Opinión El accionar de la Justicia

¿Y si termina zafando de todo?

Francisco Pérez será seguramente sobreseído en una de las tres causas judiciales que acumuló en su contra después de dejar la gobernación. En las otras dos, la Justicia podría seguir el mismo camino. Por qué, más allá de los elementos de prueba, no se logró avanzar contra el exgobernador más denunciado de la historia.
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Marcelo Arce

¿Y si termina zafando de todo?(Alf Ponce / MDZ)

¿Y si termina zafando de todo? | Alf Ponce / MDZ

Francisco Pérez alterna por estos días su actividad en el estudio jurídico mezcla con consultora de negocios que tiene montado en Chacras de Coria, con alguna que otra reunión política que le organizan cada tanto y con una rutina que incluye, sí o sí, una visita a su psicólogo una vez por semana.

Su entorno asegura que no hay forma de que todavía abandone el ostracismo público que se autoimpuso desde hace más de dos años y que en la actualidad lo lleva, incluso, a verse obligado a derivar los juicios de divorcio que tramita porque todavía no recupera su matrícula de abogado. 

Cuentan que hizo un par de negocios con China con la venta de contendedores de vino y que está entusiasmado con algo más grande: venderle agua mineral a la India. Pero la verdad es que, hoy por hoy, la obsesión de Paco pasa por quitarse de encima las causas judiciales en las que terminó denunciado como consecuencia de su paso por la gobernación. Algo inédito en la historia de los gobernadores de Mendoza.

Pérez acumuló tres denuncias, una por enriquecimiento ilícito, otra por falsedad ideológica y otra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y todo apunta a que, luego de un accionar errático de la Justicia, finalmente podría terminar zafando de todo.

Como se supo esta última semana, Pérez podría terminar sobreseído en la causa Chañeares Herrados, en la que está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como lo adelantó el fiscal que lo investigó, Juan Manuel Bancalari.

"No hay pruebas que ratifiquen la imputación. Generalmente, el dolo es difícil de comprobar - en este tipo de delitos- más en un tema fluctuante como la explotación petrolera", sostuvo el fiscal.

La decisión se conocerá en un par de semanas, cuando el juez de Garantías, David Mangiafico resuelva el pedido del fiscal.

Las otras dos causas que pesan sobre Pérez tienen distinto recorrido. Pero ninguna, por ahora, apunta complicarlo.

La más lenta posiblemente sea la investigación por el delito de "falsedad idológica" que fuera denunciado en 2016 por el extitular de la cooperativa eléctrica de Rivadavia, Alberto Debandi. 

El exgobernador intervino esa cooperativa antes de dejar el poder en diciembre de 2015 y el decreto correspondiente no fue acompañado por un dictamen de la Fiscalía de Estado. Un clásico de Paco: él había sostenido que sí y luego se demostró que eso no era cierto. La causa casi se cae, cuando la fiscal Claudia Ríos pidió su archivo. La jueza Alejandra Mauricio denegó ese pedido y ahora se está a la espera del debate oral en dónde se determine si hacía falta o no la opinión de Fiscalía para esa intervención.

Los abogados de Pérez creen tener un as en la manga en este caso: sostienen que Cornejo prorrogó la intervención de la cooperativa eléctrica de Rivadavia en las mismas condiciones que el gobierno anterior. Y que, un fallo en contra de Paco, terminaría arrastrando también al actual gobernador.

Tampoco se vislumbra que la Justicia vaya a encontrar irregularidades en la compra del departamento en las Torres Agustinas, hecho que se concretó en diciembre de 2013. 

La causa saltó de fiscal en fiscal, hoy la lleva Santiago Garay, quien ya anticipó increíblemente que las pericias contables, para determinar si la adquisición de ese inmueble se hizo con dinero mal habido, son muy difíciles de realizar. 

Pérez hizo su descargo aquí. Dijo que el departamento le costó $1.700.000 millones y que pagó (entre transferencias bancarias y plata en efectivo) algo más de $600.000 para adquirirlo. El resto, según consta en la causa, dijo que lo está pagando en cuotas que arrancaron en $13.000 y que hoy llegan a los $32.000 mensuales. 

