opinión

El reordenamiento de las cuentas de la Provincia

El reordenamiento de las cuentas de la Provincia

"...La voracidad de un Estado con problemas financieros; que con sus decisiones ahoga y trata de eliminar los derechos que los contribuyentes tenemos consagrados constitucionalmente; es un retroceso. Suprimir un órgano de apelación, por razones netamente recaudatorias; son directamente, la afectación al bolsillo de los contribuyentes, por permitir la "falta de transparencia". Señores legisladores, permitan que los ciudadanos podamos defender nuestros intereses económicos. Somos contribuyentes y consumidores...".

EL TRIBUNAL DE APELACIÓN FISCAL (T.A.F.).

El Tribunal de Apelación Fiscal, como organismo del staff de asesoramiento dentro del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda; fue creado con el objetivo fundamental de perfeccionar el accionar de la administración fiscal de la Provincia en los asuntos tributarios y de intervenir en la última instancia como Órgano de apelación.

En razón del incremento importante del actuar de la Dirección General de Rentas a través del tiempo, se consideró necesario, la creación de una Unidad compuesta de especialistas en el ámbito tributario a los efectos de optimizar los procedimientos, en beneficio de la recaudación, disminución de costos y en garantía del contribuyente.

Si bien en sus comienzos, creado por Ley 4.362/79, los miembros del Organismo Colegiado eran las autoridades políticas del Ministerio de Hacienda; con el consiguiente inconveniente para ellas, de tener que asumir una tarea eminentemente técnica, que desbordaba sus conocimientos y el tiempo dedicado a la gestión; entonces, se fue supliendo dicha falencia con la incorporación de dos asesores, uno contador y otro abogado más un secretario profesional, que dictaminaban las sucesivas causas que llegaban a través del recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Fiscal. No obstante ello, era habitual las reuniones de los miembros con sus asesores, para tratar aquellas causas que por su complejidad, fuera necesario el intercambio amplio de opiniones, siempre con el asesoramiento técnico adecuado.

De tan relevante labor, ha sido la actividad del Tribunal; que la ex Dirección General de Rentas, consideró de suma importancia el trabajo; a tal punto, que a menudo se esperaba el dictamen y la resolución del Ente, para adoptar un criterio frente a determinadas situaciones.

Desde esta óptica, también se debe tener en cuenta; que tanto, la Asesoría de Gobierno, como Fiscalía de Estado; han requerido la colaboración de los Asesores del Tribunal, para distintas gestiones, con resultados calificados de muy buenos para el conjunto de la labor del Estado. Tan es así, que el índice de litigiosidad, en una materia tan compleja y específica como la que nos ocupa, ha sido muy bajo.

Con la sanción de la Ley 7.483/06, se modificó la constitución del Tribunal, suprimiendo la designación de las autoridades políticas en el Organismo, pasando a ser integrado, con profesionales especialistas en la materia, lo cual le dio más autonomía frente al poder político.

Por último, se le ha incorporado una nueva materia, que son los recursos interpuestos contra las diferencias por los avalúos impuestos por Dirección Provincial de Catastro, tema de características novedosas frente a las específicamente tributarias.

El Tribunal, hasta la fecha, es un Organismo respetado en los distintos ámbitos tributarios siendo sus fallos orientadores de la temática en cuestión.

LOS EFECTOS QUE TENDRÁ, DE PROSPERAR, EL PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL A LA LEGISLATURA DE ELIMINAR, LISA Y LLANAMENTE EL TRIBUNAL

Efectuada esta breve reseña sobre la historia del Tribunal, consideremos los efectos que producirá la reforma elevada por el Gobernador Cornejo, a la Honorable Legislatura, en el Proyecto de Ley Impositiva 2017 en el cual se prevé:

1. Derogación de los artículos 92, 93, 94, 136 a 140 del Código Fiscal que trata dicho recurso de Apelación.

2. Se modifican las vías recursivas en el ámbito administrativo a las que puede acceder el contribuyente ante la acción de Administración Tributaria Mendoza (ATM).

El nuevo artículo 87 del Código Fiscal que se propone a los legisladores, prevé:

-recurso de aclaratoria,

-recurso de revocatoria,

-recurso jerárquico

Todos ellos se sustanciarían y resolverían en el ámbito de Administración Tributaria de Mendoza.

CON LO CUAL SE CONCENTRARÍAN EN DICHO ORGANISMO LAS FACULTADES DE RECAUDACIÓN, CONTROL DE LEGALIDAD. PASARÍA A SER JUEZ Y PARTE.

La Constitución provincial asigna la administración de la provincia en el Gobernador, quien ejerce el control de legalidad de los actos administrativos que se dictan en el Ámbito de la Administración.

Luego, a través del proyecto que se propugna se pretende delegar en el administrador de la Administración Tributaria de Mendoza, dicha atribución constitucional, el cual vulnera nuestra Carta Magna. Observar atentamente: Se altera la constitución provincial.

Las consecuencias de las modificaciones legislativas inciden en los siguientes aspectos:

a) Afectación del derecho de defensa del contribuyente: Con el sistema que contempla el proyecto, el contribuyente pierde la doble instancia administrativa, en razón de que quién va a resolver los recursos que plantee contra las decisiones de la ATM, va a ser siempre el mismo funcionario, el Director General del Organismo.

