La extinción de dominio, una herramienta concreta para luchar contra la corrupción y las mafias

En apenas unos días, el decreto del Gobierno Nacional que habilita al Estado a perseguir los bienes obtenidos de forma ilícita ha generado un abanico diverso e interesante de opiniones. Algunas de ellas esperables, otras no tanto.

El primer punto que deseo aclarar es qué implica la extinción de dominio. La desinformación que rodea a este tema tiene como principales víctimas a los ciudadanos de a pie, quienes, paradójicamente, serán los que se beneficien con el nuevo marco legal que permitirá que el dinero de las mafias vaya a las partidas de educación, salud, seguridad e infraestructura.

El Gobierno ha avanzado en una medida que Argentina avala hace años a través de distintas convenciones internacionales que el país integra como miembro activo. Estamos hablando, ni más ni menos, de atacar efectiva y meticulosamente el poder económico de las asociaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, trata de personas, terrorismo y corrupción.

La iniciativa separa el proceso penal de la acción civil; en otras palabras, se le otorgan herramientas concretas a la Justicia para que proceda con la declaración de la pérdida de la propiedad de los bienes de aquellas personas que los obtuvieron ilegalmente.

No se elimina el derecho de defensa del titular: obviamente puede hacer el reclamo judicial ante la autoridad correspondiente, para demostrar que ha adquirido los bienes de manera lícita.

Ganamos en transparencia, agilidad y efectividad. ¿Por qué? Porque atacamos donde a los grupos criminales más les duele.

Se ha comprobado largamente en las últimas décadas, en todo el mundo, que las respuestas exclusivamente militares a las organizaciones dedicadas a la trata, al narcotráfico o al terrorismo, son insuficientes y hasta contraproducentes. Estos grupos han demostrado ser sumamente flexibles para reconstituirse, adoptar nuevas estrategias y operar exitosamente en distintos países. Las victorias de los Estados en este punto son siempre pírricas. Los invito a repasar el conflicto de las FARC en Colombia, los carteles en México o el fenómeno del paramilitarismo en África.

Los golpes más efectivos se dan, siempre, en el plano económico-financiero. Cuando se afecta profundamente el circuito de lavado de dinero y posterior adquisición de propiedades, vehículos y demás bienes, el poderío de estas organizaciones decrece y su reconstitución se hace cada vez más difícil.

Algo similar sucede con la corrupción. Vuelvo a decirlo: si limitamos la acción estatal a los procesos penales de los acusados, las empresas y funcionarios que construyeron con el dinero de todos seguirán financiando un circuito económico tan ilegal como vergonzoso.

La decisión del Gobernador Cornejo de enviar sin demoras un proyecto de ley a la Legislatura para adecuar y aplicar la normativa nacional a la provincia, habla a las claras de un compromiso decidido e inquebrantable para combatir la corrupción, por un lado, y por otro, de una visión clara de adónde debería ir ese dinero. Por eso la iniciativa prevé la creación de un Fondo para la construcción y reparación de escuelas de Mendoza.

Será interesante ver cómo actúa en los próximos días el PJ provincial. ¿Estamos todos de acuerdo que el lugar para que los mafiosos den explicaciones son los Tribunales y no una banca en la Legislatura? ¿Son capaces de aportar al desarrollo de una Mendoza seria, transparente y republicana, o el año electoral se lleva puesto todo?

No es un anunciado aislado el del Gobierno Nacional, sino que viene a complementar otras medidas importantísimas como la ley del arrepentido y la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin anuncios grandilocuentes ni declaraciones pretenciosas, Cambiemos les confirma a propios y a ajenos que la lucha contra la corrupción no fue un slogan de campaña sino una parte imprescindible del proyecto de una nueva Argentina.