Paco Pérez, a un paso de zafar de todo

Francisco Pérez alterna por estos días su actividad en el estudio jurídico- contable mezcla con consultora de negocios que tiene montado desde hace unos años ya en Chacras de Coria, con alguna que otra reunión política que le organizan cada tanto.

Cuentan que volvió a trabajar con Celina Sanchez, su mujer, y que poco a poco está regresando a su antigua profesión de abogado, luego de haber tenido la matrícula suspendida durante mucho tiempo.

Aparece de tanto en tanto para reencontrarse con los viejos integrantes del gabinete y una de las últimas veces que los vio fue hace unas semanas en el cumpleaños número 50 de Marcelo Costa, su ex ministro de Hacienda.

Algunos de los referentes de aquél gobierno hoy están intentando volver a la política, pero no hay forma de que Paco abandone todavía el ostracismo público que se autoimpuso desde hace más de tres años.

A decir verdad, hoy por hoy, la obsesión del exmandatario pasa por quitarse de encima las causas judiciales en las que terminó denunciado como consecuencia de su paso por el poder. Algo inédito en la historia de los gobernadores de Mendoza, pero que en cierta forma también son el reflejo de lo que fue aquella administración.

Pérez acumuló tres denuncias en su contra luego de su paso por la gobernación. Una de ellas por enriquecimiento ilícito, otra por falsedad ideológica y otra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, a esta altura de las investigaciones judiciales, todo apunta a que, luego de un accionar herrático de la Justicia, finalmente podría terminar zafando de todas.

El primer grito de gol en este partido ya lo había soltado en 2018, cuando la Justicia decidió sobreseerlo de la investigación sobre una adjudicación petrolera de hace casi diez años.

En esa causa, conocida como Chañares Herrados, Paco estuvo imputado imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su participación en 2011 como ministro de Infraestructura de Celso Jaque en la prórroga de las concesiones petroleras de aquellos años.

Junto a él, había caído otro grupo de exfuncionarios dentro de la misma investigación: el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni; el ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez; quien lo reemplazó a este, Pedro Sánchez; y un exdirector de Petróleo llamado Pablo Ropero. Todos, igual que Pérez, terminaron también sobreseídos por la Justicia y la causa pasó a archivo.

La investigación judicial se había disparado a raíz de la denuncia de un dirigente del Partido Demócrata, Jose Rubio, quien desde hace décadas viene litigando, con YPF fundamentalmente, por la cuenca El Carrizal.

El detonante fue la venta de Chañares en el año 2014 a una empresa, Medanito SA, por un valor de U$S 85 millones, en dónde terminó involucrado el exsubsecretario Vázquez acusado incluso de haber pretendido favorecer a un particular para que terminara haciendo un negocio inmobiliario en la zona amparado por la falta de controles por parte del Estado en la entrega de las concesiones de petróleo.

Todo comenzó cuando, apurado por una crisis financiera, en 2010, el gobierno de Celso Jaque tomó la decisión política de anticipar siete años la discusión por las concesiones de áreas petroleras cuyos contratos vencían recién en 2017.

El argumento fue aumentar la producción de petróleo y las regalías, aunque el fondo del asunto era conseguir dinero fresco antes de las elecciones a través del pago de un cánon extraordinario que debían pagar las petroleras que aspiraban seguir con el negocio.

El punto central de aquellas renovaciones era YPF, en manos del grupo Ezquenazi. Chañeares era una empresa más en ese contexto.

En el marco de esta causa, Pérez siempre descargó en en su defensa ante la Justicia que el decreto de prórroga de las concesiones lo firmó Jaque y que el solo se limitó a rubricar un acta de entendimiento con las empresas.

Una de las pocas veces que habló en público de este tema, fue cuando declaró ante el fiscal Juan Manuel Bancalari en 2016. Allí le apuntó al ex secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán y a su entonces segundo y actual Fiscal de Estado, Fernando Simón, de haber llevado adelante la negociación con las empresas.

Pérez alegó en su defensa que toda su participación en esa negociación se remitió a la firma de un acta acuerdo con las empresas y que luego las adjudicaciones fueron refrendadas por un decreto de Jaque. Además sostuvo que al menos quince organismos oficiales terminaron rubricando la prórroga de Chañares y no solo él como ministro de Infraestructura.

En realidad, la norma que estableció el mecanismo para prorrogar las concesiones petroleras (decreto 1.547/10) establecía que la autoridad de aplicación quedaba para el ministerio de Infraestructura que estaba a cargo de Paco.

