M. Arce

Al final, al menos uno terminaría preso

Mañana se conocerá la sentencia para Sergio Salgado, el exintendente de Santa Rosa acusado de corrupción. Podrían darle cinco años y se convertiría, luego de muchos años, en el primer exfuncionario que tras ser investigado va a la cárcel. Por qué salvo una de la causas contra Luis Lobos, el resto de las investigaciones corre el riesgo de no llegar a destino nunca.

Al final, al menos uno terminaría preso

Si el diablo no mete la cola es muy probable que mañana, casi por primera vez en mucho años, un dirigente político mendocino termine en prisión efectiva acusado por corrupción.

En San Martín se conocerá la sentencia de la investigación sobre el exintendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, a quien el fiscal Sebastián Capizzi le pidió cinco años de prisión efectiva más la inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público, luego de una pesquisa que duró poco más de dos años por fraude a la administración pública y que llevó al banquillo de los acusados a varios exfuncionarios santarrosinos más. 

Además de Salgado, la Justicia pidió penas para otros cuatro imputados, entre los que se encuentra el exsecretario de Hacienda de la comuna, Franco Ojeda, para quien sin embargo el Ministerio Público pidió en una pena de tres años de prisión condicional en su alegato. Para el resto también hubo pedidos de prisión y también de manera condicional. 

El fallo podría considerarse emblemático, aunque el estado de las causas que se ventilan en la Justicia mendocina y que involucran a exfuncionarios avanzan a paso lento o bien hacia el sobreseimiento de los acusados por la incapacidad de fiscales y jueces para desenmarañar las distintas tramas de la corrupción. 

Si la Justicia pudo avanzar contra el exhombre fuerte de Santa Rosa hasta esta instancia de estar a punto de mandarlo a la cárcel, fue por la forma en que el propio Salgado se manejó durante michos años en su departamento. Sobre el él pesa la acusación de cometer al menos cuatro delitos. 

Algunos menores, como no haber contestado sucesivos informes solicitados por la Fiscalía de Estado, y otros más graves, como el de concusión, que podría llevarlo a la cárcel por el manejo que hizo de la plata que se recaudaba de la playa de estacionamiento del predio de La Salada. 

 Salgado fue tan descuidado en la forma en que algunos funcionarios comunales se quedaron con ese dinero, que los fiscales no tuvieron demasiados inconvenientes en demostrar dónde se había cometido el delito.

Este caso explotó en cierta forma cuando el dueño de La Salada,Jorge Castillo, denunció en 2016 públicamente los desmanejos para sacarse de encima una deuda por tasas municipales de $2.000.000.

Castillo ahora está preso en Buenos Aires, pero en aquél momento había prendido el ventilador y acusó al intendente de haber acordado "de palabra" con él, la eximición del pago de tasas a cambio de la concesión de la playa de estacionamiento del lugar. 

"Yo debo dos millones, pero la municipalidad recaudó diez millones con el negocio de la playa", reveló el grotesco personaje de la venta informal de ropa ante una comisión investigadora del consejo deliberante santarrosino en aquella oportunidad. 

Nada de esto quedó firmado a través de un convenio o fue ratificado por una ordenanza. Pero la municipalidad hizo su negocio, o al menos eso lograron algunos funcionarios. El demócrata Antonio Ponce aseguró ver cómo varios directores de la comuna fueron los encargados de cobrar el estacionamiento en La Salada, entregando a cambio tickets "con florcitas".

La Justicia recopiló aquí un elemento clave: la declaración de la exmujer de Salgado, quien afirmó haber visto "cajas de zapatos llenas de plata", en donde se repartía la recaudación de La Salada. Bárbara Dorcemain había iniciado una causa contra Salgado por violencia de género que luego no prosperó (terminó condenado por lesiones leves) y allí contó lo que había visto.

Sumado a esta causa, una sola más está en etapa de definición y es la que se lleva adelante contra el exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, por haber tenido una empleada doméstica en su casa (también en la de su suegra) pagada por la municipalidad. El expediente está en etapa de juicio oral y podría terminar en condena. 

La punta de este iceberg es Laura Fahra, una empleada municipal que Lobos, su mujer, Claudia Sgró y su suegra, María Elena Fernández, tenían como empleada doméstica a costa de la municipalidad. 

Las causas contra Lobos son varias. Además del caso de la empelada, enfrenta otras por fraude y por malversación a raíz de la supuesta contratación irregular de una empresa de asfalto y otra por enriquecimiento que se ventila en la Justicia federal. Pero la que lo tiene contra las cuerdas es, como en el caso de Salgado, la causa en la que más desprolijo fue. 

Fhara estaba contratada en la comuna desde el año 2012 y ella nunca lo supo. Solo se enteró de su condición de municipal el 26 de noviembre de 2015 cuando la mujer de Lobos le dijo, como buena noticia, que había sido incorporada a planta permanente. 

