Opinión La furia por ampliar la Corte

El que grita más no siempre tiene razón

Indignado por el rechazo generalizado a su proyecto de ampliación de la Corte que a esta altura es obsesión, Alfredo Cornejo repartió acusaciones y ataques que, en buena parte, resultan falaces. El gobernador quiere ajustar el funcionamiento de la Justicia al de las políticas de su Gobierno.
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Marcelo Arce

El que grita más no siempre tiene razón(Alf Ponce / MDZ)

El que grita más no siempre tiene razón | Alf Ponce / MDZ

Acorralado desde lo político, Alfredo Cornejo buscó empujar contra la opinión pública a los que se oponen a su proyecto (ya a esta altura su obsesión) de ampliación de miembros de la Suprema Corte.

No es nueva la estrategia. Subido a la buena imagen que le marcan las encuestas, llamó seis veces "cobardes" a quienes no lo apoyan para un cambio institucional profundo que, a nueve meses de anunciado, el gobierno intenta llevar adelante en soledad. La política no lo apoya. Entonces buscó victimizarse ante la sociedad apelando a un berrinche inédito y repartiendo acusaciones, muchas de ellas, falaces.

No importa que varios de los miembros actuales de la Suprema Corte entiendan que el proyecto para llevar de siete a nuevo a los integrantes del máximo tribunal no es necesario para agilizar el funcionamiento de la Justicia. Tampoco que la vicegobernador le diga que no vale la vena el avasallamiento institucional para tratar de aprobarlo.

De los jueces, Jorge Nanclares lo respaldó en público al gobernador por esta idea. Pero Alejandro Pérez Hualde, quien ya pasó a retiro, no.

"No lo veo conveniente porque no creo que eso vaya a servir para solucionar los problemas de agilidad. Las razones son políticas.", dijo el juez el viernes, en su último día como tal.

Para él, el problema está en la Procuración. Es decir, en Alejandro Gullé, el primer hombre que Cornejo puso para transformar el funcionamiento del Poder Judicial."Lo que tenemos que hacer es trabajar en temas concretos, como fortalecer el equipo de defensores y fiscales", dijo, y desnudó parte de los argumentos de por qué el Gobierno entienden que tiene que haber dos jueces más en el tribunal: el atraso en las sentencias.

"Hoy, en nuestro instancia, que es la última, estamos al día, y en Civil y Comercial, que es lo que me toca, lo estuvimos en estos catorce años. No nos permitimos tener un plazo vencido. En el área Penal se encuentra con un mayor compromiso, pero está muy cerca de estar al día", redondeó.

El grueso de los miembros de la Corte apuntan a otro riesgo. No esperan que Cornejo les plantee una encerrona para habilitar su reelección. Pero están atentos a otro asunto.

Con más jueces propios en la Corte, el oficialismo tendría el control del Consejo de la Magistratura o del Jury (para remover jueces, por ejemplo) o de la Junta Electoral.

Pero para el gobernador, las críticas no importan. Desencajado, dijo que o bien mienten, o que los jueces que no quieren la ampliación responden a otros intereses.

"En temas laborales hay alguien que quiere tener un coto de caza. Voy a ser prudente porque no quiero hacer una guerra innecesaria. Pero que se dejen de joder con eso de que quiero manejar la Corte". No se atrevió a nombrarlo, porque de haberlo hecho la denuncia debería haberse convertido de inmediato en un jury de enjuiciamiento contra Mario Adaro.

Desde que la sesión de cayó el martes, el juez que fue ministro de Celso Jaque fue uno de los blancos de los radicales. A él le atribuyen la maniobra de haber convencido al diputado José Luis Ramón para que instruyera a sus legisladores a no dar quorum, más allá de que se habían comprometido a sentarse en sus bancas.

De manera evidente Cornejo buscó dejarlo pegado al juez de extracción peronista con la industria del juicio a través del vínculo que tiene en el fuero laboral con varios abogados desde hace mucho años.