Y no solo eso. Todo el proceso previo a la firma de los nuevos contratos, fundamentalmente en los aspectos técnicos, estuvo manejado por la entonces cartera de Pérez y es allí en dónde la Justicia había encontrado elementos para avanzar con una imputación inicial que finalmente fue desestimada.

En el expediente judicial de Chañeares está acreditado que, en primer lugar, Chaneares Herrados o bien falseó o bien ocultó información para poder quedarse con el negocio.

Entre algunas de las irregularidades detectadas, presentó balances económicos y financieros dibujados que además no estaban certificados, correspondientes a los ejercicios que van desde el 2005 al 2009, y que eran previos a la firma de la prórroga.

¿Qué alegaron los abogados de Paco? Que muchas veces en el negocio petrolero una empresa, al momento de la exploración de la zona, termina por descubrir que en ese pozo dónde esperaba hallar petróleo los resultados no eran los esperados y eso termina resintiendo luego todo el cronograma de inversiones.

Como como consecuencia de esta adjudicación, se dio la lógica. En el período que fue del 2011 al 2014, la empresa nunca cumplió con sus promesas de inversión y de los 58 pozos que explotaba al momento de la prórroga, entregó la misma cantidad al firmarse la venta a la empresa Medanito.

A la luz de la falta de inversión, el actual gobierno de Alfredo Cornejo decidió la quita de la concesión de esa área en un proceso que también fue extraño y complejo y que todavía se sigue discutiendo años después.

El segundo gol, Pérez lo gritó esta última semana. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, encabezada por el fiscal adjunto Gonzalo Nazar y por el fiscal en jefe Sebastián Capizzi, terminó solicitando el sobreseimiento del exgobernador en la causa en la que se investiga la falsedad ideológica.

La denuncia se había generado en 2016 por el extitular de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, Alberto Debandi, como consecuencia de la intervención de la prestadora eléctrica del Este, que había sido dispuesta en diciembre de 2015 y a solo días de que Pérez abandonara la Casa de Gobierno.

Paco intervino esa cooperativa y el decreto correspondiente no tenía dictamen de la Fiscalía de Estado. Un clásico de aquellas épocas: él exgobernador había sostenido que sí y luego se demostró que eso no era cierto.

La causa casi se cae en un momento, cuando la fiscal Claudia Ríos pidió su archivo, aunque después la jueza Alejandra Mauricio denegó ese pedido. Largos meses pasaron a la espera del debate oral en dónde se trató de determinar si hacía falta o no la opinión de Fiscalía para esa intervención.

Los abogados de Pérez siempre creyeron tener un as en la manga en este caso: sostenían que Cornejo prorrogó la intervención de la cooperativa eléctrica de Rivadavia en las mismas condiciones que el gobierno anterior. Y que, un fallo en contra de Paco, terminaría arrastrando también al actual gobernador.

¿Qué sucedió en definitiva y en trazos gruesos para que Capizzi pidiera el sobreseimiento? La Justicia comprobó que efectivamente el decreto de Fiscalía no existía. Pero entendió también que, desde el punto de vista administrativo, no hacía falta tenerlo para proceder con la intervención. Dos a cero.

Al tercer gol, Paco ya lo palpita. No se vislumbra que la Justicia vaya a encontrar irregularidades en la compra del departamento en las Torres Agustinas, hecho que se concretó en diciembre de 2013 y por el cual está acusado por enriquecimiento.

La causa saltó de fiscal en fiscal, desde hace un tiempo la lleva Santiago Garay, quien ya anticipó que las pericias contables, para determinar si la adquisición de ese inmueble se hizo con dinero mal habido, son muy difíciles de realizar.

Pérez hizo su descargo aquí. Dijo que el departamento le costó (cuando lo compró) $1.700.000 millones y que pagó (entre transferencias bancarias y plata en efectivo) algo más de $600.000 para adquirirlo. El resto, según consta en la causa, dijo que lo estuvo pagando en cuotas que arrancaron en $13.000 y que llegaron a los $32.000 mensuales el año pasado, cuando terminó de cancelar la compra.

¿Qué elementos tiene Garay para demostrar algo irregular en esta adquisición? Por ahora pocos. Pérez ya consiguió que se agregara al expediente su declaración jurada de 2011, cuando asumió como gobernador, en dónde intentará terminar de demostrar que ya contaba con dinero suficiente como para poner el dinero en efectivo que puso. Allí sumó un cúmulo de explicaciones, entre algunas, que la plata para esa adquisición surgió de un juicio millonario que ganó como abogado antes de ser gobernador y que sumó, asimismo, una indemnización laboral que cobró su mujer.

A esta altura la Justicia ya va por la tercera pericia contable sin que, hasta el momento, haya conseguido comprobar si Paco miente o dice la verdad.