Opinión La suba de tarifas

Los años de desmanejos en la empresa del agua

El gobierno subió 78% las tarifas y apenas alcanzará para equilibrar gastos operativos de Aysam en 2019. Se necesitan $1.000 millones de inversión y reparar al menos 700 kilómetros de cloacas. Radiografía de lo que hicimos en los últimos 20 años, en la empresa que administra el agua potable de Mendoza.
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Marcelo Arce

Los años de desmanejos en la empresa del agua(Pachy Reynoso / MDZ)

Los años de desmanejos en la empresa del agua | Pachy Reynoso / MDZ

La forma como se manejó en Mendoza durante los últimos 20 años la empresa de agua, nada menos, en cierta forma nos pinta tal cual somos. Y explica además el estado actual de cosas.

El Gobierno autorizó esta semana una suba escalonada hasta fin de año del 78% en la tarifa, que apenas alcanzará para cubrir los costos operativos de Aysam a partir de 2019. Pero que no va a servir para financiar obras de infraestructura que son escenciales para que, como vemos de manera cotidiana, no se sigan desbordando las colectoras en las calles del Gran Mendoza.

El plan sobre el agua no termina acá. Ya se anunció que la provincia avanzará con la micromedición, aunque el plan será a cuatro años, y además es casi un hecho que se darán de baja subsidios que hoy alcanzan a carenciados y jubilados, en otra muestra, como ocurre a nivel nacional, de recortes de aportes públicos para el funcionamiento de las empresas de servicios. Esa quita no está en manos de Richard Bataggión, el titular de Aysam, sino que depende de la subsecretaría de Desarrollo Social.

No hay números precisos acerca de cuantos de los 20.000 usuario que hoy no pagan el agua deberán comenzar a hacerlo. Pero se anticipa que la cantidad será importante.

Le costó al gobierno de Alfredo Cornejo avanzar en el reemplazo de los subsidios por una tarifa social para el agua, como se anunció. Lo mismo que en otra decisión clave: la eliminación del Ente Provincial de Saneamiento (EPAS) o su transformación en un superorganismo de control de las empresas de servicios públicos junto al EPRE, quien está a a cargo del control de las empresas de luz.

Los aumentos en la tarifa del agua cumplieron los requisitos legales. Aunque sonaron a farsa: el EPAS está en manos de un dirigente demócrata ligado a Bataggión, Mario Draque, y lejos de ser un organismo de control de Aysam, funcionó casi una herramienta política del Gobierno.

Veinte años de desmanejos

El principio de los problemas comenzaron a desatarse tras la privatización de Obras Sanitarias Mendoza y como consecuencia de la crisis de 2001. Tratando de no profundizar más el malhumor social, el entonces gobernador Roberto Iglesias congeló las tarifas y eso desencadenó una demanda millonaria y una puja entre el sector público y el privado que llevó años.

Esa discusión dejó sus consecuencias: como argumento del retraso tarifario, la empresa concesionaria francesa Saur Internacional dejó de cumplir con su plan de inversiones. Y por un período que fue más allá de los cinco años.

Al final de esa puja, ya durante el gobierno de Julio Cobos, se firmó una carta de entendimiento en la que el Estado se comprometía a una revisión tarifaria a cambio del cumplimiento del plan de obras.

Pero esa alternativa nunca llegó a concretarse. Celso Jaque, en 2009 y subido a una ola de reestatizaciones del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, avanzó en la quita de la concesión y en la conformación de la sociedad con participación mayoritaria del Estado que conocemos hoy.

Uno de los argumentos técnicos de aquél entonces fueron los estudios del Ente Regulador, de la UNCuyo y de la Universidad Tecnológica Nacional, para quienes el déficit de inversión por parte de OSM en manos privadas había sido de $76 millones. En tanto que la provincia, en los meses de la crisis, había suspendido la aplicación de la actualización tarifaria por una suma de $18 millones.

