Después de los precios esenciales, ¿vendrán las políticas esenciales?

Las leyes están. Las normas, las ordenanzas, las disposiciones, las reglas. Están. Pero también las trampas, esos atajos para cortar camino entre lo que corresponde y lo que cada uno cree o quiere. Contradicciones de un país a medida. 

Que el Ejecutivo Nacional haya establecido una nueva normativa respecto a la Lealtad Comercial con el fin de endurecer sanciones y multas a quienes no cumplan con el nuevo plan de precios, intenta ser una suerte de brújula en horas de desconcierto. Sin embargo, no es la falta de guía el problema de fondo. Sí lo es no cumplir lo que ya está, el pacto básico para estar más cerca de la civilización que de la selva.

Repasemos los puntos centrales del decreto 274/2019 de necesidad de urgencia y veamos cuán obvios y elementales son. A saber, integran el menú de actos de competencia desleal: actos de engaño; actos de confusión; violación de normas; abuso de situación de dependencia económica; obtención indebida de condiciones comerciales; venta por debajo del costo; explotación indebida de la reputación ajena; actos de imitación desleal; actos de denigración; violación de secretos.

Los desleales tendrán como castigo multas de hasta $200 millones, suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado hasta cinco años, pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales, y clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.

Todo esto para sostener apenas 64 productos de primera necesidad del programa Precios Esenciales durante seis meses y así menguar el impacto de la inflación y los vaivenes del dólar. Tan endeble es todo que, como viene ocurriendo en varios escenarios de la política y la economía del país, el factor confianza es el que fuerza al gobierno a mover las piezas.

Hasta el propio ministro Dante Sica reconoce que el decreto de necesidad y urgencia sobre Lealtad Comercial surgió “para poder cubrir un bache que había en materia de fortalecimiento del mercado interno en el cual no teníamos una ley que nos permitiera actuar en algunos casos de competencia desleal".

La falta de reglas claras, una vez más, obliga a improvisar. Si se combina desconfianza generalizada, falta de expectativas e improvisación, se camina por un terreno demasiado frágil para cualquier intento serio de acción de gobierno.

La deslealtad comercial (y en cualquier otro ámbito) está legitimada desde hace años. Se podría decir que ya es parte intrínseca del argentino medio. Casi como un credo se asimiló el “hecha la ley, hecha la trampa” para adecuar los derechos y obligaciones a la medida de cada uno. Por eso pedirle a un país anárquico que respete los acuerdos suena tan bienintencionado como poco creíble. A la lealtad comercial habría que contraponerle lealtad política y económica para que el círculo cierre.

Los mismos empresarios que dicen que ellos no determinan los precios son los que se sientan a negociarlo con el gobierno, pero también los mismos que los suben y bajan de las góndolas según sus urgencias y especulaciones. Sotto voce argumentan que a ellos también les impactan las subas del combustible, el dólar y, sobre todo, la demoníaca inflación. Con lo cual se llega a la penosa conclusión de que como nadie quiere perder, lo inevitable es que perdamos todos.

La pregunta del millón o, siendo más exactos, de los que están preocupados seriamente en quién gobernará la Argentina los próximos cuatro años, es si realmente alguien tiene un plan que vaya más allá del parche constante. Una paradoja después de todo porque clamamos por reglas claras que, llegado el momento, cada cual no dudará en adaptar según su conveniencia.