opinión

Responsabilidad de la Iglesia y el Arzobispado

Responsabilidad de la Iglesia y el Arzobispado

Antes que nada, debo aclarar que siento un profundo respeto por todas las religiones, incluida la católica. Hago esta aclaración para que nadie interprete que mediante el análisis de un tema de actualidad pretendo adoptar algún tipo de actitud agresiva. Por el contrario, hago estas reflexiones para contribuir aunque sea mínimamente a que hechos aberrantes como el que han ocurrido recientemente en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo no se repitan en el futuro y porque no creo que el silencio o el disimulo colaboren con esta finalidad.

Como mucho se ha dicho y escrito sobre el tema, pretendo abordarlo con alguna reflexiones estrictamente legales y sugerir si fuera necesario la sanción de alguna ley.

Nuestra iglesia católica pese a lo que se supone, no está desvinculada en forma absoluta del Estado argentino y tanto nuestra Constitución Nacional; nuestro nuevo Código Civil y Comercial y algunas leyes complementarias reglamentan esta relación. En primer lugar el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que el Estado nacional sostiene el culto católico apostólico romano aunque desde 1853 en el artículo 14 se reconoce la libertad de cultos. Sin dudas y a diferencia del régimen constitucional del resto de los estados modernos se le otorga al Catolicismo Romano un régimen especialmente privilegiado respecto del resto de las religiones. El artículo 146 del recientemente reformado Código Civil y Comercial ubica a la iglesia católica entre las personas jurídicas públicas junto al Estado nacional las provincias y los municipios. Evidentemente al colocar a la iglesia católica en un régimen similar al Estado le confiere un status especial que consecuentemente debería traer aparejado un régimen de obligaciones y responsabilidades similares a las del Estado mismo. Estas personas jurídicas públicas mencionadas no necesitan autorización del Estado para funcionar como si lo necesitan las personas jurídicas privadas o sea las asociaciones, fundaciones, sociedades, Etc. Dentro de las cuales se encuadra al resto de las religiones.

La personalidad de la iglesia católica se extiende a cada una de sus unidades territoriales o sea que cada una de las diócesis y parroquias son también personas jurídicas públicas. Cada una de las diócesis representadas por sus Obispos deberían tener responsabilidad civil extracontractual o sea deben tener responsabilidad civil (deber de indemnizar) por los hecho que realicen las personas que de ellas dependan, tanto por acción como por omisión, en especial por la culpa "in eligendo" o por la culpa "in vigilando", esto es por la selección inadecuada de sus dependientes o por la falta de vigilancia de acción de los mismos que ocasionan daños. No parece que la Iglesia y el Arzobispado hayan procedido con "prudencia" o "cuidado" al traer a Mendoza a un religioso con antecedentes de pedofilia en Italia y ponerlo a desempeñar funciones en un Instituto de Enseñanza de menores con capacidades diferentes algunos de los cuales pernoctaban en él. Deberían, al menos, haber extremado las medidas de vigilancia y control y al no haberlo hecho han incurrido en culpa "in eligendo" y en culpa "in vigilando" los que los convierte en civilmente responsables. Por si esto fuera poco el artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación determina la responsabilidad de los Establecimientos educativos por los daños sufridos por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. 

Cuando en Derecho Civil se habla de ser "civilmente responsable" se habla de la obligación de IMDEMNIZAR EL DAÑO CAUSADO. Este daño puede ser "moral" por los padecimientos sicológicos que el acto ilícito ha provocado y puede ser "material" o sea el perjuicio económico también producido que se relaciona quizás con gastos de tratamientos médicos y retraso o imposibilidad que estos menores tengan en el futuro en la obtención de los conocimientos que estaban adquiriendo y les hubiera permitido un desempeño económicamente independiente en su vida. Todo esto, por supuesto, sin descartar otro tipo de responsabilidades que puedan surgir para el Instituto, para su personal o para el Obispado o alguna otra Institución pública o privada, todo obviamente en el caso de resultar probados los hechos denunciados.

