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La seguridad personal es un derecho humano

La seguridad personal es un derecho humano

La declaración universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en su Artículo 3° establece "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona." A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la seguridad. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la impunidad constituye una violación a este derecho humano expresamente garantizado. Este elemental recordatorio viene a cuento porque con motivo de la propuesta del Dr. José Valerio para integrar la Suprema Corte de Justicia de la provincia se ha desatado una discusión en la que disimuladamente, los que se olvidan de que la Seguridad es un derecho humano, están tratando de entorpecer su designación.

Algunos seguramente lo hacen de buena fe argumentando razones de género y otros criticando fallos que seguramente no han leído y que por lo tanto desconocen los fundamentos de las sentencias dictadas por el candidato propuesto, pero como este ha hecho una detallada defensa de su actuación no creo conveniente volver sobre el particular. Si creo necesario mencionar que si cada Cámara del Crimen no pudiera estar en funciones por que alguno de sus fallos ha sido dejado sin efecto por la Suprema Corte, seguramente ninguna de estas Cámaras merecería estar en funciones actualmente. Es una garantía constitucional que los fallos pueden y deben ser revisados por ser una de las bases del debido proceso.

No cabe ninguna duda que el candidato propuesto puede ser calificado de "garantista" en el sentido de que jamás se le ha imputado que haya afectado el derecho de defensa de nadie, ni que se haya apartado en oportunidad alguna del debido proceso. Lo cierto es que en nuestro país se ha instalado un verdadero debate entre los llamados Jueces garantistas y los Jueces abolicionistas, encabezados estos últimos por un ex Ministro de la Corte de Justicia de la Nación, ferviente seguidor de las teorías de autores alemanes como Graus y Roder y del italiano Ferragolli, que sostienen sin disimulo que EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO PROCESAL PENAL SON ARMAS DEL ESTADO CAPITALISTA PARA MANTENER SOJUZGADO Y SOMETIDO A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, A LOS QUE HAY QUE TRATAR DE EVITAR CONDENAR Y SI SON CONDENADOS EVITAR QUE CUMPLAN LA SENTENCIA. Todo en razón de que son víctimas de un sistema opresor al que hay que combatir.

Estos personajes rara vez dan la cara y se sirven de las circunstancia como las que estamos viviendo en la provincia para que, a través de terceros, que muchas veces actúan de buena fe, se impida la llegada a los altos cargos de la magistratura a personas con vocación de garantizar la seguridad de los ciudadanos garantizando la NO impunidad de los delitos. Si logran esto no hay Plan de Seguridad que sirva. Cundirá el desaliento en las fuerzas policiales y en los demás Jueces y Fiscales que quieren aplicar la Ley y no someterse a forzadas interpretaciones para hacerle decir a nuestras leyes lo que no dicen. En gran parte el daño ya está hecho y hay que repararlo, porque se han dictado fallos que reflejan el pensamiento abolicionista de algunos Magistrados.

Nuestro Código Penal, vigente desde 1921, y sus leyes modificatorias y complementarias, han regulado las relaciones entre el Estado y las personas que cometían delitos sin demasiados cuestionamientos hasta la década del 90.

A partir de esa época, nuestros Tribunales Federales fueron incorporando en forma sistemática a Juristas que adhieren al paradigma abolicionista del Sistema Penal carcelario. Iniciando un periodo donde comienzan a declararse inconstitucionales normas de nuestras leyes penales que en sus consecuencias benefician la situación penal procesal de los delincuentes en detrimento de los derechos del resto de la población.

Junto con ese gravísimo efecto, estas declaraciones de inconstitucionalidad afectan también el principio constitucional de separación de poderes, ya que es el Poder Legislativo a través de sus Leyes quien fija la Política Criminal del Estado y no el Poder Judicial a través de sus sentencias. Los jueces deben limitarse a aplicar estas leyes que gozan de la presunción de legalidad y, solamente en casos excepcionales, esto es cuando la colisión con la Constitución Nacional sea manifiesta, clara e indudable, puede declararse su inconstitucionalidad. De lo contrario se desequilibra el sistema de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros.

