La disminución del subsidio a las tarifas no fue para disminuir el déficit fiscal

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Eduardo Difonso

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La disminución del subsidio a las tarifas no fue para disminuir el déficit fiscal

La disminución del subsidio a las tarifas no fue para disminuir el déficit fiscal

La disminución del subsidio a las tarifas no fue para disminuir el déficit fiscal

La disminución del subsidio a las tarifas no fue para disminuir el déficit fiscal

La disminución del subsidio a las tarifas no fue para disminuir el déficit fiscal

La disminución del subsidio a las tarifas no fue para disminuir el déficit fiscal

 Significó una brutal transferencia de recursos (U$S16.500 millones de dólares) de los usuarios y consumidores a las empresas concesionarias de los servicios de gas y electricidad, de los cuales U$S8.250 millones recayó sobre las familias argentinas(usuarios residenciales), según informe del economista en jefe de FIEL, Fernando Navajas.

Por ello, el proyecto de ley de "razonabilidad en las tarifas de servicios públicos pasa a tener sustento técnico-económico y razonabilidad en el planteo.

Las preguntas obligadas que surgen son:

¿Estamos frente a otro error en la gestión o es una decisión consciente basada en la filosofía política del gobierno PRO-RADICAL?

¿Este tipo de medidas no certifica acaso, que se está gobernando en beneficio de los sectores que más concentran el poder económico?

¿Por que no se les exige a las empresas concesionarias de estos servicios vitales que inviertan parte de esas rentas extraordinarias en infraestructura de ampliación para que más argentinos accedan a esos servicios?

Y otras tantas preguntas que seguramente se le ocurrirá a los lectores como por ejemplo: Si la Fundación ALEM representa el pensamiento estratégico energético de la UCR ¿ El Radicalismo comparte estas decisiones del presidente Macri? Difícil de creer ya que sus propios técnicos e intelectuales les están demostrando que el resultado de los Tarifazos no se invierte en reducción del déficit fiscal.

Con la amenaza del veto presidencial si la ley fuera sancionada. Y, con la idea de acelerar la meta de reducción del déficit fiscal primario para este año (de 3,2 a 2,7% del PBI), el gobierno PRO-RADICAL ratifica que no habrá cambios en la decisión de reducción de subsidios a través de ajustes reales en las tarifas.

El proyecto, con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, prevé anular y retrotraer a noviembre de 2017 los aumentos en electricidad, gas natural, agua y cloacas, trasporte de pasajeros y peajes en rutas nacionales y aplicar hasta 2019 dos formas diferentes de actualización:

- el coeficiente de variación salarial (CVS) para los consumos residenciales

-el índice de precios mayoristas (IPM) para Pymes y cooperativas de trabajo.

Esta iniciativa fue tildada de demagógica, de imposible aplicación o implementación, de cumplimiento imposible y carente de razonabilidad económica, culpando a los autores de la iniciativa por su irresponsabilidad republicana de presentar un proyecto sin especificar de dónde saldrán los fondos para cubrir el déficit estatal que producirá.

Resultó ser que el Jefe de Economista de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), Fernando Navajas expuso en un evento organizado por la Fundación Alem sobre"Energía. Actualidad y Perspectivas", el 24 de abril de 2018, dejando claro que la quita de subsidios a la energía no es otra cosa que una "operación de transferencia colosal de ingresos desde la demanda, equivalente a 5 puntos del PIB, recayendo la mitad sobre las familias (sic)". cuantificando esa transferencia en U$S16.500 millones de dólares, de los cuales U$S8.250 millones recayeron sobre los usuarios residenciales.

Es decir que la eliminación de subsidios no fue aplicada a la reducción del déficit fiscal, muy por el contrario, "es similar a un ajuste fiscal por suba de impuestos que a un ahorro de gasto público", dijo Navajas, agrega además una transferencia de recursos desde los consumidores a la cadena de valor energética lo que significa una carga equivalente impositiva sobre los usuarios consumidores de esos servicios de miles de millones de dólares que se transfirieron directamente a las empresas explotadoras, generadoras, transportadoras y distribuidoras de esos servicios energéticos de gas y electricidad.

Por lo tanto, si esos dineros no fueron para reducir el déficit fiscal tampoco pueden generar o profundizar o afectar en más el mencionado déficit, con el proyecto de ley de retrotraer a diciembre el aumento tarifario simplemente se estaría restituyendo la razonabilidad de la rentabilidad de las prestadoras de estos servicios.