Adaro respaldó hasta aquí todas las reformas en el Poder Judicial, pero puso sus reparos al proyecto de la controversia.Como Pérez Hualde, entiende que no es buena la ampliación desde el punto de vista del funcionamiento institucional a futuro.

Algo de lo que sospecha el Gobierno pasó. Alertado por el cambio de voto del diputado Guillermo Pereyra (un dirigente histórico del gremialismo vinculado a Adaro), Ramón y los suyos retrocedieron luego de que les advirtieran de que si contribuían a quorum, el proyecto se aprobaba.

Ramón y el diputado Mario Vadillo pasaron de aliados para favorercer la votación a "chantas" en pocas horas cuando se negaron a hacerlo. "Los ciudadanos le tienen que pedir explicaciones a los dirigentes políticos. ¿Por qué está llena de chantas la política de Mendoza en la que un día dicen una cosa como un diputado nacional y después cambian? Hay que decirles que no sean chantas y que profundicen y estudien".

En ese tren de jugar con la opinión pública a su favor, Cornejo y el peronismo se enroscaron en un "mentira-verdad". "Nosotros intentamos modificar el funcionamiento de la Corte. Lo hablamos con los intendentes. Lo que planteó Omar Félix era elevar de 7 a 11 el número de jueces, darle uno al Justicialismo, otro al Partido Demócrata para que Niven (Marcos) no se quejara y dos al radicalismo. Eso le propuso Felix a Néstor Parés y a Néstor Majul".

Félix utilizó su cuenta de Twitter para sostener que el gobernador mentía. Que no existió esa propuesta. Los dos testigos de cargo de Cornejo son su mano derecha en la Legislatura, Parés, el presidente de la Cámara además, y su operador político todoterreno, Majul, quien durante la semana intentó comparar la votación de la Corte con la del aborto, en el Congreso, que se definió por muy pocos votos en la Cámara de Diputados.

Algunas diferencias sustanciales entre una votación y otra. El debate por la despenalización del aborto se llevó adelante en comisiones y logró despacho luego de haber escuchado a más de 700 voces durante casi tres meses.

Cornejo presentó su proyecto de ampliación el 30 de octubre de 2017, el Senado lo aprobó con los votos de la UCR el 21 de noviembre y se apuró el trámite en Diputados para intentar tener la ley lista en diciembre de ese año. Si se paró, fue porque dos legisladores de Cambia Mendoza (Pereyra y Marcos Niven) se opusieron. El dictamen para tratar el tema en sesión especial de Diputados el martes pasado, se firmó en una hora y media.

Y la otra diferencia. La legalización del aborto estuvo acompañado por una movilización social (tanto a favor como en contra) que esta iniciativa carece.

Cornejo se quejó de las idas y vueltas de La Cámpora. "Intentamos en una conversación con Fernández Sagasti (Anabel) pero ella fue muy medida y me dijo que lo hablara con legisladores provinciales. No comprometió apoyo pero me dijo que le gustaría una mujer. Fue cuando hablamos de juicios por jurado. Hablamos con esos diputados que se separaron y comenzaron a cambiar de idea. Cuando llegó el recambio legislativo los legisladores se negaron a tratarlo".

Por supuesto que para el Gobierno la dispersión del peronismo es un problema. Pero hasta aquí no se lo puede acusar de haber frenado reformas en la Justicia. Con distinta cantidad de respaldos, el PJ votó las reformas de los Códigos Procesal, Penal y Civil. También la ley de la Procuración, del Defensor General, el Código de Faltas y hasta la ley de tenencia de Armas. 

En este paquete están los juzgados plurales, una de las transformaciones de peso que encaró el gobierno que en la Legislatura solo fue rechazado por la Izquierda.Con sus divisiones internas, el PJ también sumó votos a los dos postulantes que Cornejo mandó a la Corte: José Valerio y Dalmiro Garay.

