Opinión Lo revela un informe

Sensible mejoría en las cárceles mendocinas

Las condiciones de hacinamiento se mantienen, pero bajó de manera importante la cantidad de detenidos que estaban procesados y sin condena firme. Ese punto había generado una fuerte disputa entre organismos de DD.HH. y el Gobierno.
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Marcelo Arce

Sensible mejoría en las cárceles mendocinas(Ulises Naranjo / MDZ.)

Sensible mejoría en las cárceles mendocinas | Ulises Naranjo / MDZ.

Todavía las condiciones de hacinamiento siguen como una constante, las situaciones de abusos se repiten y no dejan de ser una "fabrica de delincuentes" bajo muchas circunstancias. Pero al menos una pequeña, pero significativa mejoría, se produjo en las cárceles mendocinas en los últimos dos años: a raíz de la agilización de los procesos penales en la Justicia, disminuyó sensiblemente la cantidad de detenidos sin condena firme. 

 Así se desprende de un informe que redactó en el mes de abril pasado la Procuración de Personas Privadas de la Libertad de Mendoza, a pedido del Relator Especial sobre la Tortura (y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) que depende de las Naciones Unidas, organismo que monitorea las situación carcelaria en todo el país.

El relevamiento arrojó como conclusión que la superpoblación no baja y que la cantidad de personas privadas de la libertad continúa en ascenso y cuasi se triplicó en menos de 20 años. En 2000, el total de presos en las cárceles locales era de 1.954 personas, en 2015 llegó a las 4.045 personas y este año, en abril, la población carcelaria trepó a 5.306 bajo custodia del Servicio Penitenciario. De esa última cifra, 590 presos gozan de los beneficios de la prisión domiciliaria. 

"De esa información- reza el informe de la Procuración- surge que la capacidad total de los establecimientos carcelarios de la provincia se encuentra un 17% por encima de su capacidad real. Situación que se agrava si tenemos en cuenta que desde hace aproximadamente 10 años (cuando se inauguró la cárcel de Almafuerte en el año 2007) no se han incrementado los espacios físicos de alojamiento, salvo alguna mínima excepción con poca incidencia en el total, como la Unidad VII Agua de las Avispas". 

El Gobierno anunció a construcción de una nueva cárcel para alojar a los presos que cometieron delitos de jurisdicción federal ( que sería inaugurada parcialmente en setiembre) que hoy constituyen el menos del 12% de la población total del penal.

Pero mientras tanto, la salida al hacinamiento todavía no aparece. En ese punto, un establecimiento como el penal de Almafuerte que tiene capacidad para 700 reclusos, aloja en la actualidad a unas 1.512 personas.

Sin embargo el análisis de la Procuración para Naciones Unidas, organismo que dirige Fabricio Imparado, detectó un cambio significativo en las condiciones de detención: sobre la totalidad de los presos (independientemente de la competencia judicial) el 64% corresponden a condenados y el 36% a procesados.

Respecto a los detenidos por causas provinciales (4169 personas en total), el 67% cuenta con sentencia condenatoria firme, mientras que el 33% restante se encuentra aún bajo proceso penal.

Respecto a los detenidos por causas federales (547 personas en total) los porcentajes prácticamente se invierten, ya que el 42% cuenta con sentencia condenatoria firme, mientras que el 58% restante se encuentra aún bajo proceso penal.

Estas estadísticas modifican un escenario dentro de los penales que, hasta hace por mas de dos años, fue motivo de disputa entre organizaciones de Derechos Humanos y el Gobierno de Alfredo Cornejo y que resultó, hacia finales de 2015, en un fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de un habeas corpus presentado por abogados y organizaciones vinculados a esas organizaciones.

En aquella oportunidad, sólo el 48 % de la población penal tenía condena, mientras que el 52% restante se encontraba en condición de procesada.  

El fallo de la Corte dispuso que los fiscales deberían informar cada detención, en el término de 24 horas, a un juez de garantías y éste, en el mismo plazo, resolver si esa persona debe continuar detenida o bien ser liberada y puso límites a las prisiones preventivas, que deberán ser dictadas por un período determinado y como última opción. Luego de esa decisión judicial, impulsada por el magistrado Omar Palermo, se modificó la ley de prisiones preventivas a instancias del Poder Ejecutivo.

Para el Gobierno el informe aporta dos elementos. Por un lado logró contener la "hiperinflación" de internos que se temía como consecuencia de su política de endurecimiento de las prisiones preventivas y analiza que el crecimiento de la población carcelaria se mantiene estable en unos 300 reclusos desde hace un tiempo.

Y por el otro, la presión ejercida sobre el Poder Judicial, permitió agilizar los tiempos fundamentalmente por el control de las prisiones preventivas y por el mejor funcionamiento de las Cámaras Penales.

Imparado fue uno de los que acompañó el habeas corpus de 2015 y recuerda que en aquella oportunidad la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura identificó algunos problemas vinculados a la forma en la que la justicia llevaba adelante los procesos penales, y como ello repercutía en el interior de las cárceles.

"El reclamo generalizado, incluso de parte de funcionarios penitenciarios, apuntaba a la demora y a la falta de contralor judicial de las detenciones, lo que nos llevó a la interposición del habeas corpus. Se trató de una acción que, a diferencia de las demás, pretendía regularizar el sistema de justicia y no a liberar presos", sostuvo a MDZ.

Para el funcionario "el tiempo y las distintas reformas legislativas en materia penal, dieron cuenta de la imperiosa necesidad que en aquel momento señalamos. El paquete legislativo propuesto por el Ejecutivo trajo aparejados algunos aspectos plenamente coincidentes con nuestro reclamo, tales como la información clara y precisa sobre la situación de las personas privadas de libertad que se encuentran sometidas a proceso penal sin condena"

"Quedará a futuro un análisis de la aplicación en concreto de estas reformas en base a datos sobre las condenas que se están aplicando, el tipo de delitos, o los niveles actuales de sobrepoblación. Pero en principio vemos con agrado un incremento sustancial en la proporción de condenados en relación a la población condenada", concluyó Imparado.

A los niveles de sobrepoblación, las cárceles adolecen de otro problema que ya es crónico a esta altura: su dificultad para cubrir suficientemente cuestiones básicas como el derecho a la salud, educación, trabajo, actividades o tratamientos específicos de adicciones, por ejemplo.

La salida es compleja, aunque muchas veces se buscó la solución fácil. Ante los problemas del hacinamiento, a lo que se procedió fue a incrementar el número de plazas mediante la incorporación de camastros en espacios originalmente no previstos para ello, generando, precisamente, más hacinamiento. En las cárceles de Mendoza, tenemos 784 personas durmiendo en el suelo.