Al desaparecer el Órgano de Apelación perteneciente al Ministerio de Hacienda, (Tribunal Administrativo Fiscal), (art. 91 del Código Fiscal actual) deja de existir la revisión de los actos de la ATM por parte de funcionarios que si bien pertenecen al ámbito administrativo, no dependen del Administrador General, lo cual implica que al contribuyente se le cercena toda posibilidad que obtener otra opinión sobre su planteo.

Como es sabido la doble instancia se introdujo en la Constitución Nacional por la Convención sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y si bien está contemplado para los casos judiciales en materia penal, tiene por objeto que el condenado pueda tener la posibilidad de que su sentencia pueda ser revisada por un Órgano Superior.

Esta pluralidad de instancias motiva que el expediente sea considerado por distintas personas y desde perspectivas técnicas y jurídicas variadas, disminuyendo así los riesgos de arbitrariedad o de insuficiencia de análisis. La esencia de este procedimiento, es la salvaguarda de los derechos del reo, y consideramos de aplicación al contribuyente frente al poder del Estado, quién a través de los impuestos lo afecta patrimonialmente.

De lo expuesto surge la importancia que tiene el Tribunal en la intervención como Órgano de apelación de la ATM.-

b) Limitación de acceso a la Justicia "solve et repete" (Primero pague y depués discuta): Se podrá decir que el contribuyente siempre tiene la posibilidad de la revisión judicial a través de la acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia, pero es fundamental tener en cuenta que en la ley 3918 de procesos administrativos, en su art. 10 se prevé la figura del "Solve et repete", es decir que para poder acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, debe pagar el capital del impuesto determinado por el Organismo Fiscal, más los gastos que implica el inicio de un juicio, en especial el patrocinio letrado, generando una irritante desigualdad con respecto a aquellos administrados que no tienen la posibilidad del pago para poder interponer la demanda.

Estos quedan desamparados y sin ninguna protección judicial, lo cual resulta de manera innegable inconstitucional. En definitiva que se violenta también su derecho de defensa.

c) Falta de transparencia: La circunstancia que el procedimiento administrativo se agote en el Administrador de ATM sin necesidad de intervención de ningún otro Organismo, genera un estado de falta de contralor de las decisiones que en materia individual adopte el citado funcionario, que resulta al menos preocupante. Es de destacar que las resoluciones que adopta el TAF, obligatoriamente deben pasar por Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Este último Órgano extra poder, que tiene como fin primordial defender los intereses del Estado, siempre intervino en el procedimiento tributario, a tal punto que con anterioridad a la Ley n° 4362 (actual Código Fiscal) era quién dirimía el último recurso que se interponía ante la Dirección General de Rentas.

Es por ello que este aspecto también resulta relevante para analizar la inconveniencia del proyecto en cuestión.

d) Inconstitucional: Por último, el proyecto pretende que la última resolución del Administrador General de la ATM sea definitiva y que cause estado, es decir que a los efectos de que el contribuyente pueda deducir la acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, no necesite agotar la interposición del recurso de alzada previsto en el art. 183 de la Ley n° 3909, lo cual es inconstitucional, como se desprende del art. 8 de la Ley n° 3918, que recepta el sistema que contempla la Constitución de la Provincia de Mendoza.

e) El proyecto se contradice con la tendencia que se impone en la creación de Tribunales Fiscales en las provincias. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Tucumán y actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está presentado en la Legislatura el proyecto de creación del Tribunal Administrativo Fiscal.

f) La constitución nacional. El art. 42. La protección del interés económico del usuario y consumidor. Se trata aquí, de la desprotección total, del principio que sienta la base del respeto por el aportante, a las arcas del Estado provincial; en pos de que se le provean los bienes y servicios a los que los gobernantes están ordenados a prestar, justamente, con el dinero de los contribuyentes.

Y sabido es, que al verse afectados estos principios de raigambre constitucional; la decisión que se adopte vía la Legislatura provincial, por imposición del Poder Ejecutivo; será una manera más, de retroceder, en la necesidad que tenemos los mendocinos de convivir en un estado transparente y respetuoso de sus ciudadanos. Por ello es, Señores Diputados y Senadores, que tienen la responsabilidad de tratar e instrumentar este proyecto; sepan, que los ciudadanos les estamos pidiendo a gritos, que pongan en ejecución la razón, el respeto y no hagan lugar a la inspiración de normas que pretenden traer un manto de oscuridad a las decisiones de los gobernantes recaudadores.

José Luis Ramón

Opiniones (2)
19 de junio de 2018 | 08:12
3
ERROR
19 de junio de 2018 | 08:12
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. Es tan necesaria de aplicar la medida del Poder Ejecutivo, como de investigar a la saliente Directora de Personas Jurídicas la tal Da Dalt, a la cual coimearon vos, y tu trenza del rubgby en el Club del Personal del Banco de Mendoza para poder quedarse con el Club, y no tuvieron en cuenta que cuando asumiera alguien capaz y honesto como lo es el Dr. Romero, se les iba a terminar la joda. Ustedes no tienen autoridad moral para opinar, por mas que este diario les haya dado prensa, delincuentes.
    2
  2. Eliminar un tribunal como el de apelación fiscal muestra en los hechos la ética de quien lo impulsa y consecuentemente, la necesidad perentoria de avanzar hacia un Gobierno Abierto. Mientras tanto, es hora de que se exprese el Defensor del Pueblo.
    1