Posición de Protectora a la contribución especial obligatoria para la erradicación de la Lobesia Botrana

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Mario Vadillo

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Posición de Protectora a la contribución especial obligatoria para la erradicación de la Lobesia Botrana

Posición de Protectora a la contribución especial obligatoria para la erradicación de la Lobesia Botrana

Posición de Protectora a la contribución especial obligatoria para la erradicación de la Lobesia Botrana

Posición de Protectora a la contribución especial obligatoria para la erradicación de la Lobesia Botrana

 Con fecha 5 de junio de 2018, el Iscamen presentó a Diputados un proyecto de ley para la lucha contra la Lobesia.

En el mismo se pretende instrumentar un mecanismo compulsivo para recaudar fondos, a los efectos de concretar un programa a tal efecto. Se obliga a los productores pagar gran parte del "costo" del programa, y se establece una contribución obligatoria especial, delegándose al mismo tiempo la emisión, distribución y cobro a Irrigación.

Pero, lo que en mi condición de parte de la Comisión advertí y se tratará en comisiones, sobre lo inconstitucional de los artículos 7° que disponen para la falta de pago de la contribución, se hará la retención en el pago de la venta de uva o vino elaborado por terceros por las Bodegas; el artículo 8° la prohibición de recibir consumos sanitarios; y el artículo 9° delega la potestad Provincial a un organismo nacional (I.N.V.) para paralizar cualquier trámite administrativo que hacen a la posibilidad de estar habilitado para funcionar y vender su producto.

Estos artículos son de una gravedad "inusitada" de violación Estatal a las garantías constitucionales del art.14° a trabajar y ejercer toda industria lícita; y comerciar; y el artículo 17° en salvaguardar el derecho de propiedad como inviolable.

Los artículos 4°, 5° y 14° fijan una contribución especial obligatoria a todos los productores vitícolas de la provincia de Mendoza.

También se hace, tomar en consideración el hecho de que más allá de la forma de cobro y su legalidad, lo importante es saber si "corresponde o no al sector productivo hacerse cargo de las falencias que oportunamente tuvo el Estado Nacional, a través del SENASA, quién no realizó los controles necesarios en las máquinas que un empresa Vitivinícola chilena trajo para realizar la cosecha Mecánica, produciéndose así el ingreso de lo que sería el flagelo actual "Lobesia Botrana". En este sentido nos inclinamos a pensar que los errores o falencias de gestión en lo estatal, deben ser asumidos por el Estado. Máxime cuando no existe forma de combatir una plaga de esta naturaleza sin que sea bajo la órbita federal y su responsabilidad sanitaria. Los esfuerzos que se piden a los productores locales, serán infructuosos si no se combate igual en las provincias vecinas.

Las contribuciones especiales, son motivadas por actividades administrativas por las que se produce un beneficio especial para acordados grupos de personas.

Cargar sobre el eslabón más débil, el productor, en la cadena vitivinícola, el costo del mismo, atenta a la justificación legal del tributo.

Un simple estudio en de la comercialización vitivinícola, nos deja como conclusión el reconocimiento de las asimetrías en el interior de la cadena, la desproporcionada distribución de la renta en la cadena comercial, y las constantes pujas y tensiones entre actores de dicha cadena. El sector productivo es el que obtiene la menor rentabilidad. Está sujeto a condiciones de venta de su producto que en cualquier lugar del mundo constituirían comercio desleal, (imposición unilateral de forma de pago, condiciones y precios, abuso de posición dominante, etc. ), llevan a concluir que la industria como tal, debe afrontar un costo extra para la lucha contra la Lobesia, por ser el único beneficiario económico en la comercialización.

Entonces concluimos que, en primer lugar, se debe excluir los artículos citados por inconstitucionales y abusivos contra el trabajo del productor.

No es posible aceptar que el Estado Provincial no persiga legalmente el cumplimiento de la Ley Nacional que se hace cargo de los fondos para los trabajos de erradicación de la plaga y se desentienda de la consecución de los fondos para continuar un programa que debió instrumentarse inmediatamente de detectado el problema, que incluso, se produce por su propia irresponsabilidad.

En última instancia, si se pretendiera imponer una contribución especial obligatoria al productor, quienes deberían aportar, deberían ser los sectores que efectivamente pueden hacerlo, considerando las características y circunstancias que serían los productores/empresas vitícolas mayor a 40 hectáreas y bodegas comerciales.