opinión

El trabajo como derecho humano y la justicia

El trabajo como derecho humano y la justicia

 "Con su trabajo, el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias y de la técnica y sobretodo, a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad de hermanos..." (Laborem Exercens, Juan Pablo II, Setiembre de 1981).

Laborem exercens

Estas palabras reflejan indudablemente, la dimensión social y humana del trabajo. Y esto no es un concepto menor: Detrás de cada trabajador hay también una familia.

Por ello, el trabajo es el fundamento para construir y satisfacer las exigencias de la vida familiar; incrementa el bien común de la Nación y multiplica con efecto multiplicador el patrimonio de la sociedad toda.

Así, el hombre que trabaja no sólo lo hace porque desea la justa remuneración, sino porque con el trabajo adquiere respeto íntimo y social, y desea ser tomado como sujeto activo del proceso de producción. No desea "sentirse" un simple instrumento, un "elemento" más del mismo, sino un partícipe necesario dotado con iniciativa y creatividad. Por ello, el trabajo no debe mirar únicamente el provecho económico sino valorar los aportes personales y sociales.

Bajo esta perspectiva, el derecho del trabajo es una parte del derecho que más refleja la necesidad del hombre de aportar a la sociedad y realizarse dignamente como persona. Es que el trabajo ofrece a cada hombre y mujer esa oportunidad de crecer, desarrollar sus habilidades y ser cada día más hombre y más mujer. Más dignos.

El trabajo, así visto, se transforma en un derecho humano esencial: lo que está en juego es la propia dignidad de los hombres y mujeres y el derecho al trabajo es la aspiración de ellos a alcanzar un nivel digno para el trabajador/a y su familia, garantizada por el Estado, a través de acciones políticas y normativas que aseguren el pleno empleo, estabilidad y salario justo. Y agregaría, el acceso a la justicia para obtener respuesta a esa protección garantizada.

Es que los derechos de los trabajadores no fenecen con una extinción de la relación laboral inadecuada e impaga.

La protección del Estado continúa en los estrados judiciales para hacer realidad esos derechos.

Bajo este contexto, el trabajo, como bien, está protegido por el derecho, y en especial por nuestra Constitución Nacional en su Art 14 bis y por los tratados internacionales que desde 1994 tienen hegemonía constitucional en Argentina.

Ya el Art 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con una sentencia universal, nos decía que "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo..."

Y la doctrina de los derechos humanos destaca como pretensión moral del trabajador el nivel de vida adecuado, requerimiento mínimo a ser protegido por el Estado y la misma comunidad internacional. Y es así como finalmente la OIT acuerda en 1962 el Convenio 117 que comienza a desarrollar la idea del nivel mínimo de protección por parte de ese Estado cuando en su Art 5 nos enseña que "Se deberán adoptar medidas para asegurar a los productores independientes y a los asalariados, condiciones que les permitan mejorar su nivel de vida por sus propios esfuerzos y que les garanticen el mantenimiento de un nivel mínimo de vida..."

Pero la realidad nos demuestra que a pesar del esfuerzo del Estado Nacional y Provincial, las condiciones de algunos trabajadores no dejan de ser calamitosas al punto de originar una nueva esclavitud. No sólo hablamos de trabajadores no registrados que no gozan de vacaciones, de su aguinaldo, de sus asignaciones familiares, de sus licencias por maternidad, de sus aportes previsionales. Hablamos de condiciones de trabajo humillantes, de trabajadores rurales que viven con sus familias en tiendas a la intemperie, sin agua potable, con un baño para varias familias. No es ficción. Hoy ocurre en Mendoza y en el resto del país.

Pero también la realidad judicial está colapsada, motivando una demora en la solución a los reclamos laborales. No es una crítica. Nadie que ejerza el derecho laboral en Argentina podrá desmentir que los conflictos en esta materia se han incrementado sensiblemente y no así la cantidad de Tribunales que los solucionen.

Entonces cuando nos informamos sobre estas realidades, nuestros conceptos jurídicos comienzan a desmoronarse: Qué quedó de la protección de los derechos laborales proclamada por nuestra Constitución Nacional y por la Declaración Universal de del Derechos Humanos que cada día está más vigente?

De nada sirve una excelente protección constitucional al trabajador si no existe control preventivo en el cumplimiento de la ley laboral y si no existe premura en la solución judicial de sus reclamos. Podrá decirse lo mismo de una PYME empleadora, ya que un conflicto de larga data podría crearle incertidumbre en su futuro, pero en esta relación, y resulto obvio, es el trabajador quien más se siente afectado, porque tiene sus necesidades básicas hoy y no mañana.

Es que el derecho laboral surge como protector del trabajador en su naturaleza, y en consecuencia, tanto si no se cumple con normas laborales esenciales y básicas, como si la Justicia es lenta e inoportuna en sus soluciones, se viola el derecho humano del trabajador.

Por ello, en el aseguramiento previo de los derechos laborales, vemos trabajar en fuertes políticas preventivas a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia en coordinación con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Y en la respuesta de los reclamos laborales es la Justicia de Mendoza que con la estructura que posee intenta dar todo de sí, tratando de mejorar, realizando modificaciones en su sistema de trabajo, a veces, no tan respaldadas por el foro.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la Provincia, en consenso con la Justicia de Mendoza, y el Colegio de Abogados, ha presentado hace algún tiempo ante la Legislatura Provincial, un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Mendoza, para que sea tratado y se convierta en ley.

De un análisis rápido del proyecto, se puede concluir que con esta nueva herramienta tanto Poder judicial como el organismo de control administrativo laboral podrán actuar en forma coordinada y que además se allanará a las Cámaras Laborales de Mendoza el camino para que sus sentencias sean en menor tiempo.

De ahí la importancia para los sujetos de la relación laboral, que esta Reforma al Código Procesal Laboral, sea tratada con urgencia por los legisladores provinciales.

Seguramente esta reforma tan ansiada no va a resolver situaciones laborales humillantes si no se continúa con el control y la prevención por parte del Estado Provincial, pero estoy convencido que el esfuerzo intelectual de sus autores no habrá sido en vano y que al menos es una respuesta concreta para hacer realidad la protección final del derecho humano al trabajo.

*Abogado Laboralista - Asesor de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza 

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