Durante cuatro años, según dijo ante el Fiscal, Sgró le daban $500 mensuales y le decía que correspondían a un plan social. Cuando en realidad la maniobra era otra. La esposa del exintendente le retuvo la tarjeta de débito, cobraba el contrato y le entregaba a la mujer solo una pequeña parte de él mes a mes. Está la mujer y están los registros del cajero. Hubiera sido una vergüenza que la Justicia se le escaparan todos esos elementos de prueba. 

Los otros casos

Uno de los más relajados desde el punto de vista judicial por sospechas de corrupción quizás sea el exintendetne de Luján, Carlos López Puelles. El exjefe comunal fue denunciado por su sucesor, Omar De Marchi, por el delito de peculado, luego de que se descubriera el estado en el que había quedado el parque automotor del municipio y también se acumuló otra denuncia por promover la ocupación ilegal de terrenos fiscales. 

En el primero de los casos, según De Marchi, cuando asumió en 2015 el municipio tenía 132 rodados de los cuales unos 95 estaban dañados o desaparecidos. 

 No se produjeron demasiadas novedades en este expediente y eso podría haber sido el generador de un reclamo del mismo López Puelles hacia finales del 2017 que exigió el pago de salarios, aguinaldos e intereses correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2015. 

Otro de los que está en la  mira judicial, el ex gobernador Francisco Pérez, se encamina también a sucesivos sobreseimientos en las causas que lo tienen ocupado y fuera de la escena pública desde 2016. 

En una de ellas ya zafó: Chañeares Herrados, en la que está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las otras dos causas que pesan sobre Pérez tienen distinto recorrido. Pero ninguna, por ahora, apunta a complicarlo. La más lenta quizás sea la investigación por el delito de "falsedad ideológica" que fuera denunciado en 2016 por el extitular de la cooperativa eléctrica de Rivadavia, Alberto Debandi.

El exgobernador intervino esa cooperativa antes de dejar el poder en diciembre de 2015 y el decreto correspondiente no fue acompañado por un dictamen de la Fiscalía de Estado. Paco, como consta en el expediente judicial, sostiene que sí aunque luego se demostró que eso no era cierto. La causa casi se cae cuando la fiscal Claudia Ríos pidió su archivo. 

La jueza Alejandra Mauricio denegó ese pedido y ahora se está a la espera del debate oral en dónde se determine si hacía falta o no la opinión de Fiscalía para esa intervención. Tampoco se vislumbra que la Justicia vaya a encontrar irregularidades en la compra del departamento en las Torres Agustinas, hecho que se concretó en diciembre de 2013.

La causa saltó de fiscal en fiscal, hoy la lleva Santiago Garay, quien dejó al desnudo una de las falencias de la investigación judicial en este tipo de casos: las pericias contables para determinar si la adquisición de ese inmueble se hizo con dinero mal habido.

Pérez hizo su descargo y argumentó que el departamento le costó $1.700.000 millones y que pagó (entre transferencias bancarias y plata en efectivo) algo más de $600.000 para adquirirlo. El resto, según está presentado en la causa, dijo que lo paga en cuotas que arrancaron en $13.000 en el momento de la compra y que hoy llegan a los $32.000 mensuales. 

La causa por corrupción mas compleja avanza, aunque en medio de muchas dificultades y con un futuro incierto.Es la investigación sobre Nélida Rojas y su familia por el manejo de $800 millones de la organización Tupac Amaru en Lavalle. La fiscal que lleva adelante la causa, Gabriela Chaves, dice tener acreditado que una parte de esos recursos fueron derivados por Rojas y su entorno para enriquecerse. 

Como pocas veces se vio en el funcionamiento de la Justicia, la fiscal llegó a demostrar que los bienes y las propiedades que habían comprados los Rojas eran inconsistentes con su historia fiscal. Rojas blanqueó $4,3 millones a través del programa de Sinceramiento Fiscal y además la familia terminó siendo propietaria de autos, camiones, terrenos y otros inmuebles, cuando están registrados en la AFIP como monotributistas clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año.

La fiscal equivocó el camino procesal en el arranque de su trabajo investigativo y eso le valió una dura sentencia en contra de la Octava Cámara del Crimen que derrumbó una acusación por asociación ilícita y además ordenó la liberación de los referentes de la Tupac que habían estado todos detenidos por unos meses. 

En el ministerio Público Fiscal entienden que lo que pasó con la Octava Cámara del Crimen es una de las claves para comprender por qué muchas veces todo se hace cuesta arriba. 

En Jujuy, por caso, se logró avanzar contra Milagro Sala, la líder nacional de la Tupac, porque el Poder Judicial de esa provincia no tuvo fisuras. Algo hizo el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, que es lo que Alfredo Cornejo está buscando hacer acá: ni bien asumió, Morales designó a dos radicales en la Corte provincial que le marcaron el camino al resto de los jueces de esa provincia.

