Opinión: Calidad institucional para el desarrollo de Mendoza

El doctor en Economía René Cortázar, en su artículo “Instituciones, Política y Desarrollo”, nos resume la importancia de la calidad institucional de la siguiente manera:

“…Douglass North, que fue premio Nobel de Economía, después de muchas décadas de analizar las causas del desarrollo, al final resumió sus años de investigación con una frase muy sencilla. Dijo que la calidad de las reglas del juego (se refiere a las instituciones), es lo que hace la diferencia entre los países que se desarrollan y los países que se frustran en el intento.

Los países se desarrollan o se frustran, según la calidad de sus reglas del juego y éstas se determinan en el sistema político; por lo tanto, no puede haber un desarrollo de calidad sin una política de calidad. Tema interesante, especialmente en un año electoral.”

Por más que les disguste a anarquistas y a los nuevos libertarios, la política es la encargada de fijar reglas de juego claras y estables, condición sine qua non para el Desarrollo. Así como sin Innovación no seremos desarrollados, sin política de calidad y estabilidad institucional tampoco.

Para favorecer la toma de riesgos, animarse a invertir e innovar, se requiere un mínimo de orden institucional. Aunque suene elemental, no es lo mismo arriesgar en Uganda que en Noruega. La rentabilidad que justifique una inversión deberá ser mucho mayor en el primero que en el segundo. La calidad de la inversión que recibe el primero es mucho menor que la del segundo.

Mendoza siempre se jactó de su calidad institucional. Claramente, estamos mucho mejor que otras provincias. Pero no podemos conformarnos con ser los menos malos. La reforma impositiva provincial en la que se está avanzando y la limitación a la reelección indefinida de Intendentes son un ejemplo que va en ese sentido.

Otras reglas de juego necesarias para favorecer la innovación y la generación de empleo de calidad son de órbita nacional: reforma fiscal y laboral, por citar algunas deudas. El tránsito hacia una economía sana nos obliga a encarar estos cambios. La mayoría de la dirigencia política sabe que Argentina es un país inviable con esta presión fiscal y con este nivel de aportes patronales, pero tiene miedo de explicarlo. Se trata de cuidar el bolsillo del trabajador, de forma que lo que paga el empleador llegue más al laburante y menos al Estado y a los sindicatos. Nuestra legislación laboral, a decir de Fabio Quetlags, fue diseñada para la industria clásica de mediados del siglo XX hasta la década del 70. Es decir, progresista hasta hace 40 años. Hoy hay aspectos que debemos revisar, o quedaremos atados a las corporaciones y al pasado.

En los tiempos de la revolución digital, de la innovación productiva y del trabajo en redes, estas reglas de juego deben ser fijadas por un Estado Inteligente. Más allá del tamaño del Estado (repetidas veces he afirmado que es excesivamente grande en nuestro país) la reforma debe orientarse a hacer más eficientes las intervenciones estatales, midiendo, por ejemplo, la rentabilidad socio-económica de la inversión pública. Así, se disminuye la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos (el famoso “direccionamiento a dedo” de la obra pública) y se reemplaza por un criterio más profesional. Con un sistema así el direccionamiento de las obras viales en Santa Cruz durante el kirchnerismo no hubiera ocurrido, y los argentinos nos hubiésemos ahorrado varios millones y algunos bolsos.

Hay organizaciones del tercer sector en Mendoza que están impulsando medidas de este tipo, las cuales estudiamos para presentar en el Congreso.

Por último, un territorio inteligente es un espacio donde la participación ciudadana en las decisiones del sector público es una realidad. Hacer parte a la ciudadanía de las decisiones sobre qué obras priorizar, cómo realizarlas, que los vecinos puedan hacer valoraciones estéticas, etc. es, además de una herramienta que consolida la democracia, la forma más eficaz de proteger los bienes públicos. Si, por ejemplo, las obras de una plaza son consultadas a los vecinos, es mucho más probable que las cuiden. Además, en línea con el párrafo anterior, la participación implica mejor relación costo/beneficio de la obra pública. El intendente Rodolfo Suárez lo hace en la Municipalidad de Capital, con un esquema muy interesante de consulta a vecinos por la obra pública en sus barrios.

Nadie mejor que los vecinos para determinar las prioridades de cada zona. Nada mejor que muchas voluntades pensando y haciendo su Ciudad o su barrio.