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Por qué la Justicia actúa como un principado dentro de Argentina

La ampliación de la columna del director de MDZ en el programa "Cambio de aire", por MDZ Radio.

"Los jueces argentinos no actúan como parte de un partido político, porque de ser así -y aunque esa calificación quiso ser despectiva en su momento- respetarían al menos lo establecido por la Constitución. Todo indica que componen un principado dentro de la Argentina". Con estas palabras, el director de MDZ, Gabriel Conte introdujo al debate en el comienzo del programa "Cambio de aire", por MDZ Radio (lunes a viernes de 11 a 13.30) la discusión sobre el no pago de Ganancias por parte de los magistrados que, desde su punto de vista, "no merece discusión: deberían pagar porque eso los iguala al resto de la ciudadanía, tal como lo estableció la Asamblea de 1813".

Conte sacó la cuenta aproximada de lo que el Estado recaudaría a nivel nacional si este impuesto los abarcara. En esta nota, ampliamos sus conceptos con datos aportados por el docente de Derecho Constitucional Jorge Gentile, quien ha abonado la teoría de que corresponde, sin más vueltas, que los magistrados paguen ese impuesto.

El audio de la columna


Los datos extra:


 ¿Qué pasaría si los jueces federales pagaran Ganancias?

Primero y principal, se recaudarían unos 5 mil millones de pesos por año.

¿Qué podríamos hacer en Mendoza con esa plata?

- Mendoza no tendría déficit si contara con esa suma, ya que el déficit calculado es de unos 4 mil millones.

- Representa un 10 por ciento del presupuesto de Mendoza.

- Se podría pagar de un solo tirón la mitad del dique más grande de Mendoza, Portezuelo del Viento.

- Se podrían construir 10 estadios cubiertos como el que hizo Paco Pérez, a los costos que pagó Paco Pérez.

Los magistrados, ¿son argentinos o son cónsules de algún principado especial?

Serían argentinos, aunque parece no comprenderlos lo establecido por la Asamblea del año 1813. En esa oportunidad, se declaró que "todos los ciudadanos iguales sin importar el cargo que ejerzan".

¿Cuándo y cómo se decidió no pagar más Ganancias?

Los magistrados confeccionaron un traje a su medida, algo que la Constitución prohibe, pero que sigue vigente. El abogado Jorge Horacio Gentile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba fue diputado de la Nación, explicó muy bien el error en que la Corte incurrió al exceptuarse mediante una acordada de 1996 (la número 20) del pago de Ganancias:

- En la Acordada 20 del 11 de abril de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor, Santiago Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert, declaró inaplicable el artículo 1º de la ley 24.631, que dispuso la derogación de la exención del impuesto a las ganancias a los magistrados y funcionarios federales establecida en la ley 20.628 (antes lo había establecido la ley 12.965), citando la Resolución dictada el 14 de marzo de 1903, las "facultades implícitas necesarias para la plena y efectiva realización de los fines que la Constitución le asigna en tanto poder del estado (conf. acordada 45/95 y sus citas)", la invariable doctrina del caso "Fisco Nacional c. Medina, Rodolfo" (Fallos 176:73) y afirmando que la reforma constitucional de 1994 ratificó el texto del artículo 110 de la Constitución y con ello la intangibilidad de las compensación que perciben los jueces. La Acordada 20/96 no fue recurrida ni cuestionada por la Dirección General Impositiva, ni por los otros poderes del Estado, y su doctrina se aplica también a nivel provincial.

Cinco refutaciones al traje a medida de los magistrados

1. No era una sentencia que resolvía un "caso" como exige la Constitución para habilitar su competencia (arts. 116 y 117), sino de un acto administrativo de superintendencia donde los jueces no deben declarar la inconstitucionalidad de leyes (aunque lo hayan hecho en otros casos como en la Acordada 42/91);

2. Porque no se le dio intervención al Estado Nacional quién debió ejercer el derecho de defensa a favor de la correcta aplicación de la ley.

3. Los jueces debieron apartarse ya que decidían sobre sus propios haberes;

4. Porque no se seguió la buena doctrina de "O'Malley", que hace aplicable el gravamen a los jueces designados después de la ley que crea el tributo y no a los anteriores, a los que sí se les vulneraría la intangibilidad de sus compensaciones; y,

5. El hecho que nuestra Constitución use la expresión "en manera alguna" (art. 110), a diferencia de la norteamericana, no cambia los principios de igualdad ni de intangibilidad que lo justifican, que tienen por objeto garantizar la independencia judicial y no acordar un privilegio a los magistrados.

