero de 2007 con el Tiro Federal de General Alvear para que en sus instalaciones funcionara el Instituto de Seguridad Pública.

El acuerdo establecía que mientras el Tiro Federal cedía su repartición, el municipio se comprometía a hacer arreglos que se necesitaban, entre ellos, construir baños nuevos y la instalación de  luminarias, cierre perimetral.

Como pasaba el tiempo y la Municipalidad no cumplió con su parte, las autoridades del Tiro Federal decidieron hacer los arreglos y pagarlos ellos mismos.

Después, apareció en la comuna una persona que facturó esos trabajos y allí le pagaron, pese a que ya había sido abonado por el Tiro Federal.

El facturador se llama Víctor Alejandro Quiroga. Él presentó varias facturas al municipio por trabajos de albañilería que al parecer nunca hizo.

Quiroga además cobraba un sueldo de celador en el Instituto de Seguridad Pública. Pero, según información que figura en la causa, el hombre nunca cumplió tareas en ese lugar, sino que la limpieza la hacían los mismos cadetes.

Esta persona además cobraba por dar el almuerzo, desayuno y merienda a los estudiantes del Instituto.

Para poder hacer esto, el municipio exige que se presenten varios presupuestos.
Hubo cuatro ofertas, tres de ellas truchas –según la Justicia- y Quiroga se quedó con la concesión del catering.

Víctor Quiroga está imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
La investigación por todas estas irregularidades arrancó en octubre de 2008.

Todos fueron llamados a declarar pero se abstuvieron de hacerlo.