opinión

La gobernabilidad no es un obsequio gracioso de algún dirigente opositor

La gobernabilidad no es un obsequio gracioso de algún dirigente opositor

La modificación del Impuesto a las Ganancias nos deja en descubierto las conductas políticas que seguramente veremos repetir a lo largo de 2017. Por un lado, la acción demagógica de Massa y sus aliados para impulsar temas reivindicatorios, y por el otro, el llamado a que el gobierno sea responsable en el endeudamiento y el déficit fiscal.

En este contexto, impulsaron en el Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias que no sólo modificaba los mínimos y las escalas con que progresivamente se paga el tributo, disminuyendo así la recaudación mucho más de lo que se preveía cuando se votó el presupuesto nacional para el año 2017; sino que además avanzaron en la creación de una serie de nuevos impuestos tratando de demostrar su "responsabilidad" en el manejo de la recaudación de fondos públicos.

En este punto es importante detenerse para comprender acabadamente qué sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación. En primera instancia se elaboró un proyecto, impulsado por Massa y el Frente para la Victoria, que avanzaba sobre la disminución de un impuesto sobre el que nada hicieron en 12 años de gobierno. Paralelamente, y en un denodado esfuerzo por mostrar esa supuesta "responsabilidad" fiscal, realizaron como iniciativa legislativa un acuerdo político de las distintas vertientes del peronismo y otros aliados que creó nuevos tributos, sin ninguna intervención del Poder Ejecutivo. Por último, acallaron las voces de los legisladores oficialistas, cerrando el debate y procediendo a votar sin más consideraciones.

Ese proyecto que aprobaron y que llega al Senado de la Nación para su tratamiento, contempla la creación de impuestos que afectan la industria, el sistema financiero productivo y boicotea el blanqueo de capitales. La recaudación tributaria por Ganancias en 2016 se estima en casi 425 mil millones de pesos (5,38% del PBI) y, si no se implementan cambios, la recaudación superaría los 540 mil millones de pesos en 2017 (alrededor de 5,57% del PBI).

El costo fiscal de la propuesta oficial enviada por el Ejecutivo acumulaba una baja en la recaudación de 0,6% del PIB en el período 2017-2019, alrededor de 33 mil millones de pesos en el 2017. Un importante esfuerzo fiscal para los tres niveles de gobierno. Luego de algunas negociaciones el oficialismo logró el dictamen de mayoría con algunas concesiones adicionales elevando la pérdida de recursos a casi 46 mil millones de pesos.

En cambio, la propuesta elaborada por la oposición impactaría en una menor recaudación: 2% del PIB para el mismo periodo, con una estimación de la AFIP de más de 121 mil millones de pesos. Para dimensionar el importe en juego, esta suma equivale a la mitad de los intereses previstos a pagar para el 2017 de la tan criticada deuda pública Argentina. Dicha caída en la recaudación no contempla de manera realista la difícil situación fiscal ni de las provincias, ni de la Nación.

De golpe luego de años de ejercer el gobierno, el justicialismo, el partido político que más tiempo gobernó al país, se puso creativo. Cambiaron todos los libretos con los que trataron este tema y generaron múltiples impuestos para intentar paliar el impacto fiscal sobre la recaudación de la Nación y de las provincias, entre ellos, algunos que habían sido eliminados hacen unos meses por decisiones tanto del Poder Ejecutivo como del propio Congreso, con apoyo y votación de los bloques que hoy plantean reinstalarlo.

Decidieron: i) volver a gravar con retenciones a las exportaciones mineras, ii) volver a aplicar un impuesto especial sobre la distribución de dividendos, iii) gravar con un impuesto la renta financiera, incluyendo los rendimientos (nominales) obtenidos por depósitos a plazo fijo (mayores a $1,5 millones), cajas de ahorro, bonos, fondos comunes de inversión y rendimiento de Lebacs, iv) crear un nuevo impuesto excepcional (retroactivo y por única vez) por las operaciones de dólar futuro, v) crear un nuevo impuesto al juego y vi) un impuesto a los inmuebles improductivos (tanto en territorio nacional como en el extranjero).