También el economista Jefe de FIEL afirmó que existe la necesidad de recrear el mercado mayorista de estos servicios definiendo el costo de generación y/o extracción de los recursos naturales involucrados, como así también los de Transporte y Distribución (cadena de valor energética según el economista nombrado).

No es equitativo ni justo aplicar actualizaciones inflacionarias ni indices de indexación para determinar costos y, en consecuencia, cuadros tarifarios ya que ese método conduce a errores muy significativos.

Debemos aclarar que de acuerdo a sus apreciaciones, en diciembre del 2017 ya se habían recuperado el 75% de la tarifa de gas y entre el 72% y 73% de la de electricidad y al no respetar una transición más gradual esos incrementos no serán sustentables en el tiempo.

El economista de FIEL propuso que el gobierno debería tender hacia equilibrios múltiples, una coordinación macroeconómica más explícita y definir institucionalmente qué reglas se aplicarán para la formación de precios mayoristas de la energía y las tarifas, ya que la indexación para la próxima etapa no contribuye a mejoras de eficiencia para reducir costos, altos cargos fijos y simplificar la estructura tarifaria. (sic).

Ante este informe técnico de un representante de FIEL, organismo muy respetado por lo serio y confiable de sus análisis económicos y, teniendo en cuenta cómo está formado su Consejo Directivo y quienes integran sus órganos internos, el argumento o NUEVO RELATO del gobierno del Ing. Macri deja de tener sustento y aparece como razonable el criterio de reducir rentabilidad extraordinaria de las empresas concesionarias de aquellos servicios públicos.

A continuación mencionamos algunos nombres de quienes integran esta Fundación:1) Consejo Directivo: como vicepresidente tercero Teófilo Lacroze, CEO de Shell; 2) Consejo Consultivo figura José M. Dagnino Pastore, ministro de Economía de Onganía y Bignone; 3) Académico figuran, al frente del listado, Ricardo López Murphy, Miguel Kiguel, Manuel Solanet. En vocales, Cristiano Rattazzi, Rodolfo Roggio y el presidente de la SRA ( Sociedad Rural Argentina).

Según el Observatorio de la Energía, Tecnología e

Infraestructura para el Desarrollo (OETEC-ID)

Al listado de críticas al tarifazo desde las propias entrañas del modelo se suma ahora nada más ni nada menos que FIEL. (FIEL, creada en 1964 por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina).

¿Qué es FIEL? Conjuntamente con las universidades del CEMA y de Torcuato Di Tella -con las cuales ha suscripto diversos tipos de convenios-, se trata de la principal y más representativa usina ultra-conservadora de la República Argentina y entre las más importantes de América Latina.

En efecto, el economista jefe de la mencionada organización, Fernando Navajas, planteó, días atrás en evento organizado por el centro de estudios energéticos de Jorge Lapeña (UCR), que la quita de subsidios a la energía no es otra cosa que una "operación de transferencia colosal de ingresos desde la demanda, equivalente a 5 puntos del PIB, recayendo la mitad sobre las familias (sic)". El economista ubicó esa transferencia en U$S16.500 millones de dólares.

Fuente: Fundación Alem. "Energía. Actualidad y Perspectivas", 24 de abril de 2018. Fernando Navajas, de FIEL, en el evento del centro de estudios de Lapeña, en el momento preciso de explicar a los participantes -entre ellos, al propio Aranguren- que la reducción de subsidios entre 2016 y 2017 no redujo el gasto público, sino que en realidad se trató de una suba de impuestos por 16.500 millones de dólares (equivalente a 5 puntos del PBI) en cabeza de los usuarios, quienes transfirieron dicho monto a las empresas.

Del evento en cuestión también participó el propio CEO-ministro Aranguren. En la imagen que sigue, foto tomada durante el encuentro aquí analizado, se confirma esa presencia:

Fuente: Fundación Alem. "Energía. Actualidad y Perspectivas", 24 de abril de 2018.

Nos preguntamos: ¿Por qué será que Aranguren no opinó de FIEL que, como la oposición, también hace demagogia con el tarifazo? ¿Será porque hasta diciembre de 2015 el propio Aranguren fue miembro de FIEL? ¿Será porque Teófilo Lacroze, actual CEO de Shell Argentina, es su vicepresidente 3ero?