En el gobierno de la última década la responsabilidad del poder Ejecutivo Nacional fue determinante pues propuso, casi sin excepción, a jueces con criterios abolicionistas. También del Senado de la Nación que prestó los acuerdos necesarios para sus designaciones. En esto hubo coincidencia de criterios entre el Ejecutivo y la mayoría oficialista en el Senado en cuanto a la designación de jueces cuyos fallos observaremos, posición que lamentablemente a veces fue acompañada por legisladores de la entonces oposición.

Veamos los fallos en cuestión:

1°- Hace días, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del Art. 14 del Código Penal que prohíbe la libertad condicional de los delincuentes reincidentes. El fallo beneficia a un delincuente que tenía cuatro sentencias condenatorias anteriores y que pese a la prohibición del Art. 14 del C. Penal quedó en libertad. La Sala II referida cambió su criterio anterior por la incorporación de dos nuevos jueces imbuidos de la filosofía que criticamos. Este fallo no llegará a la Corte Suprema de la Nación porque el Fiscal también comparte el criterio de la Sala.

El Tribunal funda su sentencia argumentando que el Art.14 del C.Penal choca con el Art.18 de la Constitución Nacional y con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

2°- Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que tanto hay que reconocerle su independencia de criterio en materia de Medio Ambiente (caso Riachuelo entre otros), y en la defensa de los Derechos de los jubilados (82% móvil), en materia penal parece sumarse al criterio abolicionista. En el "caso Arriola", el 12/09/2009 la Corte declaró la Inconstitucionalidad del arresto de una persona por tenencia de droga. Entendió que el Art. 14 de la Ley 23733 colisionaba con el Art.19 de la Constitución Nacional y con el Art.11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El tema es discutible, pero el mensaje que recibió la población es el equivocado. Desde ese fallo el consumo de drogas en el país creció el 17%. Si tenemos en cuenta el alto nivel de incidencia que tiene la droga en la consumación de delitos violentos, resulta evidente que este fallo ha causado un efecto paradojal en detrimento de la seguridad general.

3°- Límites a la prisión preventiva y ampliación del criterio de excarcelaciones. Nuestra Corte Nacional ha declarado la inconstitucionalidad de los Art.316 y 318 del Código Procesal Penal Nacional que estable criterios objetivos para que los jueces decreten la prisión preventiva durante el proceso penal. La Corte Nacional en el "caso Sotelo" ha declarado la inconstitucionalidad de estos artículos manifestando que colisionan con el Art.7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución. De este modo un delincuente, cualquiera sea la gravedad del delito que haya cometido, puede ser excarcelado durante el proceso penal, salvo que el Juez interprete, en cada caso y en forma excepcional, que puede poner en peligro la prueba o que haya peligro de fuga.

Resulta indudable que después de las atrocidades y tropelías de todo tipo que la humanidad ha sufrido por parte de gobiernos autoritarios no podemos renegar de los Tratados Internacionales y en especial de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). También surge como ineludible que nuestros juristas procuren una interpretación integral de los Tratados, adecuada a la realidad actual de nuestro país y tengan en cuenta que nuestros delincuentes no siempre son "víctimas del sistema" o "perseguidos por un Estado que los obliga a delinquir". Deberán tener en cuenta también que el Art.7 de la misma Convención consagra para todos los habitantes el derecho a la seguridad.

Debemos distinguir la filosofía garantista de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que compartimos sin reservas, de la posición abolicionista que directa o indirectamente promueve la desaparición del sistema penal carcelario, aunque no lo diga expresamente.

Si esto no ocurre, las personadas dispuestas a delinquir seguirán pensando que es poco probable que los organismos policiales los detengan; que si los detienen podrán ser excarcelados durante el proceso y que si alguna vez no tienen suerte y son condenados, podrán beneficiarse con la Libertad Condicional aunque sean reincidentes.

Creo que en esta oportunidad el Senado de nuestra provincia tiene una gran responsabilidad, que debe asumir para no aparecer como corresponsable de las situaciones descriptas.

