Pidieron el procesamiento del jefe de la Armada en una causa por espionaje
La solicitud de un fiscal federal es por el delito de "abuso de autoridad con modalidad de continuado" contra el almirante Jorge Godoy y el subjefe de la fuerza Benito Rótolo. Acusan a Godoy de encabezar tareas de espionaje ilegal. Si bien el delito es excarcelable, se complica la situación del militar ante el gobierno de Cristina de Kirchner.
El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, pidió hoy el procesamiento del jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, por el delito de "abuso de autoridad" en la causa que investiga las tareas de espionaje ilegal realizadas en la base Almirante Zar de la ciudad de Trelew.
Según confirmó el fiscal en declaraciones a Noticias Argentinas, la solicitud por el delito de "abuso de autoridad con modalidad de continuado" incluye también al subjefe de la fuerza, vicealmirante Benito Rótolo, y a otros tres oficiales de alto rango.
Se trata del contraalmirante Luis De Vincenti, jefe del Comando de Aviación Naval; el capitán de navío Carlos Ruda, jefe de la Central de Inteligencia de Puerto Belgrano; y el responsable de la base Almirante Zar, Luis Fajre.
Ahora, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, tendrá plazo hasta el lunes próximo para definir si hace lugar al procesamiento, lo que dejaría a Godoy en una delicada situación ante el Gobierno que conduce la presidenta Cristina Kirchner.
El pedido de imputación se produce apenas dos semanas después de que Roberto Bendini fuera desplazado de su cargo al frente de la Jefatura del Ejército por haber sido procesado por malversación de fondos en una causa que se remonta a la época en que cumplía funciones en Río Gallegos.
Sin embargo, a diferencia de Bendini -que podría ser condenado a la pena de hasta 10 años de prisión-, el delito que se le imputa a Godoy es "excarcelable", explicó a NA el fiscal Gelves.
De todos modos un procesamiento dejaría a Godoy en la cuerda floja, deslizaron fuentes oficiales consultadas por NA.
Godoy, quien lleva cinco años al frente de la Armada, está acusado de haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, en el que a través de los conceptos de "amenazas asimétricas" y "comunicación institucional" avaló la inteligencia interna.
Al declarar en el Juzgado Federal de Rawson a mediados de septiembre pasado, tanto Godoy como su segundo en la fuerza, Rótolo, negaron haber tenido conocimiento de las tareas de espionaje ilegal en la base militar, por lo que rechazaron haber dado las órdenes a sus subalternos, procesados por realizar seguimiento internos a funcionarios, dirigentes y otras personas.
El caso de espionaje comenzó el 17 de marzo de ese año con la denuncia el cabo Carlos Alegre, quien formaba parte del equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer los seguimientos ilegales.
Por el escándalo se abrieron dos causas: una que investiga a los militares que presuntamente participaron de las tareas ilegales y que ya cuenta con 12 procesados; y otra conexa, que apunta a la responsabilidad de la cúpula de la Armada.
La denuncia de Alegre ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había dado origen a la causa madre por esos hechos, que ya fue elevada a juicio oral y público.
Según confirmó el fiscal en declaraciones a Noticias Argentinas, la solicitud por el delito de "abuso de autoridad con modalidad de continuado" incluye también al subjefe de la fuerza, vicealmirante Benito Rótolo, y a otros tres oficiales de alto rango.
Se trata del contraalmirante Luis De Vincenti, jefe del Comando de Aviación Naval; el capitán de navío Carlos Ruda, jefe de la Central de Inteligencia de Puerto Belgrano; y el responsable de la base Almirante Zar, Luis Fajre.
Ahora, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, tendrá plazo hasta el lunes próximo para definir si hace lugar al procesamiento, lo que dejaría a Godoy en una delicada situación ante el Gobierno que conduce la presidenta Cristina Kirchner.
El pedido de imputación se produce apenas dos semanas después de que Roberto Bendini fuera desplazado de su cargo al frente de la Jefatura del Ejército por haber sido procesado por malversación de fondos en una causa que se remonta a la época en que cumplía funciones en Río Gallegos.
Sin embargo, a diferencia de Bendini -que podría ser condenado a la pena de hasta 10 años de prisión-, el delito que se le imputa a Godoy es "excarcelable", explicó a NA el fiscal Gelves.
De todos modos un procesamiento dejaría a Godoy en la cuerda floja, deslizaron fuentes oficiales consultadas por NA.
Godoy, quien lleva cinco años al frente de la Armada, está acusado de haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, en el que a través de los conceptos de "amenazas asimétricas" y "comunicación institucional" avaló la inteligencia interna.
Al declarar en el Juzgado Federal de Rawson a mediados de septiembre pasado, tanto Godoy como su segundo en la fuerza, Rótolo, negaron haber tenido conocimiento de las tareas de espionaje ilegal en la base militar, por lo que rechazaron haber dado las órdenes a sus subalternos, procesados por realizar seguimiento internos a funcionarios, dirigentes y otras personas.
El caso de espionaje comenzó el 17 de marzo de ese año con la denuncia el cabo Carlos Alegre, quien formaba parte del equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer los seguimientos ilegales.
Por el escándalo se abrieron dos causas: una que investiga a los militares que presuntamente participaron de las tareas ilegales y que ya cuenta con 12 procesados; y otra conexa, que apunta a la responsabilidad de la cúpula de la Armada.
La denuncia de Alegre ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había dado origen a la causa madre por esos hechos, que ya fue elevada a juicio oral y público.