La situación del arzobispo es particularmente delicada porque al ser cabeza de una persona jurídica pública y al ser pagado su sueldo por el Estado con una remuneración mensual equivalente al 80% de la de un Juez Nacional de 1° Instancia (Artículo 1° de la Ley 21950) y de gozar del derecho a una jubilación especial, se convierte casi en un funcionario público, por lo menos desde el punto de vista de las responsabilidades civiles y tiene o debería tener, al igual que los funcionarios públicos la obligación de denunciar los delitos que conozca en ejercicio de sus funciones (Artículo 329 del Código Procesal Penal de Mendoza). Se nos dirá que los Obispos no son funcionarios públicos por no ser designados ni removidos por el Estado, entre otras circunstancias, lo que es cierto, pero también lo es que por las características enunciadas están en una situación bastante similar. Quizá haga falta la sanción de una ley especial que los obligue a denunciar estos delitos del mismo modo que se les exige a los funcionarios públicos.

En resumen creo que de probarse los hechos que son de conocimiento público la Iglesia y el Arzobispado deben indemnizar los daños morales y materiales causados por el personal del Instituto de referencia y creo también que se le haría un bien a la Iglesia si la misma hiciera pública la voluntad de indemnizar sin esperar ser demandado.

Opiniones (6)
19 de junio de 2018 | 08:15
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19 de junio de 2018 | 08:15
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  1. EL ACTO DE CONTRICCION RIGE NO SOLO A LOS QUE DEMANDAN EL PERDON DE SUS PECADOS, TAMBIEN ABARCA A AQUELLOS QUE LOS COMETEN AL AMPARO DE LAS IMPUNIDADES NO CONCEDIDAS , E INDUCIDAS POR CREERSE A SALVO DE LA " FALTA " COMETIDA .ESTA BIEN QUE DIOS LAS PERDONE, PERO LO QUE LO HAGA LA JUSTICIA DE AQUI, DE ESTA TIERRA ?..¡ NO SE CONCIBE ¡
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  2. BIEN ORQUIN
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  3. "andres2986" este individuo es un oportunista. ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON TU COMENTARIO.-
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  4. Lo escrito puede leerse también como que el estado es cómplice del arzobispado ya que los dos cobran de nuestros bolsillos y los dos son responsables de nombrar un pedofilo a la cabeza de un colegio de niños. Podría creerse que no es así si hubiera una sanción cuantiosa y no voluntaria. ya que una suma voluntaria del arzobispado podría ser tomado como soborno para quedar impune. Todo lo sucedido en el mundo en las ultimas décadas prueba la urgente necesidad de que estados y religión no sean socios. Que estamos esperando para dejar de financiar este culto? Están recortando beneficios para nuestros ciudadanos mientras mantienen congregaciones anacrónicas donde se torturan monjas y se corrompen y violan a nuestros hijos. Se da el lujo ese sacerdote de hacer valer su poder eclesiástico haciendo que nuestros 'Honorables' representantes legislativos cual si fueran sus sirvientes, y tal vez lo sean, tengan que ir a su 'Presencia' poniendo reglas, puertas cerradas y secreta. Vergonzoso. Humillante. Anacrónico. ¡ Es un delincuente, nombro un perverso en un puesto que le facilitaba el acceso a niños que no se podían comunicar y de bajos recursos para tenerlos amenazados con no tener escolarización!
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  5. Este señor fue ministro de seguridad si mal no recuerdo, me pregunto xq no indemniza tb a todos los que sufrieron daños bajo su gestión.
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  6. Así como el Arzobispo es Cabeza de una Iglesia Particular llamada Diócesis, en este caso Mendoza, y debe vigilar toda la tarea pastoral de las personas que allí actúan, no significa que legalmente se haga cargo de todo. Las parroquias, los colegios, algunas instituciones tienen personería jurídica propia. Si hubiera un juicio laboral de una persona de maestranza en una parroquia, es esa institución la que debe afrontar el proceso. Si es despedido un docente con o sin causa, es el mismo Colegio quien deberá afrontar los pasos correspondientes. Me parece que se llama ley de "subsidiariedad". Es la Congregación religiosa a cargo del Próvolo quien debe hacerse cargo legalmente de lo que ha sucedido aqui. No me parece bien mezclar cosas. De todos modos hay una obligación moral y es GRAVE! Nada de lo que pase en algún espacio eclesial mendocino puede permanecer ajeno a la Jerarquía. Menos aún cuando alguien borra de un plumazo la credibilidad de tantas personas. De tanta conducta perversa sí tiene que responsabilizarse, aunque hay muchos otros que deberán bajar la cabeza y rezar con la Iglesia un "mea culpa", no? Docentes, psicólogos, observadores educativos, revisores de la salud, amigos de la Institución, incluso los mismos padres que se dan cuenta y hablan recién después de 10 años!!!
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