Valerio naufragó en su trabajo de encabezar las reformas desde la cúpula de la Justicia. En agosto ingresará Garay, sobre quien las expectativas para que encare los cambios son mayores aún. Pero él mismo se autoimpuso un plazo: si no resulta, en un tiempo se irá.

Ya se sabe desde hace tiempo: Cornejo está convencido de que si no avanza a fondo, muchos de los jueces que hoy no están de acuerdo con su política de reformas lo estarán esperando al final de su mandato.

Y ya lo tenía decidido desde hace varios meses que no iba a parar en sus críticas públicas a los jueces cada vez que entendiera que sus fallos tienen un componente político o que le frenen sus intentos de reformas. 

En abril ya había llamado "vagos" a aquellos que no querían aplicar los cambios en el fuero penal. En Casa de Gobierno están seguros de que una parte de la estructura del Poder Judicial, sobre todos los jueces más antiguos, cumple sus tareas sin el agregado de un contenido ideológico. Pero creen que los magistrados más jóvenes, funcionan con una ideología vinculada a la aplicación del derecho que se transforma luego en militancia política al momento de dictar sentencia.

Cornejo quiere ajustar el funcionamiento de la Justicia al funcionamiento de las políticas de su Gobierno. Y para ello, la Suprema Corte es la clave. 

Francisco Pérez también entró en la bravata. "Cuando quiero modificar la Corte, la excusa es que quiero manejar la Justicia. ¡A Paco Pérez le hacía falta manejar la Corte. A varios gobernadores anteriores. A mí, no".

Si Pérez intentó en su momento manejar la Corte, fracasó, como en tantas otras cosas de su gestión. Y por dos cuestiones políticas medulares en aquél momento. Uno fue cuando intentó forzar su reelección. Pérez se subió a un globo de ensayo reeleccionista de Cristina Kirchner y buscó que el máximo tribunal avalara una interpretación de que estaban vigentes los procesos reformistas de la Constitución que se hicieron en 2001 y 2009 y que no avanzaron por el histórico fallo de la Corte de 1989, en donde se  sostuvo que no se había alcanzado la cantidad de votos positivos suficientes.

Algo similar, sospechan en el PJ, es lo que Cornejo estaría buscando ahora al tratar de sumar más miembros al a Corte.

Pérez nunca llegó a plantear eso porque los mismos jueces lo avisaron de antemano que no iba a pasar. Y uno de ellos, en aquél momento, fue Adaro.

Pero lo peor que le pasó no fue esto. En 2014 la Corte le aceptó a los radicales, con los votos de Alejandro Pérez Hualde y de Jorge Nanclares, una medida cautelar que había sido presentada para impedir la vigencia de un decreto que Pérez había firmado para "reconducir" el Presupuesto y poder tomar deuda que Cornejo, como líder opositor de entonces, se negaba a dar. Paco denunció un "cuasi golpe institucional" pero terminó perdiendo aquella pulseada que se mantuvo hasta el final de su mandato en 2015.

Contra "el poder de los poderosos", también hay matices. "Yo me metí con actores de poder poderosos. Yo rompí un contrato firmado por Pérez que le daba el control de tragamonedas a una empresa que era dueña de esos tragamonedas. Lo rompí. Con una salida consensuada los saqué del juego. Terminé licitaciones petroleras porque no invirtieron. Desastres que se hicieron en los últimos dos periodos de gobierno, cuando el 30% del trabajo mendocino depende del petroleo. Tomé decisiones contra poderosos a los que otros gobernadores les temían o arreglaban".

Verdad a medias. El gobierno no puede decir que tenga una relación dura ni mucho menos de ataque a los intereses del grupo Vila- Manzano en la actualidad. Cornejo tuvo un enfrentamiento fuerte con ellos, es cierto. Ocurrió en 2012 cuando con el voto de legisladores radicales, que respondían a Cornejo, avanzó el jury contra el exfiscal de Estado, Joaquín de Rosas, acusado de favorecer a los intereses del grupo.

