Por qué el Servicio Cívico de Bullrich ya no funcionó en Mendoza

El Gobierno Nacional anunció esta semana la creación del "Servicio Cívico Voluntario en Valores" dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad que no estudian ni trabajan y que será coordinado por Gendarmería Nacional, una medida que tuvo su correlato en Mendoza hace más de doce años.

Encabezado por la Dirección General de Escuelas, el plan se llevó adelante entre 2005 y 2007 a instancias del entonces gobernador Julio Cobos, quien en año 2010, en su etapa de vicepresidente, intentó proyectar a nivel nacional el programa.

Logró en ese entonces que el Senado aprobara una ley para la creación de un Servicio Cívico Voluntario a nivel nacional, iniciativa que fue catalogada como un “disparate” por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré y que luego no superó el filtro de la Cámara de Diputados.

El Servicio Cívico Voluntario (SCV) en Mendoza estuvo apuntado a jóvenes de sectores populares y apuntó básicamente a relacionar la educación con la formación laboral.

La capacitación se hizo en las sedes del Ejército en la provincia y se utilizaron además sesenta centros de capacitación. Cada alumno recibía una beca de $150 por meses por el tiempo que duraba el programa, que oscilaba entre ocho y nueve meses.

Según consignó el diario La Nación en el año 2010, un informe del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Gustavo Sibilla, relevaba cómo había sido la experiencia en los cuarteles del Ejército local hasta dónde Cobos había llevado un plan que duró un par de años solamente y que fue discontinuado luego por Celso Jaque : entre 2005 y 2008 ingresaron en el programa 816 jóvenes y terminó el curso la mitad. Es decir, unos 409 jóvenes.

Cobos habla de otros números: sostiene que por el programa pasaron más de 4.000 chicos en total. Y se acerca un poco más a la realidad esta estimación: según estudios académicos posteriores a su finalización, a lo largo de tres años pasaron por el servicio mendocino 4.449 jóvenes. No obstante el porcentaje de terminalidad efectiva del programa fue del 64%.

Según el informe que llegó a manos de Garré hace nueve años, “las causas del abandono del 50 por ciento de los cursantes fue la falta de adaptación a las normas de convivencia, la inasistencia provocada por la demanda de muchas horas de presencia en el cuartel y la insatisfacción de los alumnos, que dijeron sentirse defraudados por interpretar previamente que ese programa de estudios tendría similares características a los planes Trabajar (cobrar sin contraprestación)”, según describió La Nación.

Y concluyó: “El comportamiento de los voluntarios cívicos presentó dificultades en el primer año de implementación durante el dictado de clases con docentes civiles, en las cuales se evidenciaron conductas agresivas, alcoholismo, robos y, en algunos casos, drogadicción. Este tipo de comportamiento fue muy poco frecuente en oportunidad de depender de personal militar”.

Un año después de que se cancelara la experiencia mendocina, un informe de la Universidad Nacional de La Plata investigó, a través de entrevistas a alumnos y directivos del programa, cuáles habían sido los alcances del Servicio Cívico en Mendoza.

El proyecto fue financiado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo y estuvo a cargo de Jorge Alejandro Asso, un docente e investigador de la Universidad y actual profesor titular en la Facultad de Educación.

“A partir de los testimonios de destinatarios, docentes y funcionarios de ese momento, puedo afirmar que no sirvió para los fines que en principio se habían fijado desde dicho Programa ya que se preveía, entre otros objetivos, elevar el nivel educativo de esos destinatarios, formarlos en oficios, insertarlos socialmente y formarlos en valores. Los escasos resultados y el insignificante impacto en esa población juvenil vulnerada, hacen que debamos afirmar que no se cumplieron esos objetivos. Vale decir que fue un programa más y no fue una experiencia exitosa como algunos quieren mostrar”, analizó el catedrático ante la consulta de MDZ.. 

Y avanzó sobre la propuesta de Bulrrich: “El Servicio Cívico Voluntario en Valores que plantea el Ministerio de Seguridad de la Nación, ni siquiera tiene en cuenta algunas cuestiones que planteaba el SCV en Mendoza. Es muy complejo que la Gendarmería Nacional, una institución que está creada para cuidar las fronteras nacionales, pueda llevar adelante una experiencia de educación “en valores” para un sector social tan vulnerado como son estos jóvenes destinatarios. Parecería más un mecanismo de control y disciplinamiento social para jóvenes pobres”.

¿A qué conclusiones llegó Asso en su informe? Como primera medida, los chicos valoraron de manera positiva tanto al programa como a la formación que recibieron y también estaban de acuerdo con el dinero de la beca estímulo que percibían. Pero el dinero apareció como el principal estímulo a la hora de explicar por qué se habían anotado en el Servicio. Los jóvenes “consideran la percepción de la beca escolar como un instrumento que garantiza la continuidad de los jóvenes de sectores en el Programa. Lo ven como un ingreso estable y como la posibilidad de aprender un oficio. No obstante el cobro de un estímulo económico prima al momento de la elección, más que la modalidad u oficio que se ofrece. Pero para algunos jóvenes el dinero percibido les resulta insuficiente y deben realizar tareas laborales informales para poder complementar el ingreso familiar y especialmente los costos derivados del cursado en las instituciones educativas formales (fotocopias, pasajes, útiles escolares, etc)”.

