Inseguridad vial: muchos cambios, pocos resultados

Las muertes y lesiones por incidentes de tránsito son una epidemia que afecta a la salud pública y también tienen un fuerte impacto social. Cambian la vida cotidiana de la comunidad por el impacto que tienen. Al mismo tiempo, la inseguridad vial es un problema al que como sociedad no le encontramos solución.

La nueva alternativa que surgió desde la política es volver a actualizar la ley de seguridad vial para endurecer las multas para quienes conducen alcoholizados. Se pone el foco en ese tema porque la transgresión a la obvia prohibición de manejar borracho es moneda corriente. Multas más onerosas y hasta arresto es la amenaza.

Pues ese camino no es nuevo. Las leyes de tránsito han sido de las más “modificadas” en los últimos años. Siempre a demanda: cuando alguna noticia o estadística genera conmoción, aparecen cambios normativos que surgen como repercusión a ese tema. La antigua ley de tránsito tuvo 35 modificaciones desde que fue sancionada en 1990, hasta su reemplazo en 2017. La mayoría de ellas apuntaron a endurecer controles, sanciones y requisitos. En esa norma, por ejemplo, se plantearon objetivos nunca cumplidos, como el carnet por puntos.

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Si de amenazar con sanciones duras se trata, los conductores de Mendoza deberían estar aterrados. La Suprema Corte de la provincia marcó jurisprudencia al calificar a un incidente vial con muertos como “homicidio simple con dolo eventual”. La condena ejecutada contra Francisco Sanhuesa, el conductor del colectivo de Tur Bus que volcó en la Ruta 7, marcó ese camino y ahora los fiscales tomaron el caso como nuevo paradigma. Pues tampoco generó una repercusión drástica en la vida cotidiana, pues a la vista está que la mayoría de los incidentes graves ocurren por imprudencia al manejar, por estar alcoholizado u otros motivos relacionados con la “culpa” de quien maneja.

El endurecimiento de las multas y el nuevo encasillamiento jurídico son respuestas de las instituciones del Estado a un problema social. Si la sociedad no responde con cambios de actitudes a esas improntas, entonces habrá que evaluar por qué. ¿Habrá un problema de legitimidad de esas instituciones para que sus decisiones no tengan repercusión? ¿Seremos incorregibles?

Las modificaciones a la ley de Seguridad Vial propuestas por Cornejo no tendrán repercusión real si no van acompañadas de un cambio de actitud institucional. Y a ello se le suma un detalle clave: ahora son los municipios los que tienen la primera responsabilidad e en tema. Los intendentes deberán abandonar el tradicional “ABL” para enfocare en temas más profundos y la seguridad vial es uno de ellos. Por ahora la mayoría de las comunas no tienen el “músculo” suficiente para enfrentar el problema. Solo Godoy Cruz y Capital tienen experiencia en el tama, pues fueron los únicos que se hicieron cargo de la seguridad vial cuando era optativo (luego se sumó Luján).

La ley tiene un contrasentido: propone que parte del financiamiento de la seguridad vial sea por el pago de multas. Un círculo vicioso que ya ha fracasado en cuanto a la búsqueda de prevención. Entonces, quizá, los municipios y la provincia deberían destinar recursos reales para invertir en herramientas que ayuden.

Los jóvenes son las principales víctimas de la inseguridad vial; muchas veces generada por ellos mismos. Aunque el enfoque tradicional es tomarlos como parte del problema, quizá también puedan ser parte de la solución.