opinión

Noveles medidas de protección, prevención especial positiva y educación en igualdad de género

Noveles medidas de protección, prevención especial positiva y educación en igualdad de género

De notorio y público conocimiento resulta, en la provincia de Mendoza, el flagelo de la violencia cometida por el hombre contra la mujer en clara manifestación de violencia de género, es decir, valiéndose de su relación asimétrica de poder físico, reflejando una cultura patriarcal de sumisión y reducción del sexo femenino a un objeto del cual dispone.

El flagelo en cuestión superó limites impensados; la repercusión mediática alcanzada y la consecuente conciencia adquirida por la mujer, que la llevó a denunciar todo tipo de violencia sufrida a manos de sus parejas (novios, convivientes, cónyuges), se plasmó en un notable crecimiento de causas penales, lo cual se tradujo en un aumento exponencial de agresores privados de libertad cautelarmente - intertanto se sustancia el proceso penal seguido en su contra para la obtención de condena - alojados en Penitenciaria Provincial y Comisarías Judiciales.

La reiteración delictual evidenciada por los agresores, en una escalada de violencia, puesta de manifiesto en ocasiones a través de la manera más cruda - femicidios -, obligaron a adoptar medidas urgentes en la materia. La primera reacción del Gobierno a nivel Provincial, fue en materia penal; más precisamente en medidas tendientes a la protección de la integridad física de la víctima que radica su denuncia. Así se pudo observar que mediante la sanción de la Ley 8869 publicada para fecha 03 de Junio de 2016, se acogió expresamente como causal de detención y prisión preventiva, el peligro de reiteración de atentados contra la integridad física de la mujer víctima; entendiéndose que la libertad del acusado de violencia de género se traduce en un serio peligro para la mujer denunciante de sufrir futuros atentados, por lo cual es necesario su privación de libertad hasta obtener su efectiva condena.

A diferencia del resto de los delitos investigados, la temática en cuestión supone este riesgo para la víctima, ya que hay un vínculo directo entre esta y su victimario. La manifestación de superioridad del agresor respecto de la mujer víctima - a quién reduce a calidad de objeto de su propiedad -, permite inferir que el mismo, luego de ser denunciado, reiterará sus agresiones, las cuales muy probablemente aumenten en su intensidad.

Esta reforma legislativa indudablemente fue un avance en la materia, pero fue un avance incompleto. El resultado inmediato fue el notable crecimiento de la población carcelaria; el victimario de violencia de género tiene como destino la detención en caso de evidenciarse un serio riesgo para la víctima. Pasamos de carecer de herramientas para lograr neutralizar este peligro, a tener la más poderosa y gravosa de todas: la privación de libertad cautelar. Es decir, la forma de erradicar este peligro latente fue neutralizar temporalmente la conducta del agresor mediante su privación de libertad. No se desconoce que existen otras medidas menos gravosas, pero la realidad indicó que estas no eran suficientes; por ejemplo: prohibición de acercamiento - frecuentemente incumplidas -, rondines policiales, entre otras. Lo cierto es que el margen de desprotección que generan estos recaudos, puede traducirse en un nuevo atentado contra la mujer - incluso de mayor gravedad -. En consecuencia, priorizando la vida de la mujer y su integridad física, se recurre a la detención.

Este dilema evidentemente no ha sido ajeno al Gobierno, el cual recientemente logró la promulgación de un paquete de leyes (Ley 8931, 8932 y 8933 para fecha 14 de Diciembre), que directamente pretenden resolver el conflicto suscitado.

De esta manera, se decidió optar por generar alternativas menos gravosas a la privación de la libertad. Se le otorga al fuero penal una vía morigerada para neutralizar este peligro para la víctima, siempre y cuando no sea manifiestamente necesaria la detención para este fin. Así se prevé la posibilidad de recurrir a la utilización de mecanismos electrónicos de localización georeferencial - monitoreo, supervisión, rastreo y alerta -; por ejemplo: pulsera electrónica asignada al imputado para controlar sus movimientos, asegurando el efectivo cumplimiento de la prohibición de acercamiento dispuesta como condición de libertad; botón antipánico a disposición de la víctima para alertar a la Policía el incumplimiento de esta prohibición; entre otros.

