Mendoza es vanguardista en garantizar el Derecho a la Identidad de Origen

Ahora: ¿Cómo se gestó esta normativa vanguardista? Bien sabemos que en nuestro país la protección de este derecho fundamental se plasmó allá por 1987 bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín en la Ley 23511 de Creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, cuyo objeto era universal y estaba destinado a obtener, almacenar y analizar la información genética que fuese necesaria para esclarecer casos de conflictos relativos a la filiación. En 2009 bajo el Gobierno de la Dra. Kirchner, ese objeto universal se restringió por ley y solamente se sistematizan aquellas muestras de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar. 

La mencionada modificación fue claramente un retroceso en materia de derechos, ya que dejó fuera a un universo de personas que buscan su identidad de origen o sus familiares y no están vinculados con delitos de lesa humanidad.

Todo ese universo de personas que son “los otros apropiados” o como se autodenominan “los y las buscadoras” fueron golpeando innumerables puertas bregando por el reconocimiento de sus derechos y simplemente reclamando por algo que nunca les debió ser arrebatado: su identidad. Estas personas en búsqueda de su identidad han sufrido distintas vulneraciones de sus derechos desde que nacieron; partidas de nacimientos con datos falsos, falta de información de sus familias, negativa de hospitales, médicos, parteras a brindarles información.

Nuestra provincia no es ajena a la situación nacional, la diferencia fue que un grupo de personas decidió tomar las riendas en el asunto y comenzar a luchar por la restitución de sus derechos. Allá por 2014 surge Colectivo Mendoza por la verdad con Patricia Giménez a la cabeza como una de las tantas madres que buscan a sus bebés robados, entregados o arrebatados en democracia. La suma de voluntades entre hijos e hijas apropiadas, familias en búsqueda de sus bebés y familias adoptivas, ha tenido sus frutos: después de golpear puertas y trabajar en conjunto con la diputada provincial María José Sanz y con la Sra vicegobernadora Laura Montero, se nos fueron abriendo las puertas para poder dar a luz un proyecto de ley que garantice a todos los y las mendocinas su derecho a la verdadera identidad de origen, biológica y genética.

Este proyecto de ley se aprobó por unanimidad en ambas cámaras, lo que habla de la transversalidad del problema, ya que las apropiaciones y robo de bebés no distinguen por pertenencia a grupos políticos ni religiosos. Esta ley es una respuesta a un grito desesperado de la sociedad civil que busca ayuda, reparación y verdad en el esclarecimiento de la identidad. Como sociedad meremos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.

Dra. Guadalupe Josefina Álvarez

Matr. 8495