Opinión Una investigación polémica

El último intento por encarcelar a Nélida Rojas

La fiscal Gabriela Chaves está decidida a avanzar. La decisión se conocerá en días, pero tiene sus riesgos.
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Marcelo Arce

El último intento por encarcelar a Nélida Rojas(Pachy Reynoso/MDZ)

El último intento por encarcelar a Nélida Rojas | Pachy Reynoso/MDZ

La fiscal Gabriela Chaves sigue convencida de que es capaz de llevar (otra vez) a la cárcel a Nélida Rojas y al resto de la familia que integran la Tupac en Mendoza.

En cuestión de días se tomará una decisión importante en ese sentido: la Fiscalía imputará a Rojas y los suyos por el delito de lavado de activos.

Si bien la medida ya está prácticamente redactada queda una duda que se analiza por estas horas entre Chaves y su jefe, el Procurador Alejandro Gullé: si avanzar con esta tipificación aún con el riesgo de que el lavado de dinero sea considerado un delito sujeto de investigación de la Justicia Federal.

El debate en la Procuración es claro: por un lado están quienes sostienen que, si el delito precedente es de órbita provincial, este es el fuero en el que debe ventilarse la investigación.

Pero también la otra mitad de la biblioteca considera que el lavado de dinero es siempre un delito de carácter federal.

Chaves podría terminar jugando un carta intermedia. Es decir, avanzar en la Justicia provincial y, en caso de que luego se resuelva, pasar todo lo actuado al fuero federal.

Dos antecedentes juegan a favor de la fiscal. Uno de ellos es la investigación en Jujuy sobre la Tupac Amaru que se lleva a delante sobre Milagro Sala, en dónde todas las actuaciones (incluso el delito de lavado) con investigadas por el fuero provincial.

Y el otro. Hace unos meses un ex funcionario de Viviendas de la Nación declaró en tribunales federales por esta causa y sostuvo que los fondos que llegaban a Mendoza para la construcción de viviendas sociales que manejaba la Tupac eran percibidos por el gobierno de Mendoza. Es decir que la estafa, entienden aquí, fue a la provincia y no a la Nación.

Se cual fuere el resultado, la noticia se conocerá en días nada más. Gullé entiende que la Procuración puso a disposición de Chaves la suficiente cantidad de recursos como para avanzar en la investigación (ayudantes de la fiscal, contadores y Buenos Aires) como para que se pueda concretar una imputación firme.

Hace poco más de un mes, la propia Chaves había decidido sumar más imputaciones a la líder de la Tupac Amaru así como también a otras 40 personas más de la organización destinada a la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales.

Cambió la figura jurídica y acusó a Rojas y los suyos por los delitos de estafa, coacción y extorsión, quitando del medio la asociación ilícita que, en la etapa procesal anterior, le valió a la fiscal un duro fallo en contra de la 8va Cámara del Crimen.

La fiscal terminó avocándose en las más de 180 denuncias que fue recolectando su fiscalía en estos últimos meses por parte de los afectados de la cooperativa de viviendas y con ese paquete repartió las nuevas imputaciones.

Lo que está en la mira de la fiscal es un cúmulo de delitos para determinar si se cometieron irregularidades en el manejo de más de $800 millones.

Con el desvió de parte de esos fondos, según la hipótesis de la Justicia, Rojas blanqueó una suma que rondó los $4,3 millones, a través del programa de Sinceramiento Fiscal lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 y habría utilizado también recursos de ese origen para pagar la multa correspondiente a ese blanqueo (el 15% de los bienes a blanquear) por una cifra de $580.000.

Los líderes de la Tpac en Mendoza, registrados en la AFIP como monotributistas clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año, son propietarios de autos, camiones, terrenos y otros inmuebles.

Bienes que, asimismo, fueron adquiridos entre 2010 y 2013, aunque el grueso se compró hacia finales de 2015 cuando la pareja de Rojas, Ramón Martínez, retiraba casi a diario del Banco Nación de Lavalle sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día.

En medio de toda esta movida de la fiscal, resta que se confirme otra pesquisa que tiene otros ribetes políticos.

Es una investigación sobre enriquecimiento ilícito sobre el intendente de Lavalle, Roberto Righi, quien siempre trató de despegarse de las maniobras de la Tupac a pesar el grueso de las desprolijidades en el manejo de los fondos pasaban ante sus ojos.

La línea investigativa sobre Righi se abrió a través de una denuncia anónima y Chaves halló, en una computadora secuestrada durante un procedimiento en la municipalidad de Lavalle, elementos como para avanzar sobre el jefe comunal.

Lo que se está aguarda desde hace un tiempo es un peritaje sobre la documentación hallada en esa computadora y allí se decidirá si avanzar o no. Pero aquí también la fiscal sabe que deberá medir sus pasos para no volver a equivocarse, fundamentalmente porque la denuncia que abrió esta vía fue anónima.