Las pensiones son una cuestión de Estado

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José Luis Ramón

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Las pensiones son una cuestión de Estado(Mathias Guijarro/ Mediamza.com)

Las pensiones son una cuestión de Estado | Mathias Guijarro/ Mediamza.com

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El otorgamiento de las pensiones; a nuestros mayores, personas con discapacidad y/o cualquiera de las causales que las habilitan, tienen por objeto, a partir de reconocer en ellos una disminución de sus capacidades; una asistencia económica que le permita una vida en sociedad con el mínimo de los estándares de calidad.

¿Quiénes son los que tienen derecho de acceso a esta prestación?

Toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral.

El otorgamiento de la pensión, necesariamente tiene que contar con requisitos que la hacen viable, cuyo cumplimiento lo efectúa el Estado a través de su órgano de control, y lo disponen las leyes N° 24.901 y 22.413.

El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho ministerio indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.

El certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.

Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias adheridas a la Ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan por reglamentación.

El mantenimiento en el tiempo del beneficio, reconoce, también necesariamente, que subsista la causal que le dio origen, y el Estado tiene todas las herramientas necesarias para verificar y controlar la recuperación del discapacitado. Y en los hechos; la Ley, prevé, que cuando una persona con discapacidad presente signos de evolución favorable, deberá orientarse a un servicio que contemple su superación.

De manera tal, que antes de tomar la arbitraria decisión, por parte de la Ministro de Desarrollo Social de quitar indiscriminadamente el derecho adquirido de miles de ciudadanos de nuestra patria que requieren de la aplicación de la Ley de discapacidad, por la supuesta existencia de casos puntuales de abuso al sistema; debió previamente citar, notificar, de manera individual a ser analizado caso por caso, la actualidad de la persona que goza del beneficio. Y no primero desapoderarlo, para verificar su actualidad.

Hacerlo de otra manera es la manera más burda de abuso de autoridad, que saca del medio el principal valor que debe inspirar la convivencia en sociedad que es EL RESPETO; y máxime cuando se trata de nuestros mayores y personas con capacidades diferentes.

Señores funcionarios del Ministerio de desarrollo de la Nación; ejerzan su autoridad; citen a aquellas personas que consideren sospechosas de fraude al Estado, pero no le falten el respeto a los ciudadanos