Justicia de familia: Un campo minado al que hay sortear rápido pero bien

De las reformas en la justicia que encara con énfasis la gestión Cornejo, una de las más sensibles y con "menos prensa" es seguramente la del Código Procesal de Familia que se aprobó ayer por unanimidad en el Senado. Adopciones en menos de un año y divorcios exprés, como símbolo de un aggiornamiento que la sociedad reclama desde hace mucho tiempo. Y un doble desafío: aplicar la ley sin resignar empatía. 

Rubén Valle

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Si hay algo que estará fuera de discusión cuando Alfredo Cornejo deje el sillón de San Martín serán las reformas en el sistema de justicia de la provincia. Sintonizó así con lo que estaba -y está- en el aire: los mendocinos demandan desde años ha un mejor servicio de justicia en todos los ámbitos. 

Los cambios en el Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, el Código Procesal Laboral y el Código Contravencional (sin duda el que tuvo más eco y aún despierta polémicas), son parte de ese necesario aggiornamiento que ayer cerró con la aprobación -por unanimidad- del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar.
 
Este último es quizás el que menos prensa e impacto mediático tendrá pero que resulta medular para la resolución de conflictos por demás sensibles, de esos que definen y marcan la vida de sus protagonistas. 

En esa lógica de agilizar la Justicia de Familia, ahora se priorizará la oralidad y darle mayor protagonismo a la instancia de mediación. Muestra de ese estancamiento ya institucionalizado son los casos de padres que tardaban dos o tres años en volver a ver a sus hijos tras un divorcio o los reclamos de alimentos que superaban el año y medio.

Hoy el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM), creado en el 2001, sigue in crescendo. Actualmente son 1.103 los morosos en rojo.

El mecanismo que se aplicará una vez que esté plenamente vigente el renovado código consistirá en dos audiencias que contarán con la presencia de un juez. En cuatro meses como máximo deberá fijarse la audiencia final. Este es un proceso que, aseguran desde el gobierno, ya está mostrando efectividad en la Justicia civil.  

Según el texto aprobado, “el Juez debe evitar toda dilación o diligencia innecesaria y tomar las medidas pertinentes para impedir la paralización de las actuaciones”.

La Justicia de Familia y Violencia Familiar estará integrada por Cámaras de Familia y Violencia Familiar, Juzgados de Familia y Violencia Familiar, Juzgados de Paz, Ministerio Público Fiscal; Ministerio Público de la Defensa y Pupilar; Organismos auxiliares: Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario, Equipo Especializado en Violencia Familiar, Registro Provincial de Adopción y Cuerpo de Mediadores.

Humanizar el proceso

En este contexto de imprescindible actualización, las adopciones son uno de los aspectos más urgentes a resolver. Según el nuevo código, la consigna es que el proceso de adopción no supere en todas sus etapas los nueve meses (máximo un año) hasta la adopción definitiva. 

Como parte del Registro Provincial de Adopción está previsto que se abran delegaciones en cada una de las circunscripciones judiciales, las cuales coordinarán sus actividades con los órganos administrativos o el organismo que a futuro los reemplace.

En cuanto a los divorcios se definirán a gran velocidad ya que este puede ser unilateral con la presentación de cualquiera de las partes y expresándole la decisión a la contraparte. De esta manera, el juez primero los divorcia y posteriormente podrá continuar con la discusión por la división de bienes, el régimen de alimentos y demás temas a resolver. 

El proyecto aprobado destaca que "la reforma realizada en el derecho familiar, vigente desde agosto de 2015, refleja los cambios de la sociedad durante las últimas décadas, incorporando nuevas instituciones y reacomodando las existentes, con una visión pluralista e inclusiva, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los integrantes de la familia".

Han sido y son tan vertiginosos los cambios que experimenta la sociedad que el derecho no podía quedar rezagado y para esto ha sido el ámbito legislativo la caja de resonancia para aprobar reformas que de una u otra forma los ciudadanos demandamos. 

El proyecto del Ejecutivo expone argumentos que superan lo meramente técnico. Plantea que "en la mayoría de los casos, los conflictos familiares encierran una compleja problemática ya que involucran cuestiones de la vida íntima que muchas veces reflejan el fracaso de un proyecto personal y familiar; suelen desatar pasiones y enconos entre sus protagonistas (incluso espirales de violencia) de tal dimensión que generalmente trascienden el terreno de lo estrictamente jurídico". 

Con frecuencia, involucran los derechos de personas en condición de vulnerabilidad (niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces), lo que se traduce en litigios muy específicos, de naturaleza particular. "En otras palabras, la puesta en marcha del mecanismo procesal tiene como objetivo central resolver el conflicto, pero de un modo bastante distinto al típico proceso civil", apunta con certeza el texto de la norma. 

Estos cambios suponen jueces y abogados que estén a la altura de un desafío que claramente excede la letra fría y requiere de un nivel de empatía que no se adquiere en los libros ni en las academias.

La agilidad del proceso tiene que mensurar mucho más que tecnicismos sino la única que saldrá ganando será la estadística. Y eso, se sabe, puede servir para una campaña, pero nunca para quienes son los verdaderos protagonistas de vidas e historias por demás complicadas. 

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