Pero eso cambió. El gobernador no miente cuando sostiene que rompió un contrato firmado por Pérez en el Casino. A mediados de 2016 se decidió dar de baja la participación de la empresa Sielcom, perteneciente a Alfredo Vila, en el negocio del control on line de las tragamonedas, que tenía asegurada una recaudación de al menos 20 millones anuales y que le otorgaba además el monitoreo de la recaudación de sus competidoras.

Y tampoco cuando se refiere a las concesiones petroleras. Avanzó con la quita del manejo del área de Chañares Herrados, en dónde Vila-Manzano aparecían como actores secundarios del negocio.

Pero ambas afirmaciones ocultan parte de la historia. El contrato con Sielcom que tenia ribetes de escándalo fue firmado por el entonces titular del Instituto de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, uno de los dos diputados peronistas que, con su sugestiva ausencia el martes, le iba a permitir a Cornejo aprobar el proyecto de ampliación de la Corte. 

En medio de la bravata del viernes, el gobernador evitó incluir al legislador que, en este tema, le es funcional.Tampoco lo hizo con Mario Díaz, el otro peronista que se ausentó de la sesión porque estaba enfermo y que jugó a favor del Gobierno en medio de la interna del PJ. Díaz fue la mano derecha de Luis Lobos, el exintendente de Guaymallén, y fue su jefe de campaña en 2015 cuando las PASO contra Alejandro Abraham derivaron en la pérdida de más de 60.000 votos de los ciudadanos de ese departamento. Cornejo tiene presente en todas sus oraciones a Lobos, pero su larga lista de acusaciones olvidó mencionar Díaz, que en esta jugó para él.

Bianchinelli no actuó solo cuando firmó el contrato con Vila. Uno de los directores del Casino era Miguel Bondino, el hombre del radicalismo y de Cornejo además, cuya firma está en todos los contratos polémicos de entonces.

Habrá que seguir con atención una polémica decisión de la actual conducción del Instituto de Juegos: comprarle toda las maquinarias (muchas obsoletas) que Sielcom no pudo utilizar para el control on line de las tragamonedas y por un valor de $22.000.000. 

Esa medida generó un  pedido de informes legislativo de Podemos Vivir Mejor que todavía no se contesta. 

Con el petróleo la situación es similar. Cuando asumió, Cornejo decidió hacer caer la concesión dispuesta en 2011 para el área petrolera conocida como Chañares Herrados, permiso que fue concedido durante la administración de Celso Jaque y por cuyo trámite resultó imputado y después sobreseído por la Justicia el exgobernador Francisco Pérez.

El proceso duró casi dos años. Y lo que se le permitió a Vila - Manzano fue readecuar el negocio y las empresas para que la pérdida no fuera total. Se generó una fusión de compañias que derivó en la creación de otra, Phoenix Global Resources (PGR), y que el grupo , a través de una de las que la conforma, Andes Energía, se quedó con el 25%.

El área petrolera de la discordia involucraba a dos pozos: Chañares y Puesto Pozo cercado. PGR seguirá explotando el primero (donde están las reservas petroleras) y fue obligado a devolver el otro (de menores expectativas de extracción).

Este sector de "poder de los poderosos" todavía mantiene otras concesiones petroleras, manejara hasta el 2021 la provisión de las tragamonedas del Casino Central a través de sus empresa Mendoza Central Entretenimiento, mantiene concesiones de comunicaciones (cableoperador) y concesiones en seguridad (prestador y operador de cámaras de videovigilancia), sin que allí haya demasiados enfrentamientos.

La prueba de fuego será en breve. El Gobierno deberá decidir si acepta la continuidad del grupo como accionista principal de Edemsa, al mismo tiempo que se define la nueva tarifa eléctrica que regirá desde el 1 de agosto. Los Vila ya presentaron su propuesta para seguir con la concesión eléctrica y nada indica que Cornejo no aceptará ese pedido.