¿Qué elementos tiene Garay para demostrar algo irregular en esta adquisición? Por ahora pocos. Pérez está esperando que se agregue al expediente su declaración jurada de 2011, cuando asumió como gobernador, en dónde intentará terminar de demostrar que ya contaba con dinero suficiente como para poner el dinero en efectivo que dijo que puso.

Las pruebas en Chañeares

En la causa petrolera, exgobernador está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por su participación en 2011 como ministro de Infraestructura de Celso Jaque en la prórroga de las concesiones petroleras de aquellos años.

Y en particular por la concesión a una empresa: Chañeares Herrados. Junto a él, había caído otro grupo de exfuncionarios dentro de la misma investigación: el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni; el ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez; quien lo reemplazó a este, Pedro Sánchez; y un exdirector de Petróleo llamado Pablo Ropero. Todos, igual que Pérez, terminarían también sobreseídos por la Justicia. 

La investigación judicial se disparó a raíz de una denuncia de un dirigente del Partido Demócrata, José Rubio, quien desde hace décadas viene litigando, con YPF fundamentalmente, por la cuenca El Carrizal. El disparador fue la venta de Chañeares en el año 2014 a una empresa, Medanito SA, por un valor de U$S 85 millones, en dónde terminó involucrado el exsubsecretario Vázquez, acusado incluso de haber pretendido favorecer a un particular para que terminara haciendo un negocio inmobiliario en la zona amparado por la falta de controles por parte del Estado en la entrega de las concesiones de petróleo. 

Todo comenzó cuando, apurado por una crisis financiera, en 2010, el gobierno de Celso Jaque tomó la decisión política de anticipar siete años la discusión por las concesiones de áreas petroleras cuyos contratos vencían recién en 2017.

El argumento fue aumentar la producción de petróleo y las regalías, aunque el fondo del asunto era conseguir dinero fresco antes de las elecciones a través del pago de un cánon extraordinario que debían pagar las petroleras que aspiraban seguir con el negocio. El punto central de aquellas renovaciones era YPF, en manos del grupo Ezquenazi. Chañeares era una empresa más en ese contexto.

En el marco de esta causa, Pérez siempre descargó en en su defensa ante la Justicia que el decreto de prórroga de las concesiones lo firmó Jaque y que el solo se limitó a rubricar un acta de entendimiento con las empresas. Una de las pocas veces que habló en público de este tema, fue cuando declaró ante el fiscal Bancalari, en 2016. 

Allí le apuntó apuntó al ex secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán y a su entonces segundo y actual Fiscal de Estado, Fernando Simón, de haber llevado adelante la negociación con las empresas. 

Algo de verdad tenía. La negociación con las petroleras fueron llevadas adelante e forma personal por Jaque, por Cazabán, por Simón y, por detrás, por otro de los personajes influyentes del gobierno de aquél entonces: Raúl "Perruco" Leiva.

Pero a ellos, sobre todos a los tres últimos, solo les podría caber la responsabilidad política de haber concretados malos acuerdos para la provincia. Sus huellas no están en ningún decreto.

¿Alguien investigará por qué hicieron lo que hicieron? Será difícil. Mangiafico, el juez que seguramente avalará el sobreseimiento de Pérez y del resto de los exfuncionarios en esta causa, fue funcionario político de Jaque y en cierta forma le debe a él su cargo.

Pérez alegó en su defensa ante Bancalari que toda su participación en esa negociación se remitió a la firma de un acta acuerdo con las empresas y que luego las adjudicaciones fueron refrendadas por decreto gubernamental. Además sostuvo que al menos quince organismos oficiales terminaron rubricando la prórroga de Chañeares y no solo él como ministro de Infraestructura.

En realidad, la norma que estableció el mecanismo para prorrogar las concesiones petroleras (decreto 1.547/10) establecía que la autoridad de aplicación quedaba para el ministerio de Infraestructura que estaba a cargo de Paco. Y no solo eso.

