Las comunidades originarias reclaman legítimamente la prórroga de la Ley 26.160

Avatar del

Graciela Cousinet

1/2
Las comunidades originarias reclaman legítimamente la prórroga de la Ley 26.160

Las comunidades originarias reclaman legítimamente la prórroga de la Ley 26.160

Las comunidades originarias reclaman legítimamente la prórroga de la Ley 26.160

Las comunidades originarias reclaman legítimamente la prórroga de la Ley 26.160

Esta semana recibimos en Buenos Aires a las comunidades originarias de Mendoza y el resto del país que reclaman la prórroga de la Ley 26.160.

El Artículo 1° de la Ley Nacional 26.160 sancionada en noviembre de 2006 establece: Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años. Debemos realizar, al menos, tres observaciones.

En primer lugar, la presente ley condice con el espíritu de nuestra Carta Magna, ya que la misma determina: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. (Art. 75, Inciso 17 Constitución Nacional).

En segundo lugar, la ley 26.160 fue prorrogada en dos oportunidades, en 2009, mediante la ley 26.554 y en 2013, por la sanción de la ley nacional 26.894. Ambas prórrogas presentan la misma causa, lo referente al Artículo 4°: Créase un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), que se asignarán en 3 (TRES) ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES). Durante el primer cuatrienio este artículo NO se cumplió, lo cual le dio lugar a la primera prórroga. Tampoco se cumplió en el plazo de 2013 y actualmente ¿se han respetado cabalmente los artículos?

Por último, desde hace un tiempo se viene llevando a cabo una "campaña" de deslegitimación de los derechos de los pueblos originarios. Son de público conocimiento frases tales como "los mapuches son chilenos" (frase falaz, plagada de anacronismo), o el desafortunado comentario del Ministro de Educación, Esteban Bullrich en Choele Choel, "esta es la Nueva Campaña del Desierto", hace ya un año...

En conclusión ¿por qué una ley no se cumplió en los tiempos establecidos? ¿Por qué el Estado no ha podido garantizar desde 2006 lo estipulado en la ley? ¿Qué intereses están jugando? Los problemas visibilizados en estos últimos tiempos, los conflictos reiterados en la Patagonia, la desaparición de Santiago Maldonado y la quema de casas denunciada luego de la protesta contra el Juez en Vuelta del Río - Chubut, nos obligan a tomar conciencia ¿Qué vale más el paradigma que promueve la propiedad privada o el respeto por el derecho a la tierra de los pueblos originarios? Es, realmente necesario prorrogar nuevamente la ley, para analizar, debatir y dialogar, sobre todo con los pueblos originarios. El Estado debe garantizar los derechos de todas las personas, no bregar por los privilegios de algunos pocos.