Sueldos dignos y pago de impuestos

En consideración del experto Gentile, "los jueces deben tener sueldos dignos, pero deben a su vez oblar impuestos, tasas, aportar para sus jubilaciones y la seguridad social, y hacer todas las contribuciones que le corresponden a todos los ciudadanos por aplicación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución). Es más, deben, incluso, pagar las multas que se le impongan, como las que estableció el artículo 16 del Decreto Ley 1285/58 y lo ratificó la jurisprudencia de la Corte Suprema en los casos "Vila" (Fallos 247:495) y 'Lowenthal de Berghausen' (Fallos 254: 184). Estas facultades sancionatorias ahora son de competencia del Consejo de la Magistratura (artículo 114 de la Constitución)".

¿Los jueces nunca pagaron impuestos a lo largo de la historia?

Recoge Gentile que desde 1701 la Ley inglesa conocida como Act of Settlement, que pretendía corregir los abusos durante el período de los reyes Estuardos, dispuso que "las comisiones de los jueces durarían mientras dure su buena conducta y sus salarios serían ciertos y estalecidos".

En 1760, durante el reinado de Jorge III, el Parlamento aprobó un estatuto que establecía que los salarios de los jueces no podrían se disminuidos "mientras se mantuviera en alguna de sus comisiones". En este sentido, Blackstone señala que el precepto se dirigía a "mantener tanto la dignidad como la independencia de los jueces." Esto se aplicó en las colonias norteamericanas hasta 1761, en que comenzaron las injerencias de la corona sobre la Justicia mediante la alteración de los períodos de los jueces. 

Por ello en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, entre los agravios atribuidos al Rey, estaba el que "Él ha hecho de los jueces dependientes de su única voluntad, por su designio en el período de las funciones y en el monto de sus salarios." En la Constitución de Filadelfia de 1787 se estableció que "Los jueces, tanto los supremos como los de las Cortes inferiores, retienen sus funciones mientras dure su buena conducta y reciben por sus servicios una compensación que no puede ser disminuida mientras continúen en el cargo." (artículo III, sección 1ª).

¿Y qué dice al respecto la Constitución argentina?

El artículo 96º (hoy 110) de la Constitución de 1853, con igual criterio, declaró que "Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones."

"Nunca se discutió que los jueces paguen impuestos indirectos que graven sus inmuebles o el valor agregado a los bienes que adquieren, como los demás ciudadanos. Sin embargo, la jurisprudencia tanto, en Estados Unidos como en Argentina, cuestionó el pago del impuesto a la renta o a las ganancias de los jueces", escribió Gentile.

Buscando en la doctrina judicial, ¿apoya la postura de no pagar?

- La Corte Suprema de Estados Unidos en "Evans v.Gore" (1920) invalidó el gravamen al ingreso de los jueces diciendo que "la prohibición es general, no contiene excepciones y se dirige contra cualquier disminución" y se agregó "que los constituyentes quisieron prohibir todo tipo de disminución, sea por vía impositiva o directa, puesto que la independencia de los jueces es más importante que cualquier otro interés que justifica gravar sus salarios." 

- En "Miles v.Gaham" (1925) extendió la garantía a los jueces designados con posterioridad a la creación del tributo. Criticada la Corte por esta doctrina cambia de criterio en "O' Malley v.Woodrought" (1939) afirmando que los nuevos jueces debían pagar el impuesto a los ingresos. En "Hatter v. U.S." (1994) declaró, por lo dicho en "Evans", inconstitucional las retenciones de las compensaciones por el Programa de Seguridad Social a los jueces, ya que la "reducción es concreta mientras el beneficio es potencial y enteramente especulativo".

- La Corte argentina en "Fisco c/ Medina" (1936), citando al caso "Evans", sostiene que el impuesto a las rentas es inaplicable a los jueces, lo que es ratificado en "Poviña" (fallos 187: 687) y "Jauregui" (Fallos 191: 65), ambos de 1940. En estos y en otros casos posteriores a "O' Malley" señala la singularidad de la Constitución argentina cuando prescribe que la "compensación" -como la Constitución llama a la remuneración de los jueces- no podrá ser disminuida "en manera alguna" (esta expresión no está en la Constitución de Estados Unidos) y se ha entendido que es un refuerzo de esta garantía-privilegio.

