opinión

El castigo a los menores de edad: un péndulo delirante

El castigo a los menores de edad: un péndulo delirante

Hace pocos días, Darío Villafañe fue condenado a 27 años de prisión por un delito gravísimo: homicidio criminis causa. Darío Villafañe tenía 16 años cuando cometió este horrendo crimen. La norma conforme a la cual fue proferida esta sentencia, es el decreto de la dictadura 22.278 de 1980 que lleva la firma de Jorge Rafael Videla.

Este decreto fue declarado constitucional y públicamente defendido por el ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Zaffaroni. Ayer Sergio Massa, tuitio en forma entusiasta que se había hecho justicia con una sentencia cuyo único precedente en América Latina son las propias 12 sentencias de reclusión perpetua de Argentina por las cuales el país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para agregar más confusión al cuadro de situación, Margarita Stolbizer, hoy socia política de Massa, resulto en su momento, determinante para destruir, en la cámara de diputados, junto con la diputada Diana Conti (operadora de Zaffaroni) un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil aprobado a fin del 2009 por unanimidad en el senado, que preveía penas de hasta 8 años para los delitos graves cometidos por aquellos menores de entre 16 y 18 años incompletos. Este proyecto, nunca tratado en diputados, extendía las garantías del debido proceso a partir de los 14 años, para evitar, tanto el uso de la privación de libertad sin debido proceso para los menores de 16 años, cuanto el hecho de que por esa misma razón los menores de 16 años sean utilizados impunemente por la criminalidad adulta.

El argumento central del rechazo de Margarita Stolbizer consistió en el excesivo carácter represivo de dicho proyecto. Extraña aritmética en la cual 27 es menos que 8.

Una pena de 27 años a un menor de edad, más que una pena, resulta una reacción desmedida y brutal de un Estado que por "izquierda" y por "derecha" pretende ocultar la ineficacia policial, judicial, así como de las instituciones supuestamente encargadas de la rehabilitación de los menores.

Aceleradamente, a través de estas "soluciones ejemplares" la Argentina se está consolidando como el país más violento e inseguro de toda la región.

La represión ilegal fue tan desmesurada en este país, que hoy no se acierta a elaborar sin culpa una normativa y un sistema sensato y racional para la represión de los comportamientos violatorios de la ley penal.

Nos balanceamos como un borracho loco entre un retribucionismo hipócrita (para el que el derecho penal es todo) y un paternalismo ingenuo (para el que el derecho penal no es nada).

Mientras tanto vamos dejando en el camino jirones de racionalidad y, de país. 

- Emilio García Méndez es presidente de la Fundación Sur.

Opiniones (1)
23 de mayo de 2018 | 06:58
2
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23 de mayo de 2018 | 06:58
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  1. LA LEY DEBERIA TITULARSE.." EL CASTIGO A LOS MAYORES POR SUS OMISIONES EN LA GUARDA Y PROTECCION SOCIAL DE LOS MENORES DE LA LACTANCIA HASTA SU EMANCIPACION ""
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