La lógica del dedo en el gatillo

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Martín Correas

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La lógica del dedo en el gatillo

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La lógica del dedo en el gatillo

Me tomo el atrevimiento de pedir prestado el título del reciente libro del periodista Gerardo "Tato" Young para hacer algunas reflexiones acerca de la situación político-judicial del año parlamentario que comenzará en pocas semanas.

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Es sabido que el gobierno nacional tiene puesto el ojo en la justicia federal desde bien iniciado su gobierno. Y está bien que así lo sea, ya que es allí donde reside en gran parte el malestar que padecen las instituciones argentinas desde hace décadas. Tenemos un poder judicial que no ha sido capaz de actuar como esa fuerza de contrapeso que imaginó Montesquieu, haciendo la vista gorda a la corrupción, al avasallamiento de la república y básicamente a todo aquello que fuera en contra de los intereses del poder de turno. A esto es a lo que se refiere Young en su "Libro negro de la justicia", el poder coactivo que ejercen los jueces sobre los funcionarios del poder público, el dedo apostado sobre el gatillo amenazando con un mal que podría destruir todo.

En la agenda parlamentaria de este año hay dos cuestiones que se vislumbran como los caballos de batalla de Cambiemos en el frente judicial.

El primero y probablemente el que más cobertura ha tenido y tendrá, es la elección del próximo Procurador General. Al respecto es sabido que el oficialismo del Senado se verá forzado a intentar un acuerdo con el PP (Peronismo de Pichetto), fuerza mayoritaria -por muy poco- en esa Cámara. Los nombres se mantienen bajo llave y solamente se escuchan algunas voces sobre quienes tienen reales chances de suceder a la Dra. Gils Carbó.

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Ahora, pareciera ser la ocasión propicia para dejar de lado los partidismos y reflexionar sobre lo que la última conducción del Ministerio Público nos dejó. Se colocó a una militante en uno de los puestos de mayor relevancia en lo que al sistema judicial se refiere. El Ministerio Público se encarga, según el diseño constitucional, de "promover la actuación de la justicia" y tal tarea debería recaer en una persona que cuente con la trayectoria y los "papeles" necesarios, más allá de su identificación política. Espero que esta apariencia de madurez que expone el PP en el Senado termine de mostrarse como algo simplemente coyuntural y se transforme en una primera etapa de evolución real de nuestro sistema institucional.

El segundo tema que creo va a ser importante es el referido a la reforma de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ese órgano fue importado de Europa por los constituyentes de 1994 que decidieron adoptarlo como una forma de "sanear" a la justicia federal de la politización y dotarla de mayor independencia. A las pruebas me remito. Nada de eso sucedió. Todo lo contrario. Se abusó en todo momento de las representaciones políticas y lo que antes hacían 72 senadores lo pasaron a hacer unos pocos, pero en representación de los mismos intereses y con los mismos vicios.

Este órgano sigue intentando encontrar su madurez. La primera ley que reglamentó el mandato constitucional fue sancionada en 1997. Luego se sucedieron distintas modificaciones en los años 1998, 2002, 2004, 2006 y 2013. Probablemente la más recordada es justamente esta última, ya que se trató de una de las leyes aprobadas para "democratizar" la justicia, apelando a la elección popular de los miembros del Consejo (que son en definitiva quienes eligen a los jueces). Llama la atención la cantidad de veces que se ha modificado la ley que rige al órgano encargado de la elección de quienes manejan el sistema judicial (también es llamativo el hecho de que, si se analizan los años en que se reformó la ley, el partido gobernante siempre fue el mismo). No quisiera dudar de la vocación republicana y democrática de quienes impulsaron y votaron todas esas normas, pero en este caso me cuesta creer que no existieron pasiones distintas guiando a esos dirigentes.

La reforma de la ley del Consejo es una herramienta ideal para el manejo de la justicia. Desde allí se tejen y maquinan los destinos de uno de los poderes en los que se divide nuestro sistema (no quisiera pasar por alto el rol que cumple la Corte Suprema de Justicia y su presidente en todo este embrollo, pero no va al caso).

Ello así, y como mera expresión de deseo, espero que se trate la reforma -que en este caso deviene necesaria ya que luego de un infructuoso paso por los tribunales, algunas de las normas mencionadas fueron finalmente declaradas inconstitucionales- con la seriedad y responsabilidad que se merece. No puede seguir viéndose al Consejo y al Poder Judicial como botín de guerra. Ese sistema no ha hecho más que retroalimentar la lógica del dedo en el gatillo. O se termina con todo lo anterior y pasamos a una nueva etapa de refundación de las instituciones o simplemente mantenemos la dinámica descripta y nos resignamos al fracaso institucional y de la república.

 Martín Correas

Abogado