Qué hay de nuevo, de viejo y de bueno en la nueva ley de financiamiento político

El exresponsable económico financiero de Cambiemos en mendoza, Pablo Gómez, reflexiona sobre el financiamiento de la política, a la luz de la sanción de la nueva legislación.

Pablo Rafael Gómez

Fondos para la política.

Se ha realizado en estos días una nueva modificación a la ley que rige las campañas electorales y su financiamiento, ley que tiene su impronta actual desde hace aproximadamente una década, y que ha sido modificada para ir avanzando hacia una mayor transparencia en las rendiciones de fondos, lo que es un ideal altamente deseable, y en gran medida ya alcanzado.

La presentación de rendiciones de elecciones nacionales se realiza, desde la modificación de la ley electoral en el año 2009, a través de un sistema informático entregado por la Dirección Nacional Electoral (DINE). Este sistema, una vez completada toda la información por parte de las agrupaciones políticas, se imprime y se remite al Juzgado Federal con competencia Electoral correspondiente, tanto en formato papel como digital.

El Juzgado cuenta con un grupo de auditores contables que le sirven de soporte, y son estos auditores quienes revisan y remiten al Juzgado las observaciones a las rendiciones, para que el o la Juez/a solicite a las agrupaciones las modificaciones o aclaraciones pertinentes.

Pero en este camino de transparencia, importante y deseable, se cometen algunos errores, en mi opinión sin mala fe, productos de la informalidad reinante en los distintos estamentos de la sociedad, que hacen compleja la aprobación en tiempo de los balances presentados en elecciones. En muchos casos, con toda la documentación presentada en tiempo y forma, la aprobación final de rendiciones, después de cuatro o cinco aclaraciones (cada una de las cuales incluye envío de expediente de agrupación a Juez/a, de ahí a sus Auditores, la respuesta de Auditores, solicitud de Juez/a a Agrupación y respuesta de ésta a la Justicia), es realizada en promedio luego de dos años, esto es, cuando ya se está llevando adelante el siguiente proceso electoral.

Los problemas que habitualmente se detectan en las presentaciones son de distinta índole, desde errores en confección de facturas de los proveedores, dificultades en la interacción con el Banco Nación (que es el banco obligatorio para ser utilizado en campañas electorales), errores en información remitida desde algunos proveedores al Cuerpo de Auditores, complejidad en el cumplimiento de plazos en caso de ciertas solicitudes a la Justicia, y algunas complicaciones que generan diferentes interpretaciones de la legislación vigente.

Hay que aclarar que, al menos en Mendoza, la predisposición y respuesta de la Justicia Electoral es rápida y eficiente, pero los plazos legales de presentaciones y respuestas, así como algunas formas, aunque lógicas y esperables, no siempre “cuadran” con los tiempos electorales, y mucho menos con la informalidad habitual que nos caracteriza como sociedad. Esta informalidad no implica que se esté cometiendo un ilícito; simplemente, hay cosas que “siempre se hicieron así” y, cambiar a nuevas formas más transparentes y trazables, genera a veces complicaciones.

Pero quizá la enumeración de algunos ejemplos sirva para entender de qué se está hablando.

Algunas veces, facturas presentadas por una empresa, no poseen el mismo monto que el cheque que se les entrega desde la agrupación, en diferencias ínfimas (por ejemplo, uno o dos centavos). Es habitual que si uno compra un producto en un supermercado que vale por ejemplo $ 13,99, uno pague $ 14 y no espere el vuelto; pero si de una rendición electoral se trata, esa diferencia se ve reflejada en el balance, y genera la necesidad de aclaraciones, y hasta quizá la generación de una nueva orden de pago. Del mismo modo, en relación a los proveedores de agrupaciones políticas (medios de prensa, de cartelería, etc), cuando los Auditores de la Justicia les requieren información sobre qué productos facturaron, más de una vez informan sobre elecciones distintas que se realizan en simultáneo (nacionales y provinciales) o en tiempos muy cercanos (elecciones PASO y Generales). Estos errores en las respuestas de los empresarios, generan diferencias con las presentaciones previamente realizadas por los partidos políticos, con los consiguientes problemas de interpretación.

Por otro lado, la modificación realizada esta semana a la legislación plantea mayores controles de los aportantes, sobre quienes el Banco Nación deberá realizar una trazabilidad. Esto es algo muy bueno y esperable pero, al menos hasta hace un tiempo, el sistema informático de nuestro principal banco estatal no siempre podía identificar quien hacía un depósito por cajero automático. También ha sido, al menos en el pasado cercano, una complicación lograr que se generen cuentas “sin costo de mantenimiento” como marca la normativa, por lo que las pequeñas comisiones que se cobran por mantenimiento no se realizan (como marca la ley) con cheque de la agrupación contra entrega de factura, generando una vez más, inconvenientes a la hora de rendir cuentas.

Estos problemas no son, en mi opinión, adjudicables al Banco Nación ni a sus empleados. Simplemente se generaron obligaciones por ley (ya desde hace una década), que no necesariamente entregaron a la entidad los recursos suficientes para que adecue su tecnología la que, aunque quizá cumple con sus necesidades en el resto de sus servicios, no siempre está al nivel solicitado en cuestiones electorales.

Hay también, a veces, dificultades de sincronización entre tiempos de campaña y tiempos de la Justicia. En una ocasión, por ejemplo, se requirió a la Dirección Nacional Electoral un aporte que no se había entregado (por haberse realizado diferentes interpretaciones de la legislación) y cuando se autorizó el monto y se envió a la agrupación, ya la elección había pasado, por lo que debió devolverse el total del dinero.

Finalizando, y siempre con el objeto de avanzar hacia una mayor transparencia que es, en definitiva, más Democracia, creo importante que al momento de realizarse modificaciones legislativas que implican cambios culturales y adecuaciones de sistemas, deben tenerse en cuenta los tiempos y costos necesarios de esos cambios.

Nada mejor que una ley que se cumple y que muestra a la sociedad (que es quien finalmente aporta a estos procesos con sus impuestos) que la actividad político-partidaria es de toda la ciudadanía, y que para lograr rendiciones de cuentas en forma transparente y trazable, debemos todos comprometernos, para lograr así una mejor aplicación de nuestras leyes.

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