P. Icardi

Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada

Hay varios casos emblemáticos que imponían duras sanciones económicas y que quedaron impunes. Por sanciones revertidas del Tribunal de Cuentas, el Estado debe pagar costas millonarias a los abogados.

Insólito: en Mendoza el Estado paga millones por los casos de corrupción y no recupera nada

Esta es la historia de un Estado bobo. Le roban, no hallan a los culpables y, para colmo, la víctima debe pagar millones. En los últimos años se detectaron varios casos de corrupción en los que hubo denuncias por daños patrimoniales millonarios para el Estado. Estafa con los Vale Más; robo en la Unidad de Financiamiento Internacional, sospechas en el Casino; y la lista sigue. Todos ocuparon muchas páginas en los diarios, algunos expedientes en la justicia y ningún espacio en las cárceles. El punto común es la impunidad

En ese tren no se recuperaron los activos robados y, peor, el propio Estado pagó, debe pagar y pagará millones a pesar de ser "víctima" de los hechos, por las costas y honorarios de los juicios que se llevan adelante en la Suprema Corte de Justicia.

Mendoza no tiene un organismo anticorrupción y los delitos contra la administración pública se han mezclado hasta ahora con homicidios y otras tipologías distintas. En el Estado solo hay análisis legales y contables a través del Tribunal de Cuentas. Ese organismo extrapoder tuvo una actuación oscilante y que es fuertemente cuestionada por la Corte. Por eso de manera casi sistemática ha revertido fallos en los cuales el Tribunal de Cuentas aplicaba sanciones millonarias a ex funcionarios. Se trata de "cargos" por los cuales se buscaba el resarcimiento económico a la Provincia por irregularidades. Pero en la Justicia detectaron errores materiales en esas sanciones. La conclusión es que no se genera el resarcimiento y el Estado debe hacerse cargo de pagar a los abogados y las costas.

La Corte revirtió los "cargos", es decir los resarcimientos económicos, en los casos de la estafa en la Unidad de Financiamiento Internacional, el de la estafa con los Vale Más y desde Tribunales intuyen que puede ocurrir algo similar con los fallos que obligan a devolver más de 5 millones de pesos a las ex autoridades del Casino por las irregularidades en los servicios de una empresa de limpieza. 

Los errores de enfoque y de procedimiento del Tribunal de Cuentas están en la base de los cuestionamientos. En su mayoría es por la falta de alerta a tiempo sobre las irregularidades o por revisar fallos propios donde no se cuestionaba nada y luego se sanciona. Desde ese organismo aseguran que acatan las decisiones y fallos de la Corte, aunque defienden la tarea que realizan. "No caen bien los fallos, pero se acatan. Cuando el Tribunal aprueba un ejercicio no implica que no pueda revisar o hallar luego algo. Para eso se forman piezas separadas", aseguraron.

Solo por esos casos el Estado pagó o deberá pagar (en algunos casos los honorarios aún no están liquidados) más de 3 millones de pesos a los abogados. Para el año que viene, por ejemplo, el presupuesto de Fiscalía de Estado, de donde salen los fondos para pagar juicios y costas, prevé pagar honorarios por casi 12 millones de pesos.

Los casos

Hay varios casos emblemáticos. En 2010 se detectó que un funcionario del a Unidad de Financiamiento Internacional ejecutaba maniobras fraudulentas por varios millones de pesos en los que desviaba cheques de esa oficina para cobrarlos en cuentas personales. Eran fondos que se justificaban como pagos apócrifos a la AFIP. El acusado y condenado fue Marcelo Martorell, quien era el tesorero del organismo encargado de administrar los recursos provenientes de organismos de financiamiento internacional. En total el desfalco rondó los 3 millones de pesos.

Luego del escándalo el Tribunal de Cuentas sancionó a varios funcionarios. Pero la Corte revirtió los cargos contra María Soledad Patrana y María Florinda Rubio. Por honorarios en esos casos se calcula un gasto de cerca de 1,2 millones de pesos. El Tribunal advirtió irregularidades en el ejercicio 2010, cuando ya se había hecho público el escándalo. Pero revisaron ejercicios anteriores que ya habían aprobado y hallaron el mismo mecanismo de fraude. Ante el hecho, revisaron sus pasos y sancionaron a los funcionarios. Pero como los balances del organismo habían sido aprobados originalmente, la Corte cuestionó el accionar del Tribunal de Cuentas.

Con el caso Vale Más ocurrió algo similar, pero con montos mucho más abultados y otras connotaciones políticas. En la justicia ordinaria hubo impunidad total y en la fase administrativa también. El Tribunal de Cuentas había aprobado los ejercicios contables del FIDES y el Ministerio de Desarrollo. Los ejercicios contables de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 habían sido aprobados. En algunos casos había advertencias sobre inconsistencias, pero no sanciones. Incluso en los informes de la Sindicatura General de la Nación (hechos por el Tribunal de Cuentas) se mencionaban esas irregularidades, pero no se aplicaban sanciones tampoco. 