El Gobierno cubrió el vacío legal imperante para la neutralización del peligro de la víctima en causas penales de violencia de género; lo hizo poniendo la tecnología al servicio de la justicia. Se brindó a las Autoridades Judiciales la posibilidad de recurrir a una medida de coerción morigerada complementada por estos sistemas electrónicos capaces - al menos prima facie y "en los papeles" - de lograr la disminución del riesgo aludido, brindando así una alternativa válida a la privación de la libertad, siempre que las particularidades del caso no ameriten recurrir a esta.

Cabe destacar la excelente técnica legislativa empleada en las normas sub examine. Exige para su adopción fundar la utilización de estas medidas en la efectiva existencia de peligro para la integridad física de la mujer; lo cual debe ser analizado por un Juez imparcial; no quedando en consecuencia en manos del Ministerio Fiscal su aplicación inaudita parte. Además puede vislumbrarse el respeto de estándares internacionales plasmados en materia de violencia de género, toda vez que se exige respetar la opinión de la víctima - con carácter vinculante para el Juez -. En este sentido, es necesario que la mujer preste su consentimiento a la utilización de estos sistemas, como así también debe procederse al cese de los mismos en caso de expresa solicitud de aquella.

Por otra parte, el conjunto de leyes recientemente aprobadas, complementa las medidas de protección analizadas, con verdaderas herramientas que tienden a solucionar el problema de raíz. Es así que se logró tomar conciencia de que la erradicación del problema jamás podía recaer exclusivamente en el fuero penal con la imposición de penas, siguiendo así la máxima de que "el derecho penal no siempre es el instrumento adecuado; en muchas ocasiones, la reparación de las víctimas de estos ataques puede provenir de otras fuentes mucho más eficaces"[1].

En esta línea de pensamiento, en primer lugar, el Estado decidió recurrir a un método que pretende prevenir la reiteración delictiva del agresor mediante su tratamiento personalizado. En otras palabras: prevención especial positiva, o bien, reinserción, reeducación del victimario. Es así que se creó un programa de abordaje de agresores, brindando tratamientos interdisciplinarios, a los cuales deberán someterse por orden judicial. De esta manera se buscará trabajar en el control de sus impulsos y en la erradicación de estereotipos patriarcales, entre otros aspectos relativos a su regeneración.

En segundo lugar, se adhirió a la Ley nacional 27.234, disponiendo así que la Dirección General de Escuelas deberá realizar en los establecimiento educativos públicos y privados - nivel primario, secundario y terciario -, con cooperación de instituciones especializadas en la materia, jornadas de educación para lograr en el alumnado y en el cuerpo docente, el desarrollo de actitudes, valores y prácticas tendientes a prevenir y erradicar la violencia de género. En definitiva, el Estado decidió - además de reprimir penalmente - educar; educar para en el futuro no tener que castigar, erradicando el problema de raíz; la más eficaz herramienta de prevención.

En conclusión, en una temática en la que es difícil ser escueto, podemos afirmar que el Estado adoptó noveles medidas de protección, valiéndose de la tecnología, para neutralizar el peligro de reiteración de agresiones a la mujer víctima, sin que sea necesario en todos los casos la privación de libertad provisoria del agresor; como así también se decidió atacar la génesis del flagelo, abordando interdisciplinariamente al victimario con miras a su reeducación, y educando a la sociedad sobre la igualdad de género con el fin de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.


[1] Kemelmajer de Carlucci, Aída; "La violencia contra la mujer en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos"; publicado en Revista Online "Voces en el Fénix"; http://www.vocesenelfenix.com/content/la-violencia-contra-la-mujer-en-la-jurisprudencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-hum.

Opiniones (2)
21 de agosto de 2018 | 18:38
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21 de agosto de 2018 | 18:38
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  1. Este tipo de notas demuestra el alto nivel de conocimientos técnicos que tienen los ayudantes fiscales, y tira abajo el mito que son todos cavernicolas.
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  2. Mi hermano, me alegro de que te esté yendo bien. Como discutiríamos estas cuestiones juntos. En poco tiempo nos vamos a encontrar. Te mando un abrazo, espero que te des cuenta de quién soy.
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