Opiniones (9)
24 de mayo de 2018 | 15:32
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24 de mayo de 2018 | 15:32
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  1. Muy experimentado y muy sabio no equivale a honesto. Alguien se la juega por él?
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  2. me acuerdo cuando fue ministro. Al lado de lo que tiene ahora Cornejo, este tipo es un experimentado, y muy sabio.
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  3. es hora que este hombre disfrute lo sembrado y se deje de opinar desde los libros. Se lo recuerda por algo positivo en todos sus años de legislador o funcionario?, por favor....
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  4. Parole, parole, parole! Tío Leo, desafortunadamente son todas palabras. Alguien debe explicarle a Cornejito, el Breve, que la seguridad no pasa por poner un intolerante en la Suprema Corte. Todos conocemos los antecedentes de Valerio. A la inseguridad se la previene. Cuando algo llega a la Suprema, la víctima ya fue carcomida por los gusanos. Hay que reprimir a los delincuentes, para que entiendan que el delito no es negocio y que conlleva riesgos, a veces, hasta la vida. Una policía honesta, fiscales ágiles y trabajadores, y jueces de primera instancia apegados a la ley, pero, principalmente, apegados al interés de la sociedad en la que viven, es la única garantía que se debe exigir. Todo lo demás, como lo tuyo, Tío Leopoldo, no son otras cosa que palabras. Bonitas, debo aceptar, pero palabras, al fin...
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  5. Coincido con los foristas que me precedieron! Es hora de que pensemos un poco en las garantías de la sociedad, no sólo en las de los delincuentes.Así no se puede seguir. El versito abolicionista nos ha sumidoen un verdadero y gravísimo caos en materia de seguridad, con miles de vidas perdidas sin sentido, mientras los delincuentes festejan la impunidad reinante.
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  6. Aplausos... necesitamos mas funcionarios comprometidos con los civiles que estamos indefensos ante los delincuentes y la turba de abogados carentes de moral que los defienden.
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  7. Nota muy clara como resulta habitual en el Dr.Orquin sobre la incidencia de la justicia en el problema de seguridad. Recomiendo guardarla, es una verdadera sintesis del asunto y el daño que esta maligna doctrina abolicionista le esta haciendo a la sociedad argentina. Un agregado, en otra nota un abogado local que adhiere a los principios del abolicionismo refiere a la venida de un personaje de la Corte Interamericana de derechos humanos a monitorearnos y al respecto debe entenderse dos cosas, la CIDH que es un organismo de la OEA no es de afiliacion compulsiva y obligatoria, ningun estado esta sometido a ella excepto que lo acepte tacitamente pero esta aceptacion implica PONER LEGISLACION INTERNACIONAL POR ENCIMA DE NUESTRAS PROPIAS LEYES Y SOMETERSE A LA TUTELA DE PERSONEROS EXTRANJEROS ( como este juez que vino a la provincia ) Esto que nosotros aceptamos no lo aceptan de ningun modo otros paises como el caso de USA, nada menos, o paises latinos como Venezuela y algunos otros, paises que no permiten la humillacion de nuestra sabia legislacion nacional penal previa a estas politicas como si lo hacemos mansamente en este pais.
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  8. Impecable la nota, mas viniendo de un hombre de la experiencia de Orquin, que tuvo a su cargo con triunfos, fracasos, errores y aciertos,en algún momento, la seguridad de la provincia.- La experiencia de todos estos hombres, que por turnos fueron puente de mando del Titanic de la seguridad de la provincia, tienen la experiencia como para, aprendiendo de sus errores, darse cuenta lo que hoy se esta jugando, en la lucha contra los ratas delincuentes y la caterva de defesores, de saco y corbata importados, que los defienden, parapetados en la argucia de los DDHH, solo para seguir "currando" con la puerta giratoria y sus honorarios manchados de sangre.-
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  9. Excelente opinión, debería darse más trascendencia al tema abarcado por el Sr. Orquín.
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