La Cámara de Diputados aprobó el convenio a favor de los jueces
El resultado de la votación del proyecto para que los magistrados reciban una recomposición a cambio de poner fin al conflicto de la indexación salarial fue de 26 votos afirmativos contra 19 negativos. La aprobación se logró con el voto afirmativo de los bloques Justicialista Radical y Demócrata. En cambio, se manifestaron en contra los bloques de la Concertación y los partidos chicos.
La Cámara de Diputados aprobó el convenio firmado entre el gobierno provincial y la Asociación de Magistrados, con el que se busca poner fin al conflicto con los jueces de Mendoza por la liquidación de sus retribuciones.
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El resultado de la votación fue de 26 votos afirmativos contra 19 negativos. La aprobación se logró con el voto afirmativo de los bloques Justicialista –fundamentado por Carlos Bianchinelli y Luis Orbelli-, Radical y Demócrata – con la sola excepción del diputado Mario Casteler, quien pidió autorización para abstenerse-. La argumentación del bloque Demócrata estuvo a cargo de Diego Arenas, y por parte de la UCR del diputado Raúl Vicchi.
En cambio, se manifestaron contrarios a la iniciativa del Ejecutivo los bloques de la Concertación Ciudadana –por intermedio de su presidente Andrés Marín y Luis Petri-; la Concertación Plural –a través de Hugo Morales-; y los legisladores Ricardo Puga (Todos), Néstor Piedrafita (ARI) y Mirta Díaz (Fiscal).
Este convenio, rubricado por 362 magistrados, tiene como objeto "poner fin al conflicto originado hace más de un lustro, con motivo de la forma de liquidación de las retribuciones de los Magistrados del Poder Judicial de la provincia y la falta de certeza acerca del alcance de la garantía de intangibilidad plasmada en el art. 151 de la Constitución de Mendoza y en el art. 110 de la Constitución Nacional"
Pretende además, terminar con los pleitos indexatorios y las situaciones de desigualdad en lo salarial. Para ello, se promueve un incremento promedio del orden del 16% a cambio de que las partes desistan de cualquier demanda en tal sentido.
La recomposición salarial se hará en forma progresiva, aplicándose sobre el nivel básico 100 por ciento, que estará constituido por la asignación de la clase que se fije para el cargo de Ministro de la Suprema Corte, de la siguiente forma: a partir del 1 de mayo del corriente, 9.500 pesos, y desde el 1 de enero de 2009, diez mil pesos.
Desde esa fecha en adelante, se aplicarán los incrementos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia para los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
Este acuerdo tiene carácter "transaccional" y no implica reconocimiento de derechos. Para el resto del 2008, implicará una suma de 13 millones de pesos que en parte saldrán de los embargos a las cuentas públicas por juicios ganados por magistrados que no retiraron el dinero; de economías presupuestarias del Poder Judicial, y el resto será aportado por el Poder Ejecutivo.
Al momento de la argumentación, la oposición consideró que con esta transacción se premiaba por igual a magistrados que embargaron sueldos de la administración y a los jueces que, en cambio, esperaron una solución legal para el conflicto.
La recomposición salarial se hará en forma progresiva, aplicándose sobre el nivel básico 100 por ciento, que estará constituido por la asignación de la clase que se fije para el cargo de Ministro de la Suprema Corte, de la siguiente forma: a partir del 1 de mayo del corriente, 9.500 pesos, y desde el 1 de enero de 2009, diez mil pesos.
Desde esa fecha en adelante, se aplicarán los incrementos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia para los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
Este acuerdo tiene carácter "transaccional" y no implica reconocimiento de derechos. Para el resto del 2008, implicará una suma de 13 millones de pesos que en parte saldrán de los embargos a las cuentas públicas por juicios ganados por magistrados que no retiraron el dinero; de economías presupuestarias del Poder Judicial, y el resto será aportado por el Poder Ejecutivo.
Al momento de la argumentación, la oposición consideró que con esta transacción se premiaba por igual a magistrados que embargaron sueldos de la administración y a los jueces que, en cambio, esperaron una solución legal para el conflicto.
Por su parte, desde los bloques del PJ, UCR y PD, que votaron de modo afirmativo, manifestaron que se trata de un acuerdo histórico que ponía punto final a un conflicto de larga data, y que era el comienzo de una etapa distinta.