La medida le costó una demanda millonaria de los franceses contra el Estado nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por U$S132 millones.

Esto como consecuencia de los perjuicios de la devaluación argentina, la falta de actualización de tarifas y por la decisión de Jaque de quitarles el control de la empresa.

Argentina perdió ese juicio en 2016 y deberá pagar U$S136 millones. Desde hace más de un año se negocia si quien paga es la Nación o la provincia a través del descuento de la coparticipación.

Desde que la empresa fue reestatizada en 2010, nunca logró igualar sus gastos con sus ingresos y como consecuencia se fueron autorizando sucesivos aumentos de tarifas que, sumados, alcanzaron el 358%.

Los incrementos jamás alcanzaron para equilibrar los números de la empresa y solo sirvieron para financiar salarios. De esta forma se fueron acumulando sucesivos rojos operativos que fueron cubiertos por subsidios estatales.

Durante 2010 se superó ampliamente el déficit previsto de $35 millones, en 2011 los números no cerraron en más de $22 millones y en 2012 faltaron cubrir algo más de $50 millones. En 2013 los gastos superaron a los ingresos por $58 millones, en 2014 el déficit llegó a los $80 millones.

Ya en la gestión de Cornejo, la situación no cambió. En 2016 el déficit fue de $90 millones, en 2017 bajó apenas a $89 millones y para este año se espera que esa cifra trepe a los $365 millones, según el presupuesto aprobado por el directorio.

El panorama de la empresa tiene otros asuntos por resolver: si bien la calidad del agua se logró mantener en niveles óptimos, las redes (sobre todo de cloacas) están, como se sabe, más allá del borde del colapso.

El sistema de colectoras cloacales tiene una extensión de 2.955 kilómetros. Y para la propia empresa solo el 45% está en buen estado. De ese porcentaje el 35% está en malas condiciones, el 6% en estado regular y el 12% en un estado "desconocido".

Anta la consulta directa del estado de la red de clocas, Aysam no duda hoy en reconocer que al menos deberían repararse o renovar unos 700 kilómetros de esa red en el Gran Mendoza.

La falta de inversión golpeó fuerte. En marzo de 2011, meses después de la reestatización, la Legislatura autorizó a AYSAM a endeudarse en U$S 160 millones y, en aquella oportunidad , Jaque planteó un cronograma de inversión por etapas en un período de diez años y en los primeros dos el dinero iba a ser destinado a obras de emergencia.

Este plan se cumplió en cuentagotas. Del aquél endeudamiento autorizado solo se tomaron hasta ahora $251.000.000. En infraestructura, Aysam tiene en la actualidad una necesidad de financiamiento de $1.000 millones.

Parte del problema estuvo también en los manejos políticos de los últimos años. Y sobre todo del gobierno de Francisco Pérez.

Una porción del endeudamiento autorizado para la empresa, fue utilizado para cubrir el rojo en las cuentas públicas y recién en los últimos meses de 2015 se lo destinó para que Aysam pudiera encarar algunas obras.

Ante la fata de financiamiento, el Estado tuvo que apelar a destinar fondos de la soja para poder hacer muchas de las obras imprescindibles para que las cloacas no desborden y los viaductos no se sigan rompiendo.

Pérez fue asimismo quien reforzó la pata gremial dentro de la empresa, encarnada por el Sindicato Unico de Personal de Obras Sanitarias (SUPOS), situación que se modificó con el cambio en el poder mendocino de 2015.

El sindicato quedó prácticamente a cargo del manejo de Aysam luego que se decidiera que el titular del sindicato, Daniel Canone, ocupara en aquél entonces el sillón de Gerente General.

La participación del SUPOS fue clave en la pelea con los franceses de Saur durante la pelea por la reestatización y aquél ascenso posterior implicó un cambio fuerte en la conducción de la empresa, ya que se terminó quedando con el manejo de la cuestión operativa durante algún tiempo.