Opinión Reformas

Las sombras sobre el plan de Cornejo para cambiar la Justicia

El nuevo sistema de Fuero Penal Colegiado arrancó con varios tironeos que no solo se dan a nivel de la Corte y del Poder Ejecutivo, sino que atraviesan a todo el sistema y dejan en la sombra algunos aspectos clave de una reforma en dónde el Gobierno solo ve claridad.
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Marcelo Arce

Las sombras sobre el plan de Cornejo para cambiar la Justicia(Gobierno de Mendoza)

Las sombras sobre el plan de Cornejo para cambiar la Justicia | Gobierno de Mendoza

El mundillo de la Justicia fue testigo de la escena del miércoles en Tribunales entre Alfredo Cornejo y Omar Palermo, cuando el Gobierno logró poner en marcha su plan para intentar agilizar los procesos penales en Mendoza.

Uno de los jueces más enfrentados políticamente con el gobernador, Palermo, no quiso subir al estrado para compartir, como integrante de la Sala Penal 2, el anuncio de la puesta en vigencia de la ley 9040 que instaura el Fuero Penal Colegiado y cambia de raíz el funcionamiento de esta parte del Poder Judicial.

La encargada del protocolo insistió un par de veces ante el juez, pero fue imposible. Palermo no quería aparecer pegado al gobernador en el arranque de un sistema que, como especialista en derecho penal, no comparte.

Fue el juez de la Corte más cercano al gobernador, José Valerio, quien tomó el micrófono y expuso a Palermo ante el auditorio: "Por favor, acérquese", le pidió y, un tanto incómodo, el magistrado se levantó de su silla, caminó unos pasos, le dio la mano con gesto adusto a Cornejo y terminó presidiendo él también el acto con cara de pocos amigos.

Luego del episodio el propio Gobierno dio su propia versión: que fue Cornejo en realidad, el que no quiso que subiera Palermo y que, si no hubiese sido por la intervención de Valerio, solo él y su juez preferido habrían encabezado el lanzamiento. Cualquiera de las dos situaciones marca una realidad.

El nuevo sistema de Fuero Penal Colegiado arrancó con varios tironeos que no solo se dan a nivel de la Corte y del Poder Ejecutivo. Sino que atraviesa a todo el sistema y que dejan en la sombra algunos aspectos clave de una reforma en dónde el Gobierno solo ve claridad.

La idea de implementar los "juzgados plurales" comenzó a tomar forma en la cabeza de Cornejo desde antes de la campaña electoral de 2015 y fue una de las propuestas del actual gobernador en aquella elección.

La norma modifica el rol de los juzgados y tribunales penales, que los transforma en cuerpos "plurales". Desde junio, las actuales Cámaras del Crimen se transformarán en Tribunales Penales Colegiados, y los Juzgados de Garantías, Correccionales, de Flagrancia y de Ejecución Penal, en Juzgados Penales Colegiados.

Los jueces van a dejar de tener potestad restringida solo a "sus causas" y podrán intervenir en otros procesos para decidir. Todos deberán estar disponibles para atender causas de las distintas competencias: flagrancia, garantías, correccional y ejecución penal. En ese sentido, la ausencia de un juez no implicará la suspensión de la audiencia, pues una oficina administrativa será la encargada de proponer a otro magistrado para su reemplazo.

El cambio central está en que se les quita a los jueces la responsabilidad de las tareas administrativas, dejarán de ser amos y señores de cada uno de sus juzgados y la distribución de las audiencias se hará a través de esta Oficina de Gestión de Audiencias Penales (OGAP), con un administrador destinado para ese trabajo.

Si bien habrá una de estas dependencias por cada uno de los juzgados plurales, el cargo del coordinador general será clave.

Y aquí surge uno de los primeros puntos. La ley establece que será la Suprema Corte quien defina quién ocupará ese cargo, con el limitante de que deberá ser un magistrado surgido del mismo fuero penal el elegido. En realidad hoy no es la Corte en pleno quien está detrás de la selección de ese nombre, sino Valerio, el juez que encarna la reforma que quiere el gobernador.

El nombre todavía no está y la definición podría estirarse hasta junio, cuando los cambios terminen por alcanzar a las actuales Cámaras del Crimen. Sin embargo ayer se supo que esa designación podría conocerse "en poco tiempo".

Otras de las dudas es cómo funcionará el sistema informático que definirá las designaciones de los juzgados. La Corte está trabajando sobre el desarrollo de un nuevo software, aunque la reforma se terminó implementando "a la mendocina".

Por ahora convivirán los dos sistemas actuales, FOX y MP, y no se alcanzará el ideal de que todos los jueces sean asignados a través de un sistema informático nuevo. Para una provincia que recién el año pasado comenzó a enviar notificaciones digitales, el desarrollo de este nuevo software aparece como inalcanzable todavía.

El cambio cultural que debería abarcar a todo el Poder Judicial, jueces, empleados y abogados, será fundamental.

Antes de jurar en el máximo tribunal, una polémica licencia pedida por José Valerio hizo caer, en agosto de 2016, un juicio que se ventilaba en la Segunda Cámara del Crimen para establecer si se trataba o no un caso de gatillo fácil por parte de la Policía la muerte de Lucas Carrasco, en un partido de Independiente Rivadavia. Valerio había pasado parte de enfermo, pero ese mismo día apareció dando clases en la Universidad.

Una año después Viviana Espina, la madre de Lucas, se quitaba la vida en el Acceso este sin haber encontrado nunca justicia por la muerte de su hijo.