El tema de la "depreciación del salario" de los magistrados

Para Gentile, la intangibilidad tiene también que ver con la depreciación que sufre la compensación de los jueces por la inflación y al respecto es oportuno recordar lo que expresó Alexander Hamilton "se entiende que las fluctuaciones en el valor de la moneda y en el estado de la sociedad, transforman en inadmisible establecer que la Constitución fije una compensación por la tarea de los jueces, pues lo que hoy puede ser extravagante, en medio siglo puede resultar penoso e inadecuado, es entonces necesario dejar a discreción de la Legislatura la variación de la remuneración para adecuarla al cambio de la situación de la economía, sin que tal facultad autorice su disminusción."

La Corte Suprema argentina en el caso "Bonorino Peró c. Estado Nacional" del 15 de noviembre de 1985 sobre este tema dijo que "si se produce el envilecimiento del signo monetario el no disminuir obliga a indexar las remuneraciones judiciales."


 

Opiniones (4)
24 de mayo de 2018 | 09:30
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24 de mayo de 2018 | 09:30
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  1. cont. Tenés razón desde lo moral y lo ético, pero no desde lo jurídico y legal. No podés analizar el caso bajo la óptica del derecho privado porque se trata de derecho administrativo. Te la hago simple. El trabajador privado tiene derecho a una compensación en caso de despido arbitrario (le dicen indemnización) y con eso lo protegen ante la vulneración del derecho al trabajo consagrado en el art. 14 bis de la CN. Hago hincapié en lo de "incausado", porque si hay justa causa no tiene el derecho a compensación alguna. Ahora bien, en el plano del derecho administrativo, que es el que hay que considerar para todo empleado público, el derecho al trabajo se le da otorgándole la "estabilidad", que está expresada en el art. 30 de la Constitución de Mendoza, además. Entonces el empleado público de Mendoza no tiene derecho a recibir una indemnización si lo despidieron sin causa, sino que se obliga al Estado provincial a reincorporarlo. Vuelvo a insistir en que ello es, en este caso igual que en el sector privado, respecto de no haber existido "justa causa". Esto es "grosso modo", el asunto.
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  2. Yo les voy a adelantar qué va a pasar. Como la intangibilidad es innegociable y cualquier cosa que diga quienquiera no es viable en virtud del principio de independencia que engloba dicha intangibilidad, se va a dictar una nueva Ley con el consenso de los jueces, pero sus salarios no podrán ser "mermados", es decir, van a tener presente el ingreso de bolsillo al momento del impuesto, le aumentarán las remuneraciones en proporción al descuento que haya que hacerles por el gravamen que van a empezar a pagar y entonces su salario de bolsillo quedará intangible, comenzando a partir de allí una nueva historia con el mismo argumento, ya que como es intangible la remuneración y deben tributar ganancias, los aumentos que se darán a posteriori tendrán como base el ingreso de bolsillo y dispondrán que el porcentaje refleje ello. O sea, muchachos, no sean boludos, es carísimo para el Estado hacerles pagar ganancias a los Jueces. Después no digan que no les advertí.
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  3. Excelente y esclarecedora la nota, me gustaría que quienes integran la Suprema Corte en Mendoza la leyesen, pues su integrantes se deben creer semidioses. Parecen niños caprichosos, a quienes les han quitado el caramelo de la boca, así restituyeron a empleados justamente cesanteados, se les restituyeron dineros que antes debieron devolver, pues no eran los que les correspondían por sus sueldo y lugares de trabajo."El artículo 96º (hoy 110) de la Constitución de 1853, con igual criterio, declaró que "Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta". ¿Este accionar, es buena conducta? Me parece muy infantil y malicioso su forma de actuar, así como se creó la figura del abogado del "abogado del niño" en un caso de un padre que había abusado de su hijo, ignorando todos los peritajes y dejando de lado el informe de la Cámara Gessell. Si eso es buena conducta e idoneidad en el desempeño de sus funciones, dejan mucho que desear. Pobre Justicia, pobre Mendoza con esta Suprema Corte.
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  4. Buena la nota Lo que me indigna es el fallo que sacó la corte Suprema de Mendoza, restituyendo a su cargo a la hermana de Lafalla al Osep, no se dan cuenta que son noquis y que los $ 120.000 mensuales que gana mas los 60.000 de aportes, los tenemos que pagar entre todos Claro los 2 miembros Palermo y Adad, votaron a favor porque no lo sacan de su bolsillo y lo pagan ellos que lo tenemos que pagar entre todos, Tanto que pregonan la distribución social en vez de pagarle a una mujer el sueldo por no ir porque esta con licencia y nunca fue, le pagamos a 10 familias y sacamos de la pobreza a 50 personas.
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