¿En qué punto está la causa Tupac? Con un futuro muy difuso. Como ya se dijo, las dos más importantes, las imputaciones por asociación ilícita y la investigación por lavado de activos, se debaten por recursos presentados tanto en la Suprema Corte de Justicia de la provincia como en la Corte Suprema de la Nación, respectivamente.

Y la otra linea, que acumuló medio centenar de imputados por el delito de estafa y extorsión, no puede ser elevada a juicio porque los denunciantes, en estado de mucha vulnerabilidad porque , entre otras cosas, Nélida y los suyos volvieron a Lavalle, habrían comenzado a cambiar su relato de lo habían allí venía ocurriendo en el manejo y la distribución de la construcción de casas.

 En este caso la propia Justicia frenó lo que hubiera significado un papelón. En el medio de la investigación, los abogados de la Tupac pidieron la devolución de todos los bienes incautados. El pedido, fue rechazado.

En este recorrido falta el caso emblemático. Y es el escándalo del Vale Más que sacudió al gobierno de Julio Cobos y que involucró a varios funcionarios de aquella época con denuncias de una estafa de más de $50 millones.

El caso estalló en 2006 cuando quien había sido nombrado a cargo del programa, Alberto Monetti, detectó que había un circuito paralelo creado para robar: se emitían ticket que nunca pasaban por los beneficiarios y no habían sido pedidos oficialmente, pero sí cobrados.

Además, se hallaron padrones de beneficiarios duplicados, donde hasta se constató que se habían falsificado las firmas. El fraude fue millonario (al menos el 10% del programa habría sido desviado) pero no hubo justicia: las cuatro causas penales que se armaron terminaron en la nada. Y además, con ribetes insólitos.

El año pasado la Suprema Corte anuló un fallo del Tribunal de Cuentas por el cual le habían ordenado pagar a Alberto Monetti, el denunciante e investigador del caso, más de 10 millones de pesos por el desfalco de los Vale Más.

Ese fallo tuvo varias idas y vueltas. Primero la Corte le redujo el monto a pagar y luego anuló por completo la decisión del Tribunal de Cuentas. Pero las costas quedaron a cargo del Estado y fueron por $ 6 millones que cobrarán, en 2019,  abogados y peritos.

En definitiva: el denunciante terminó denunciado y nunca se hallaron a los responsables de la maniobra.Y como cierre, el Estado, que perdió por lo menos $50 millones, al final del camino terminará poniendo plata.

Opiniones (13)
20 de agosto de 2018 | 11:31
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20 de agosto de 2018 | 11:31
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  1. La Sociedad, el PUEBLO PIDE JUSTICIA... QUE VAYAN TODOS PRESOS Y DEVUELVAN LO ROBADO!!!
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  2. Faltan meter preso a los ministros ,de poca monta, que trabajaron durante el kirchnerismo. Porque robaron absolutamente todos , una mugre total.
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  3. No se si es culpable o inocente, pero si va preso y si hay justicia, sería necesario que fueran preso todos aquellos que EVADEN, que compran en negro,,que buscan toda las manera para defraudar al fisco, y por ende estafar al ESTADO ,como decía Jesucristo quien este libre de pecado que arroje la primera piedra ,yo creo que nos mentimos tantos los argentinos , que nos ponemos en actitud de justicieros y creemos que SOMOS PUROS Y PULCROS me pregunto si los jueces están tan limpios para impartir justicia, yo creo que hay mucha hipocresía bueno QUE DIOS Y LA PATRIA OS LO DEMANDE
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  4. Yo diria que guarden lugar para el 2020 cuando empiecen a juzgar a Kerchner, Iglesias, De Marchi, Jaime Correa y...... el que se endeudo demasiado y antes no aprobaban el Presupuesto para no endeudarse!!!
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  5. Con la justicia "zaffaroniana" que tenemos, no va preso hasta que la sentencia no esté firme. Y para que estè firme la sentencia pasan AÑOS Y AÑOS . . . Los único presos son los "ladrones de gallina". Estos delincuentes de "alto vuelo" nunca van presos.-
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  6. Gracias Mdz por recordarnos la gran estafa de Julio Cobos con los vale mas! Ese también debería estar preso
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  7. Imagino que los.que participaron del.dolar futuro deben estar con miedo
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  8. Algo es algo. Peroncho ladron HDP
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  9. Ésa es la justicia que tenemos
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  10. Salvo este perejil que dejo rastros por todos lados (por esta razon no se pueden hacer los tontos) los demás casos son puro humo. La Justicia también impresentable nunca actuará total los jueces y empleados igual cobran el jugoso sueldo aunque no laburen, sean corruptos o ineptos y todo seguira igual que antes. Así estamos!!!!!
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