Opinión Las reformas en el Poder Judicial

El intento por cambiar los paradigmas de la Justicia

Dalmiro Garay llega a la Corte para profundizar los cambios y para dotar a Tribunales de "orden y administración". Tras la condena a Sergio Salgado, el Ministerio Púbico Fiscal promete avanzar y llevar a juicio las investigaciones por corrupción.
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Marcelo Arce

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El intento por cambiar los paradigmas de la Justicia(Pachy Reynoso/MDZ)

El intento por cambiar los paradigmas de la Justicia | Pachy Reynoso/MDZ

El intento por cambiar los paradigmas de la Justicia(Pachy Reynoso/MDZ)

El intento por cambiar los paradigmas de la Justicia | Pachy Reynoso/MDZ

El intento por cambiar los paradigmas de la Justicia(Pachy Reynoso / MDZ)

El intento por cambiar los paradigmas de la Justicia | Pachy Reynoso / MDZ

Dos hechos registrados en la misma semana abren la puerta para un intento de cambio fuerte en el Poder Judicial de Mendoza.

El de mayor impacto es el ingreso de Dalmiro Garay como miembro de la Suprema Corte. El actual ministro de Gobierno obtuvo sin dificultades el martes el aval Senado y, si bien su ingreso al máximo tribunal estaba previsto para los primeros días de julio, esa asunción podría demorarse unas semanas. 

Pero no mucho tiempo más. Alfredo Cornejo ejecutó un trámite express para la salida de Alejandro Pérez Hualde de la Corte con toda la intención de que el juez que más lo enfrentó en los últimos dos años se fuera cuanto antes.

Nadie se explica cómo, por ejemplo, el veterano magistrado que estuvo 14 años como juez logró en menos de dos días que le salieran los trámites de su jubilación. Los papeles los presentó el 21 de mayo, el 23 de ese mismo mes ya estaba todo listo y a partir del 30 de junio ya estará en condiciones de retirarse.

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Cuál es la misión con la que llega Garay a la Corte ya está clara. Irá a profundizar las reformas que Cornejo entiende que hay que hacer dentro del Poder Judicial y las claves son dos: orden y administración.

Cornejo siempre entendió que las reformas no avanzaron en la Justicia por la falta de liderazgo de los integrantes de la Corte y en ese paquete están muchas de las demandas que el propio ministro hizo durante los últimos dos años y medio: una Justicia "más cerca del justiciable", una mejor administración de la Corte con la aspiración de que los jueces que la integran estén más ocupados en sus sentencias y cuestiones de funcionamiento tales como la implementación, nunca aplicado de todo, del horario vespertino. 

 Ahora bien. Garay podría convertirse en uno de los pocos, por no decir el único, de los jueces de la Corte que llega a ese lugar pensando más en el momento en que se irá, que en quedarse para poder jubilarse en el cargo. Si logra cambiar el funcionamiento de la Justicia, se podrá ir con todos los laureles. Si no lo hace, dice, terminará retomando su trabajo de abogado. Así lo ha dicho él mismo.

El otro episodio fue la condena a cinco años de prisión para Sergio Salgado, el exintendente de Santa Rosa acusado e investigado por corrupción.

El controvertido excacique del Este todavía no irá a la cárcel porque se abren, tras la sentencia en su contra conocida el lunes, diversas instancias de apelación. Sin embargo, el fallo del tribunal de San Martín que lo condenó podría considerarse histórico.

Es la primera vez, en más de una década al menos, que un dirigente político y además electo por su comunidad recibe una condena de prisión y de cumplimiento efectivo por haber cometido irregularidades durante su gestión. En este caso, tal como concluyó la Justicia, por la emisión de facturas truchas y los desmanejos en la playa de estacionamiento del polémico predio de La Salada.

La sentencia le dio aire al Ministerio Público Fiscal que entiende que este caso es fundacional de una nueva era. O en las palabras del fiscal Sebastián Capizzi, una de las piezas clave en la estructura del Procurador Alejandro Gullé, lo de Salgado es "un nuevo paradigma".

Capizzi fue quien encarnó la investigación contra Salgado y sostiene que "hay interés institucional de que los delitos por corrupción deben ser investigados y sancionados".

Para el fiscal, "nuestra misión es llevar a juicio las causas por corrupción y estamos haciendo el esfuerzo para que esto camine. Algunas causas podrán ser más rápidas que otras. En el caso Salgado, por ejemplo, se destrabó porque se acabó la protección política. La orden del Procurador es llevar adelante todas estas causas". Para ello fue vital, entienden, la reorganización y concentración en la Unidad de Delitos Económicos de todas estas pesquisas.

La tarea no será sencilla. En la Justicia se ventilan al menos media docena de investigaciones en contra de ex funcionarios, sobre todo de recientes administraciones del PJ, que corren distinta suerte. Francisco Pérez, por caso, ya obtuvo el sobreseimiento en una y no hay avances acerca de las denuncias contra el exintendente de Luján Carlos López Puelles. La causa contra Nélida Rojas y su familia, los líderes de la Tupac, deberá esperar sendas sentencias de la Corte provincial y nacional para definir su futuro.

"Estamos intentando que estas causas se destraben y llevarlas a juicio. No es la mejor situación, pero estamos con la decisión institucional de avanzar. Tenemos varias causas en mente, pero por cuestión de estrategia jurídica no las vamos a develar. Pero hay una causa que está a punto de ser levada a juicio. Y estamos muy cerca", sostiene el fiscal.

Lo que se menciona, sin decirlo, es la investigación que se lleva adelante contra el exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, por haber tenido una empleada doméstica en su casa (también en la de su suegra) pagada por la municipalidad.

La punta de este iceberg es Laura Fahra, una exempleada municipal que Lobos, su mujer, Claudia Sgró y su suegra, María Elena Fernández, tenían como empleada doméstica a costa de la municipalidad. 

Las causas contra Lobos son varias. Además del caso de la empelada, enfrenta otras por fraude y por malversación a raíz de la supuesta contratación irregular de una empresa de asfalto y otra por enriquecimiento que se está en la Justicia federal. Pero la que lo tiene realmente contra las cuerdas es, como en el caso de Salgado, la causa en la que más desprolijo fue y en dónde las pruebas de irregularidades fueron más que evidentes.