opinión

Legislatura (no tan) abierta

Legislatura (no tan) abierta

 Lamentablemente a nivel provincial, cierra el año 2016 sin que se haya logrado sancionar la ley sobre Libre Acceso a la Información Pública. Por qué digo "lamentablemente"? Por todo lo que esta ley implica como herramienta para la ciudadanía, más en este momento histórico, en el cual, logró sancionarse a nivel nacional - la ley 27.275 sobre acceso a la información pública. Es cierto que la Legislatura provincial abrió sus puertas a distintas ONGs, expertos de las distintas universidades, entre otros, para que realizaran sus aportes al proyecto de ley impulsado los diputados García-Mancinelli, no obstante, la ley no logró sancionarse.

El derecho a la información constituye un derecho humano "...la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno" (CIDH, 2002: párrafo 282). Sin la sanción de esta ley, Mendoza, continúa en la prehistoria. Recordemos que desde hace tiempo se habla de Gobierno Abierto, lo cual, requiere como condición previa tener un marco legal que permita avanzar de manera rápida y efectiva hacia la consecución de los objetivos propuestos que no son otros más que mejorar la calidad de vida de las personas.

Cuándo los legisladores van a entender que deben dejar de lado sus mezquindades e intereses individuales en pro del Bien Común? Cuándo van a comprender que estamos en una nueva época en la que la democracia está dejando de ser "representativa" para ser mucho más "participativa y deliberativa"? Hace cuánto tiempo que esta ley está durmiendo en la Legislatura?

La ley de Libre Acceso a la Información Pública representa una ampliación de derechos, en tanto todo ciudadano puede controlar cómo se gasta el dinero que aporta con sus impuestos, cómo se decide a qué obras se da prioridad, cómo se distribuye el dinero entre la nación, las provincias y los municipios. En definitiva, señala cuánta honestidad hay en el uso de nuestra plata y cuánto se cumple con el federalismo del que nos enorgullecemos, pero que no practicamos. El cuerpo de la ley da precisiones. Su culminación está en el derecho a la participación política, a la transparencia y a la vida en un estado de derecho democrático. Es también un límite a la exclusividad o monopolización de la información por parte de los Estados, los grupos de presión o los partidos políticos.

Sin embargo, la situación es distinta a nivel de gobierno municipal y provincial. El día 7 de noviembre de 2016 se firmó en Capital Federal, en la sede de la Ong ADC (Asociación por los Derechos Civiles), un Convenio de Colaboración con la Municipalidad de Capital, y el director Ejecutivo de ADC, Dr Torcuato Sozio. Dicho Acuerdo es conteste con el Plan de Modernización del Estado, el cual consiste en "construir el Estado del Siglo XXI basado en la Transparencia", a partir de la recuperación del recurso humano, la tecnología, los procesos, los sistemas y un gobierno abierto. Este Plan de Modernización, es el instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, las prioridades, y los fundamentos para promover las acciones necesarias orientadas a convertir al Estado en el principal garante del Bien Común; es que la modernización del Estado será abordada a partir de la instrumentación de un conjunto sistemático, integral y metódico de acciones concretas. Por otro lado, es dable destacar que dicho municipio cuenta con su ordenanza de acceso a la información pública, al igual que los Municipios de Maipú y Guaymallén.

Entiendo que estamos viviendo un momento fascinante para la reinvención de la política, y esto tiene que ver con los nuevos paradigmas de la comunicación humana. El Gobierno Abierto tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos así como en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, pero para ello, es fundamental que nos brinden el marco legal adecuado, cuestión de la que no son ajenos nuestros legisladores.

Sin lugar a dudas, la firma de este Convenio de Cooperación con una Ong de gran prestigio como ADC (Asociación por los Derechos civiles) implica un gran avance por parte del sector político, en este caso la Municipalidad de Capital, quedando plasmada su voluntad por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la apertura de canales de participación, acceso a la información pública, tratando de adecuarse a los nuevos retos que conlleva el traspaso de una democracia representativa hacia una democracia participativa y deliberativa.-

Por su parte el Gobierno de Mendoza, también, ha dado señales claras de tratar de mejorar el sistema de publicidad de los actos de gobierno, y la rendición de cuentas. Por otro lado, a través de la Subsecretaría de Gestión y Modernización, recientemente, se ha logrado un importante avance, ya que el progreso de la tecnología va a pasos agigantados y el Estado no puede estar ajeno. En virtud de lo expuesto, el DR Ulpiano Suarez, Subsecretario de Gestión y Modernización del estado, en una declaración pública a un medio gráfico mendocino, señaló en referencia al tema que: "...Estamos concretando la puesta en vigencia del expediente electrónico para la administración pública. Nuestro desafío es que para julio de 2017 toda la gestión esté despapelizada. Son muchas las ventajas que genera esta medida, entre ellas, la perdurabilidad de la información, reducción importante en plazos de trámites y que los ciudadanos pueda seguir esos trámites. Es una nueva forma que tendrá el ciudadano de relacionarse con el Estado. Es avanzar en la digitalización de los legajos del personal, porque ocupan mucho espacio y poder entregarle a la persona su legajo. Así podrá acceder a su bono el mismo día que cobra su sueldo". Entre los ahorros, el funcionario resaltó unas diez toneladas de papel, nueve millones de pesos y un aporte al cuidado del medio ambiente, con lo cual, vemos la clara voluntad de avanzar en un sentido de co-gobernabilidad, que logre sanear nuestra democracia adecuándola a los nuevos desafíos que nos impone la realidad.

Asimismo, corresponde señalar que nuestro país suscribió la Declaración de Gobierno Abierto en setiembre de 2011, y se comprometió a "fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI". Esta Declaración ha sido suscrita por 54 países. Sin dudas, éste es el camino correcto. Hay muchos desafíos que enfrentar tanto a nivel provincial como municipal, pero las señales y acciones, hasta el momento son claras y contundentes. No olvidemos que se trata de un profundo cambio cultural en nuestra sociedad pero que redundará en beneficios de todos los mendocinos.

Al suscribir esta Declaración, los países se comprometieron a "fomentar una cultura de gobierno abierto que empodere y brinde resultados a los ciudadanos, y promueva los ideales del gobierno abierto y participativo del Siglo XXI".

Esperemos que en poco tiempo nuestros legisladores logren acordar sancionar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, sin dudas, éste es el paso de gran trascendencia que estaría faltando, 

Opiniones (0)
21 de junio de 2018 | 15:59
1
ERROR
21 de junio de 2018 | 15:59
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"