Cuando en 2006 se conoció el escándalo, también revisó sus pasos y comenzó con una serie de sanciones multimillonarias. La Corte revirtió los fallos con duros cuestionamientos al Tribunal de Cuentas. Es lo que ocurrió con los fallos contra Luis Carretero y en particular el de Alberto Monetti, a quien el Tribunal de Cuentas había impuesto cargos por 14 millones de pesos. Ese fue un caso particular, pues Monetti era el denunciante de la causa. Incluso reconocen que hubo una especia de "enfoque particular" contra el ex funcionario, pues cuando estaba en la gestión él había cuestionado la actuación del Tribunal de Cuentas. La Corte revirtió el fallo en dos partes y los honorarios que deberá pagar el Estado por perder ese juicio superarían los 2 millones de pesos. 


Opiniones (9)
18 de junio de 2018 | 11:08
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18 de junio de 2018 | 11:08
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  1. En el caso caratulado Alberto Monetti y Fanny Salomón contra el Honorable Tribunal de Cuentas, los honorarios profesionales son cuantiosos, a mi entender, por tres razones: A) El monto en disputa era millonario y está claro que la Suprema Corte regula honorarios (por norma) teniendo en cuenta un porcentaje de la cifra que se encuentra en litigio. B) Ofrecimos en reiteradas oportunidades, por intermedio de nuestro abogado, la posibilidad de que el HTC rectificara su ignominioso fallo, para no tener que arribar a una resolución por parte de la Suprema Corte. Pretendimos evitar a la Provincia de Mendoza gastos de honorarios y tiempo en el funcionamiento de sus instituciones. El organismo de no control, a través de su entonces Secretario Relator, hoy Juez Supremo, y haciendo gala de la infinita soberbia que los caracteriza, abortaron nuestra intención de darle un pacífico y razonable desenlace al expediente. C) Los/as abogados/as del HTC y haciendo gala de la infinita mediocridad que caracteriza a la conducción de esa Escuela Superior de Dibujo, chicanearon el expediente en varias oportunidades con infantiles objeciones. Estos "incidentes" y las necesarias resoluciones por parte de la Suprema Corte rechazando las intentonas del Santo Oficio de las Apariencias, redundaron en un encarecimiento de los futuros honorarios. Después de leer la nota periodística que nos ocupa, es necesario que nos hagamos un par de preguntas: ¿Por qué los mendocinos, a través del erario público, tenemos que hacernos cargo de la ineficiencia e ineficacia que caracteriza al HTC? y ¿Quién controla, audita o sanciona a los que conducen este organismo de no control?
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  2. MENDOZA ES UN ANTRO DE CORRUPCION POLITICA EN LA CUAL ESTAN ASOCIADOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Y ABOGADOS ESTRELLAS PARA VIVIR DE LAS ARCAS DEL ESTADO; Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESPONDE AL GOBIERNO DE TURNO MIENTRAS MANTENGA SUS PRIVILEGIOS Y SE LLENE DE PARIENTES Y OTROS DUDOSOS PERSONEROS QUE OPERAN A FAVOR DE LOS DELINCUENTES. LO QUE SE DICE UNA MUY BIEN ACEITADA MAQUINARIA DE CORRUPCION DONDE EL PUEBLO PAGA CON SU SANGRE ......ESCUCHEN A LAS URNAS, LA GILADA YA NO SE BANCA A LOS DELINCUENTES DE TRAJE Y TITULO....OJO MUCHACHOSSSS
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  3. ES EL PREMIO Y EL REFUGIO PERFECTO PARA CORPORACIÓN DE LA CORRUPTELA EN EL ESTADO. ES SIN DUDAS UNA DE LAS INSTITUCIONES QUE DEMANDA URGENTE UN SINCERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO, PORQUE EL DESFALCO, ROBO, ABUSO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO ESTÁN SOSTENIDOS EN LA SOMBRA POR LOS MISMOS PROFESIONALES PERPETRADORES DEL DELITO. ES PARTE DEL SISTEMA ENFERMO DE LA FALTA JUSTICIA Y CONTROL DE LOS SEÑORES A CARGO DEL GOBIERNO EN ESTA PROVINCIA.
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  4. En Mendoza la corrupción se tapa por la cadena de favores entre las maximas autoridades del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y demás poderes. Por eso nada se descubre a tiempo ni se recuperan activos. MENDOZA CORRUPTA POR QUE SUS AUTORIDADES NO HACEN NADA A TIEMPO... Y los únicos que corren peligro son los denunciantes ... como Monetti.
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  5. El Tribunal de cuentas es un organismo perimido, la ineficacia con la que actúan no es casual. Se imponen reformas y cambios en la conducción.
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  6. Comparto la opinión de jorgitofer: Gobierne quien gobierne, pocas cosas son tan detestadas en el estado como un funcionario no corrupto y no manipulable.
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  7. En Argentina es muy difícil que un organismo anticorrupción pueda trabajar independientemente del poder político, eso ya está comprobado, siempre se doblegan ante el gobierno de turno, o si son honestos reciben tantas presiones y/o amenazas que terminan renunciando y esos puestos son ocupados por corruptos.
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  8. Joda, joda, joda.
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  9. Estas maniobras necesariamente deben estar asesoradas por profesionales, así como a los médicos se les aplica mala praxis , estos abogados y contadores deben ser solidarios con los delincuentes. Hay que crear un organismo que persiga cualquier acción en contra de la Argentina ( hay que guiarse por los orígenes del FBI creado alrededor de 1900)
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