Múltiples problemas acarrea el proyecto aprobado por la oposición. En primer lugar, en lo que respecta al Impuesto a las Ganancias en sí mismo, se pone el foco nuevamente en las deducciones para el cálculo del mínimo no imponible (MNI) cuando, a la luz de los datos, el mayor problema que tiene hoy el tributo no es éste sino el de las escalas, que justamente nunca se actualizó en los últimos 17 años, mientras que el MNI sí lo fue y en varias oportunidades. De hecho Argentina está por encima de casi todos los países de la región (excepto Colombia) y del mundo.

Retomando el impacto de las escalas, con la normativa vigente un trabajador pasa de pagar el 9 % apenas supera los $ 18.800 de salario neto "de bolsillo" mensual sobre el excedente, a pagar el 35% cuando pasa los $ 28.000. La idea y lo que le da progresividad a este impuesto, es que el 35% lo paguen salarios mucho más altos, pero por la inflación de estos 16 años esa escala quedó desactualizada, "achatándola" y quitándole la tan necesaria progresividad (los que más ganan pagan más).

Para llegar a este punto Massa acordó con el Frente para la Victoria y tratando de obtener una victoria política, repartir lo que no hay y tratando de mostrar débil al gobierno. Rompiendo una de las mejores tradiciones parlamentarias de respetar al ejecutivo y por tanto la voluntad popular para impulsar la creación de nuevos tributos.

Otro punto que llama la atención es el modo en que lo hicieron. Volver a las peores tradiciones parlamentarias del justicialismo conocidas irónicamente como la "doctrina Astorgano", en relación al Diputado José Astorgano que sólo tomaba la palabra para cerrar el debate. Se imponían en las votaciones por el número de sus legisladores, pero además cerraban el debate para que la minoría no opinara. Hoy volviendo sobre estos pasos, se aliaron para hacer demagogia y no permitieron al oficialismo en minoría opinar. Por esto no dejó de sorprender la carta abierta que el dirigente del Frente Renovador, vaya nombre para reciclarse en política, le dirigió al Señor Presidente de la Nación donde le reclamaba por no haber dialogado con él. Ni sus gestos, ni su acción, acompañan sus palabras, puestas ahí para mitigar la reacción de muchos argentinos que se expresaban en abierta disconformidad por el accionar del dirigente.

Aún reconociendo el error del oficialismo de introducir el tema para debate en el periodo extraordinario de sesiones, sin haber alcanzado previamente los acuerdos necesarios para impulsar su proyecto, esto no mengua lo dicho frente a las actitudes que tomó la oposición en el marco del acuerdo Massa - Kicillof.

Frente a estas especulaciones, digo con énfasis, que fue la Constitución Nacional lo que funcionó de forma impecable. En la Cámara de Diputados está representado el pueblo de la Nación y en el Senado los Estados Provinciales. Fue la naturaleza de esta institución la que permitió que se expresaran los Señores Gobernadores sobre el daño que causaría el proyecto Massa - Kicillof a las finanzas provinciales, el impacto sobre la obra pública y las transferencias contempladas en la ley de Presupuesto 2017. También se expresaron los representantes de las centrales de trabajadores recalcando la necesidad de corregir las escalas para que el tributo sea justo.

De la mano de un Estado con estadísticas públicas fiables se ha abierto un espacio de negociación convocado por el Presidente que permite a todos los involucrados expresar sus intereses y abrirse a la búsqueda de alcanzar un acuerdo razonable.

De la picardía, de vuelo corto, del acuerdo Massa - Kicillof, a la acción plena de las instituciones de la República, en un sano ejercicio de búsqueda de acuerdos, que es donde estamos parados en este momento, hemos dado un paso importante en la búsqueda de solucionar un problema que desde 1999 no se habla y lo queremos hacer pero en un marco de responsabilidad y sustentabilidad fiscal.

El gradualismo es el camino elegido por quien tiene la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo en el marco de un sistema presidencialista. La gobernabilidad está intacta y todos debemos cuidarla, aunque algunos ya estén de campaña electoral.

PAMELA VERASAY

SENADORA NACIONAL POR MENDOZA

INTERBLOQUE CAMBIEMOS 

Opiniones (1)
25 de mayo de 2018 | 01:26
2
ERROR
25 de mayo de 2018 | 01:26
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. Muy clara en sus conceptos senadora. Coincido con su análisis
    1