A diferencia del proyecto mendocino, la propuesta de Bulrrich no incluyó la alternativa de que se paguen becas. “Con relación a si resulta necesario algún tipo de retribución económica para lograr efectividad en este tipo de Servicios, a partir de la investigación realizada sobre la experiencia en Mendoza y sus resultados, ni siquiera cobrando una beca estímulo lograron que el 100% de los inscriptos terminaran. Si vemos los datos finales, solo un 64% terminaron su paso por todo el programa, porque todos se inscribían pero no todos terminaban. Si bien perdían dinero porque no cobraban toda la beca, el estímulo económico no era suficiente para retener toda la matrícula inicial”, explica Asso.

Los alumnos, entre 2005 y 2008, provenían en su gran parte de trabajos precarizados y con relaciones laborales inestables, con lo cual la beca se transformó en un elemento clave. “ Las apreciaciones de los entrevistados muestran al Programa como un elemento que les permite mejorar los ingresos personales y familiares a partir de la percepción de una beca que complementa las remuneraciones percibidas en sus trabajos o en los de sus padres”, según el estudio.

“En mi opinión personal – continúa Asso- no pasa necesariamente por una retribución económica para lograr efectividad. Estos jóvenes que generalmente son los destinatarios, proceden de sectores sociales muy vulnerados y precisamente es complicada la inserción en tareas que llevan cierto cumplimiento y responsabilidad. Aunque si hubiera un subsidio interesante en lo económico, tal vez podría ser un incentivo que los permita en un inicio acercarlos a las tareas previstas y luego con el acompañamiento y seguimiento necesario podría buscarse la manera de insertarlos”.

Todos los alumnos que formaron parte del estudio, dijeron proceder de los sectores más populares del Gran Mendoza, eran solteros y además manifestaban su intención de continuar estudiando el colegio secundario. Pero aquí Sasso detectó una constante: el deseo de los estudiantes de ingresar a algún arma como el Ejercito o la policía, “especialmente movidos por su necesidad de contar con un empleo fijo y con buena remuneración.

Un aspecto clave del informe de la UNLP fue si existía o no discrecionalidad en la inscripción de los jóvenes al programa. La mayoría dio que su elección había sido libre y sin condicionamientos. Pero algunos elementos permitían dudar del carácter de “voluntario” que tenía la iniciativa.

“En el caso de los directivos, estos no manifiestan directamente que la asignación de vacantes sea manejadas desde alguna instancia formal o desde referentes barriales. No obstante, dudan que sea una “libre” elección de los jóvenes o sus familias. Parecieran operar algunos mecanismos, aunque no lo afirman tajantemente. El informante clave habitante de un barrio del Gran Mendoza plantea que existiría una modalidad informal de pre selección en este tipo de programas, en la que los referentes políticos barriales cumplen un rol importante. A partir de los datos aportados por esta persona, se pudo conocer los rudimentos de este proceso: el referente que cuenta con información del Programa concurre a las casas de vecinos que tienen hijos jóvenes que reúnen los requisitos 10 para ingresar a este programa y presenta las características del mismo, los requisitos de inscripción, etc. Luego de mostrar las bondades del mismo, convence a los padres sobre la conveniencia de ingreso de su hijo allí y se ofrece para intermediar en la inscripción, ayudándole con los papeles y los requisitos. Incluso muestra los lugares de inscripción a dónde concurrir, convirtiéndose en una guía en todo el trámite. Toda esta “ayuda” generalmente se canjea por algún favor que el referente le solicita a futuro a dicha familia, el cual no está relacionado directa o exclusivamente con la percepción de dinero, sino con la concurrencia a alguna actividad o el apoyo con sus votos en alguna elección o iniciativa barrial que dicho referente o su sector político presenten”,

¿Fue entonces un sistema clientelar el implementado en Mendoza? El informe no puede asegurarlo. Sin embargo, se mencionan algunos detalles.

En todos los casos -se sostiene- se menciona la existencia de parientes o vecinos o amigos de sus padres que influyeron en cierta medida en la decisión de inscribirse en el programa. En este sentido, la elección del alumno beneficiario no se hace libremente. Parecerían estar siempre mediados por condicionamientos familiares o económicos.

Para Asso el Servicio Cívico de Cobos “fue voluntario, aunque siempre existe un cierta influencia respecto a la forma de reclutamiento y a la oferta (terminalidad educativa, capacitación en oficios, estímulo económico) que condiciona el verdadero carácter voluntario del mismo”.

Y concluye: “Tampoco se puede pensar que solamente con un taller de tres meses se puede educar en valores. Los procesos de socialización secundaria duran años y deben darse en la escuela, no en cuarteles. 

La improvisación, la falta de planificación estratégica y articulada con los Ministerios de Educación y Desarrollo Social y la posible utilización mediática para dar respuesta a algunos sectores de la población para los que esos jóvenes son un estorbo o amenaza en una coyuntura electoral, hace que la actual propuesta esté destinada al fracaso”.