Penitentes: entre la incertidumbre y las denuncias de irregularidades

La temporada está a punto de comenzar y el Gobierno sostiene que no puede avanzar con una nueva concesión del centro de ski porque aguarda una instancia que está a resolución de la Suprema Corte. Si no hay solución para el invierno, el centro será cerrado por las fuerzas de seguridad para evitar que la gente se tire sin control y sin infraestructura. En tanto, de manera irregular, hay gente que está facturando allá arriba.

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Marcelo Arce

El Gobierno comienza a hacerse cargo de Penitentes

La temporada está por empezar, la nieve comenzará a caer y no existen señales claras por parte del Gobierno acerca de qué sucederá con el complejo de ski Los Penitentes.

En medio de algunas situaciones irregulares, el complejo está siendo explotado comercialmente por estos días, sin que, según los argumentos del Ente de Turismo, pueda ser concesionado porque el conflicto con la familia López Frugoni, antiguos concesionarios del centro, está a resolución de la Suprema Corte de Justicia.

El problema se desató hace ya más de un año, en abril de 2018, cuando Alfredo Cornejo firmó un decreto que rechazaba un pedido de prórroga de la concesión de Los Penitentes presentado por la empresa vinculada a los López Frugoni. Estos habían gozado de una concesión del centro por 35 años y pretendían extenderla por 35 años más.

A raíz de esa decisión los afectados resolvieron presentar una Acción Procesal Administrativa cuestionando la validez de ese decreto, que es lo que en definitiva se está tramitando en la Corte.

Mientras tanto, el Gobierno fue improvisando medidas. Una de ellas fue postergar a mediados del año pasado y hasta el 31 de diciembre de 2018 la toma de posesión del predio ubicado sobre la Ruta 7, permitiendo que otra razón social (Los Penitentes Centro de Esquí) se hiciera cargo de la explotación comercial el pasado invierno. Sin embargo, a raíz de que tampoco funcionó esa iniciativa, optaron en enero por tratar de encontrar la forma de garantizar los servicios esenciales en la zona hasta que se adjudique definitivamente la explotación a otra empresa.

El numero dos del ministerio de Gobierno, el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, se reunió en febrero pasado con integrantes de la familia López Frugoni y Jorge Pérez Polo, el dueño de Los Puquios, interesado en extender sus negocios en la alta montaña.

En ese encuentro se trató de llegar a un acuerdo para que Pérez Polo se hiciera cargo este invierno. De lo que se habló allí, fue de explotar al menos las actividades del culipatín, ya que practicar esquí resulta imposible por el estado de los medios de elevación que requieren de una inversión millonaria para ponerlos en condiciones.

La salida no se encontró por la negativa de los López Frugoni a ceder el uso de las 40 hectáreas que le pertenecen en el lugar (por caso, la zona de Penitentes en dónde están instalados las pomas) y todo terminó en una amenaza del funcionario con proceder a la expropiación de esos terrenos.

La inversión para recatar a los medios de elevación nunca se realizó y la intención de que Pérez Polo explote el complejo se diluyó, entre otras cosas, porque la Legislatura metió la cuchara.

El Senado emitió un pedido de informes a través del cual solicitó a D´Agostino que explicite los bienes inmuebles que se recibieron en posesión de parte de la Intervención a la empresa Los Penitentes Centro de Esquí S.A.

Además “un detalle en planilla identificación de los mismos, constando cantidad de metros e instalaciones con las que cuenta, que Informe a quién o quiénes se entregó la administración de cada uno de esos bienes y que explique qué procedimiento de selección se utilizó para la elección del o de los explotadores”.

Para los legisladores en ese pedido, que fue encabezado por Patricia Fadel, cabía preguntarse: “¿Cómo puede un funcionario decidir personalmente tamaño acto administrativo sin, aparentemente, haber pasado previamente por todas las instancias administrativas debidas? ¿Cómo puede confundirse de tal modo una voluntad administrativa con la voluntad de un funcionario?”

Y sobre todo: “Tampoco aclara el Subsecretario de Justicia en qué consiste esa tenencia precaria ni cómo armonizará esa explotación con los bienes propiedad de la empresa Los Penitentes S.A., siendo imprescindible esta explicación a fin de evitar cualquier conflicto con los propietarios que terminará perjudicando a los intereses de la provincia. El funcionamiento estatal exige, como actividad reglada y en miras del bien común, respetar fielmente el procedimiento normativo previsto, único modo de erradicar cualquier duda de parcialidad y garantizar la eficacia de dicho procedimiento”.

La respuesta por escrito del Gobierno no demoró en llegar. Con la firma de la subsecretaria de Legal y Técnica, Mabel Graciela Ceresoli, se sostuvo de manera escueta que “no se ha otorgado la explotación comercial” del complejo, así como tampoco “existe trámite legal para la explotación”.

Según Ceresoli, quienes quedaron a cargo de la Hostería están bajo un régimen bastante particular: “custodia transitoria sin costo para la provincia”.

La funcionaria, reveló el problema de fondo. “El concepto de tenencia precaria que fue considerado en un principio para poder dar servicios a la ciudadanía en la temporada estival ha sido descartado y se llamará a licitación pública a fin de disponer una nueva concesión”. Pero sujetó ese procedimiento a que se resuelva el conflicto en la Corte.

El mes pasado los exaccionistas de Penitentes hicieron su jugada. Se presentaron con un escribano público en el centro de ski para constatar quiénes son los que poseen esa “custodia transitoria” de la que habla el Poder Ejecutivo.

Todo lo que constataron allí, terminó en una nota que ingresó el 6 de abril por Mesa de Entradas del Senado firmada por Emilio López Frugoni  y que estuvo dirigida a la vicegobernadora Laura Montero.

¿Qué encontraron? Que la Hostería está funcionando para dar servicio de restaurante a cargo de una persona llamada Luis Velázquez y este mismo encargado termina mostrando ante el notario un facturero que, en realidad, corresponde al parador del complejo que está enfrente y que se encuentra cerrado.

Ese facturero marca como fecha de inicio de las actividades comerciales el año 2007, cuando la “custodia” fue entregada a principios de 2019 y está registrado a nombre de Ricardo Velázquez. Es decir: están facturando en el lugar con boletas de otro negocio, de otra época y de otra persona.

Velázquez aseguró otra cosa, además. Que en los hechos él está regenteando la Hostería, pero que en realidad existe un concesionario que se llama Rodrigo Guevara Civit. Este es un exempleado de Penitentes que terminó en malos términos con la familia López Frugoni y fue puesto después por la intervención como una especie de gerente operativo.

Si el Gobierno asegura que no hay concesión ¿Que papel está desempeñando este individuo?

En síntesis: no hay perspectivas de que esta temporada el centro reabra. Es más: turismo va a tener un serio problema porque, si nieva mucho, como sucedió en 2018, la gente subirá a la alta montaña para disfrutar y tirarse por las laderas sin ningún tipo de control ni de infraestructura.

Los organismos encargados ya anticipan que, en caso de no poder concesionar nuevamente, Penitentes directamente va a estar bloqueado por las fuerzas de Seguridad.

Mientras tanto, en la actualidad una parte del centro de ski tiene una “custodia transitoria” para preservar los bienes y no existe “explotación comercial”. Sin embargo hay gente que está facturando allá arriba. Y ganando dinero, por supuesto.

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