Opinión La causa por corrupción más grande

El futuro incierto de la investigación sobre la Tupac

Tanto la Corte nacional como la provincial tienen que resolver recursos para avanzar con las imputaciones sobre Nélida Rojas y su familia, aunque no existen plazos y podrían tardar meses. En Lavalle, algunos testigos comenzaron a cambiar sus testimonios y tambalea la denuncia por extorsión.
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Marcelo Arce

El futuro incierto de la investigación sobre la Tupac(Pachy Reynoso/MDZ)

El futuro incierto de la investigación sobre la Tupac | Pachy Reynoso/MDZ

La causa sobre la Tupac en Mendoza, la más compleja y a la vez más importante por corrupción que se ventila en la Justicia provincial, entró en un camino de futuro incierto. 

En los despachos del ministerio Público Fiscal no se atreven todavía a sostener que, tanto la investigación como las nuevas imputaciones que estaban previstas para Nélida Rojas y para el resto de los integrantes de su familia están frenadas. Pero hace un par de meses que la fiscal Gabriela Chaves, quien desde hace por lo menos dos años viene llevando adelante la pesquisa, no logra sacar a flote el expediente.

Lo que se investiga es un cúmulo de delitos para determinar cuáles fueron las irregularidades en el manejo de más de $800 millones de fondos nacionales que llegaron a manos de la Tupac para la construcción de viviendas hasta el año 2015. 

Chaves dice tener acreditado que una parte de esos recursos fueron derivados por Rojas y su entorno para enriquecerse. Las patas de la investigación (y los avances posteriores de la fiscalía en ese sentido para encarcelar a los integrantes del clan lavallino) son al menos tres. Y todas están hoy frenadas por diversas cuestiones. 

Las dos más importantes, las imputaciones por asociación ilícita y la investigación por lavado de activos, se debaten por recursos presentados tanto en la Suprema Corte de Justicia de la provincia como en la Corte Suprema de la Nación, respectivamente. Y la otra linea, que acumuló medio centenar de imputados por el delito de estafa y extorsión, ya podría haber sido elevada a juicio. Pero no avanza por una realidad, que no es nueva, de lo que sucede en Lavalle.

Las víctimas de la Tupac, en estado de mucha vulnerabilidad, habrían comenzado a cambiar su relato de lo habían allí venía ocurriendo en el manejo y la distribución de la construcción de casas.

Una parte de esta historia ya es conocida. En agosto del año pasado la Octava Cámara del Crimen hizo caer las acusaciones de asociación ilícita y coacción agravada, entre otros, que pesaban sobre la Tupac. Y aunque rechazó el sobreseimiento de los acusados tal como había planteado la defensa, esa decisión casi derrumba la causa.

En su sentencia, además de retarla, los jueces de Cámara ( Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel) mandaron a la fiscal a que investigue todo de nuevo. Chaves prácticamente lo hizo, pero también presentó un recurso extraordinario de casación ante la Suprema Corte para que revierta esa decisión de los camaristas.

El planteo recayó sobre la Sala II, la que integran los magistrados Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro y fue virtualmente redactado por el Procurador Alejandro Gullé, el jefe de Chaves, con el argumento central de que fue errado el contenido dogmático de la Cámara al sostener que no se puede configurar el delito de coacción agravada ni el de amenazas, por entender que la Tupac es una organización democráticamente constituida y que exigir la participación en actos políticos era parte de las condiciones para conseguir una vivienda.

Ese queja arrojó novedades. Primero fue Adaro quien se inhibió. El juez que llegó a la Corte propuesto por el gobernador Celso Jaque, no es amigo de Nélida Rojas, aunque sí fueron compañeros de militancia. Y fundamentalmente en la campaña presidencial de 2011.

Palermo fue recusado por la Fiscalía, pero el juez rechazó ese planteo. Ahora bien, al menos por los próximos seis meses, quedó inhibido de hecho porque no estará en la Corte como consecuencia de su licencia. En este contexto no existen plazos para que el máximo tribunal resuelva si la fiscal podrá reflotar su acusación de asociación ilícita o si deberá, definitivamente, seguir otra vía. 

Chaves está convencida de que es capaz de llevar a la cárcel a Nélida Rojas y en abril pasado avanzó con su intento de imputarla tanto a ella como a los suyos por el delito de lavado de activos. Según su hipótesis, Rojas blanqueó una suma que rondó los $4,3 millones, a través del programa de Sinceramiento Fiscal lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 y habría utilizado también recursos de ese origen para pagar la multa correspondiente a ese blanqueo (el 15% de los bienes a blanquear) por una cifra de $580.000.

Los líderes de la Tupac en Mendoza, registrados en la AFIP como monotributistas clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año, terminaron siendo propietarios de autos, camiones, terrenos y otros inmuebles. Asimismo, esos bienes, fueron adquiridos entre 2010 y 2013, aunque el grueso se compró hacia finales de 2015 cuando la pareja de Rojas, Ramón Martínez, retiraba casi a diario del Banco Nación de Lavalle sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día. La inconsistencia fiscal de los investigados dejó a 

Chaves con las imputaciones redactadas en abril. Pero había una duda: si avanzar con esta tipificación aún con el riesgo de que el lavado de dinero sea considerado un delito sujeto de investigación de la Justicia Federal. El debate en la Procuración fue entre quienes sostenían que, si el delito precedente es de órbita provincial, este es el fuero en el que debe ventilarse la investigación. Pero también la otra mitad de la biblioteca considera que el lavado de dinero es siempre un delito de carácter federal.

El Ministerio Público apuntó a jugar un carta intermedia. Es decir, avanzar en la Justicia provincial y, en caso de que luego se resuelva, pasar todo lo actuado al fuero federal.

Pero se decidió otro camino. Se definió sacar una compulsa a la Justicia Federal por fraude a la administración pública y lo que se está esperando es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva para avanzar con las imputaciones por lavado de dinero en el ámbito provincial. 

Otra vez: la Corte, en este caso nacional, tampoco tiene plazos. Y además surge otra duda. En el caso que se resuelva que la órbita es federal, se descuenta que la investigación tendrá mucho menos impulso que el que le ha dado, por una decisión política claro está, el Procurador Gullé. Con este panorama los fiscales se enfocaron en una tercera estrategia. Tras el fracaso de la asociación ilícita, se cambió la figura jurídica y se acusó a Rojas y al resto por los delitos de estafa, coacción y extorsión.

La fiscal terminó avocándose en las más de 180 denuncias que fue recolectando su fiscalía en estos últimos meses por parte de los afectados de la cooperativa de viviendas y con ese paquete repartió las nuevas imputaciones.

Hace unos meses la propia Chaves había decidido sumar más imputaciones a la líder de la Tupac Amaru, pero también a otras 40 personas más de la organización.

Todo parece indicar que estas denuncias serán elevadas a juicio. Pero en las últimas semanas surgieron problemas: los fiscales están advirtiendo que varios de los denunciantes no podrían llegar a sostener sus testimonios y cambiarían su relato, entre otros motivos, por presiones que siguen recibiendo de la Tupac que, sigue operando aunque con menos presencia en Lavalle.