Todo el proceso previo a la firma de los nuevos contratos, fundamentalmente en los aspectos técnicos, estuvo manejado por la entonces cartera de Pérez y es allí en dónde la Justicia había encontrado elementos para avanzar con la imputación inicial.

En el expediente judicial está acreditado que, en primer lugar, Chaneares Herrados o bien falseó o bien ocultó información para poder quedarse con el negocio.

Entre las primeras irregularidades, presentó balances económicos y financieros dibujados que además no estaban certificados, correspondientes a los ejercicios que van desde el 2005 al 2009, y que eran previos a la firma de la prórroga.

Asimismo mintió acerca de las reservas posibles en el área, a las que estableció en 12 millones de metros cúbicos mientras que una auditoría encargada por el propio Estado mendocino a una empresa de EEUU y solo tres años después, estableció que las reservas de petróleo en Chaneares Herrados apenas si llegaban a los 1,2 millones de metros cúbicos.

Por la forma en que Jaque renegoció los contratos petroleros en 2011, no llama la atención como Pérez no se preguntó (a la hora de firmar el acta acuerdo con la empresa) de dónde iba a sacar Chañeares la inversión de 1.103 millones de dólares que prometía en un decenio para aumentar la producción de petróleo en la zona, en relación al patrimonio neto que declaró la empresa y que solo llegaba a los 12 millones de pesos.

La verdad, no preguntarse nada sobre esto era parte de la época. Para ganar licitaciones, las petroleras presentaban en Mendoza inversiones tan multimillonarias como incumplibles, además de regalías exorbitantes que después no se concretaban. El Estado no fiscalizaba y después, muchos concesionarios, terminaban vendiendo a un tercero los derechos sobre las áreas.

¿Qué alegaron los abogados de Paco? Que muchas veces en el negocio petrolero una empresa, al momento de la exploración de la zona, termina por descubrir que en ese pozo dónde esperaba hallar petróleo los resultados no eran los esperados y eso termina resintiendo luego todo el cronograma de inversiones.

Sin embargo, en el momento en que se negoció la concesión en 2010, habían pasado otras cosas. En la causa Rubio logró acreditar que el Estado miró para otro lado cuando el capital social presentado por Chañeares era prácticamente inexistente y desoyó una recomendación que, por escrito, hizo la representante legal de la Dirección de Hidrocarburos de la provincia, Federica Armani, acerca de que la solidez financiera de Chañares estaba "comprometida y con índices de obligaciones poco favorables".

Como como consecuencia de esta adjudicación, se dio la lógica. En el período que fue del 2011 al 2014, la empresa nunca cumplió con sus promesas de inversión y de los 58 pozos que explotaba al momento de la prórroga, entregó la misma cantidad al firmarse la venta a la empresa Medanito.

De los U$S 412 que se deberían haber invertido durante los primeros cinco años que vencieron en diciembre de 2015, en Chaneares Herrados solo se invirtieron en trabajos de explotación y explotación U$S 88 millones sin que el Estado provincial haya operado en aquél momento para la quita de la concesión. Y más cuando el decreto de prórroga (1467/11) estableció que las inversiones debían producirse de manera "permanente y sostenida".

Llama la atención como Bancalari no siguió el proceso de Chañeares durante el gobierno de Alfredo Cornejo.

A la luz de la falta de inversión, el actual gobierno decidió la quita de esa concesión de esa área en un proceso que también fue extraño y complejo.

Esta administración avanzó primero en dejar caer el contrato en toda la zona, pero terminó negociando con la empresa solamente un área, Pozo Cercado, que justo será licitada nuevamente en las próximas semanas.

Aquí juega un actor de peso. Uno de los socios de Chañeares, la empresa El Trébol, está en el negocio y tiene una participación, a través de una firma denominada Mercuria, el grupo Vila Manzano. Quitarle la concesión completa a Medanito, siempre fue un riesgo para Cornejo que terminó negociando que el daño no sea tan grande para esa empresa.