Quien está a cargo de liderar hoy la reforma es el mismo hombre que, hace dos años nada más, hacia uso de los vicios del sistema que ahora se quieren desterrar. El cambio cultural necesario debería empezar por ahí.

En este mismo sentido, hay algo que preocupa hasta al propio Gobierno. Para que todo el proceso tenga éxito en la búsqueda de la agilidad, se deberá ser muy estricto el cumplimiento de los horarios pautados de las audiencias.

Si los tiempos pautados se extienden, sostienen, se pondrá en riesgo toda la ingeniería de sorteos de jueces que ya tendrá algunas falencias por lo rudimentario del sistema informático. Aquí el cambio cultural deberán aplicarlo tanto magistrados como abogados defensores.

Otra cuestión fundamental. Las causas avanzarán de otra manera, si la Justicia mendocina logra mejorar la investigación penal preparatoria. Es decir, si consigue elevarlas más rápidamente a juicio luego de una tarea de instrucción mejor y más expeditiva.

La barrera en este punto aparece como infranqueable sin una Policía Judicial adecuada para tal fin.

Un cuerpo de investigaciones de este tipo se viene discutiendo en la provincia desde hace veinte años y fueron varios los gobiernos que prometieron formarlo y no cumplieron.

Alfredo Cornejo no será la excepción a la regla. Difícilmente lo conseguirá en el mediano plazo por una cuestión sencilla: no hay recursos.Y además porque a los policías actuales, pendientes de no perder privilegios y beneficios como los adicionales por servicio, tampoco les interesa pasar de un cuerpo a otro.

Los abogados penalistas

Palermo es quizás la cara visible del malestar y las críticas de los penalistas hacia los cambios.

Pero las voces en contra ya se vienen escuchando desde hace tiempo.

La más fuertes se escucharon a principios de marzo en el ámbito del Colegio de Abogados y procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

La reforma de la ley procesal fue el centro del debate de la Comisión de Derecho Penal del Colegio, discusión encabezada por los abogados Daniel Sosa Arditi, Eduardo de Oro y Fernando Luquez.

Podrá suponerse un perfil político de algunos de los asistentes. Y con cierta razón. Pero uno de los expositores principales ante esa comisión fue Oscar Dimas Agüero, de los más importantes penalistas de Mendoza, quien resultó una de las más duros a la hora de las críticas.

¿Que plantean ellos? Varias cuestiones. Y algunas de ellas, de gravedad.

Una crítica está fundamentada en la preocupación por una posible quita de facultades a la defensa para plantear recursos y apelaciones en el proceso. Cosa que los deja en desventaja con relación al Ministerio Público Fiscal. Los abogados creen que la reforma les quita posibilidades defensivas a los acusados.

Otra. Para ellos, la agilidad de los procesos le quitará profundidad a las sentencias de los jueces. Fallos más rápidos, sostienen, serán fallos de menor calidad.

Pero hay un par más de críticas, que mezclan las cuestiones jurídicas con las políticas, que es más preocupante.

En el Colegio de Abogados rondó la visión de que esta reforma es nada mas que otro paso del gobernador para tomar el control definitivo de la Justicia.

Hay dudas por el sistema de sorteos de jueces, luego de la historia ya conocida  durante el kirchnerismo y sus intentos de manipulación de la designación de los jueces federales en las causas que los involucraba.

Algunos planteos de inconstitucionalidad ya asoman, porque se estaría violando el concepto contemplado en la Carta Magna de "juez natural". Es decir, se pasaría a un sistema en donde un juez podría ser designado de acuerdo al delito que se haya cometido

Hay un claro ejemplo de este peligro. El 50% de los jueces mendocinos entiende que ante el delito de tentativa de homicidio el acusado debería estar preso. Pero la otra mitad sostiene lo contrario.

Los especialistas en derecho penal sospechan que el sistema, tal como está armado, permitirá al administrador de la ONGAP (que será designado por Valerio en definitiva) terminar decidiendo que juez subrogará en caso de que se presenten recusaciones o pedidos de inhibición.

En trazos gruesos, en el nuevo Fuero Penal Colegiado, si un juez es recusado por las partes, el administrador de la ONGAP decidirá su reemplazo tomando en cuenta solo criterios de carga de trabajo en su juzgado. No otro.

Cerca de Valerio minimizan esto. "No cambia nada de cómo funciona la Justicia hoy, que este tipo de cuestiones las resuelve el Director de Personal. Ahora, por lo menos, va a haber una persona que se haga responsable" , dicen, en referencia al coordinador de la ONGAP.

Hay un elemento que sí sustenta la mirada política sobre la reforma y es la próxima eliminación de la Octava Cámara del Crimen, como ya se sabe, enfrentada desde lo ideológico con Cornejo.

Este tribunal de apelaciones tuvo un perfil definido con respecto a determinadas causas penales que al gobernador no le gustaron y nunca ocultó ese enfrentamiento.

Ahora, o mejor dicho desde junio, todas las cámaras y los jueces que actualmente las integran van a resolver las apelaciones y sobre cualquier causa.

¿Cómo garantizar -alzaron la voz en ese encuentro los penalistas- que en terminada apelación el Ministerio Público (Alejandro Gullé, ligado también a Cornejo) recuse a un juez y este sea reemplazado por otro que se ajuste a los criterios del Gobierno?

La respuesta, que ellos se autocontestaron, fue dura. "Menen quiso controlar la Justicia ampliando los miembros de la Corte, como Cornejo. Los Kirchner, controlaron a la Justicia federal durante años con los sorteos de los jueces, como quiere Cornejo".