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El Monitoreo Parlamentario Ambiental como herramienta para diseñar una Política de Estado sobre cuidado ambiental

El Monitoreo Parlamentario Ambiental como herramienta para diseñar una Política de Estado sobre cuidado ambiental

El lunes 5 de septiembre, durante la visita de Fernando Solanas a Cuyo, se presentó ante la justicia federal de San Juan una denuncia por la existencia de un basural de desechos de minería en Calingasta, y en el cual vuelcan sus residuos la minera Antofagasta Minerals que desarrolla su actividad en Chile.

La denuncia que encabeza Pino junto a los abogados ambientalistas Enrique Viale y Marcelo Romano alcanza a la empresa y al Gobierno de San Juan por firmar un convenio que le permitió tal acción a Antofagasta.

Mas allá de este tema particular, y sin duda importante en la coyuntura actual, de fondo aparece una necesidad y una oportunidad: Hoy se torna imprescindible la construcción de una sostenida Política de Estado que defina a corto, mediano y largo plazo la posición de nuestro país, de forma integral, respecto del cuidado del ambiente y la regulación de aquellas actividades que posean distinto riesgo contaminante, bajo el precepto del interés superior del cuidado del ambiente; o para mayor precisión, regido por la noción de Sustentabilidad, nacionalidad y transmisión del acervo natural y cultural.

Ha sido el Dr. Horacio Rosatti quien más desarrolló el encuentro de estos conceptos, y destaca: "la sustentabilidad expresa una concepción humanista y antimercantilista que, al preservar el patrimonio ambiental gestado en una continuidad generacional para que subsista en el futuro, no hace sino traducir (en el idioma de la naturaleza y la cultura) el concepto mismo de Nación. Desarrollo sustentable debería ser entendido no sólo como progreso económico o crecimiento sostenido; también debería ser interpretado como el despliegue intergeneracional de nuestro ideario...porque no es un resultado contable el que expresa la sustentabilidad sino que son los valores que se asimilan y transmiten en el tiempo los que aseguran la permanencia de lo que debe ser mantenido. En este contexto de protección del acervo natural - cultural debe también interpretarse la prohibición de ingreso ‘al territorio nacional' ‘de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos'.



Desde este eje rector, diseñar una política de Estado en el sentido que lo proponemos exige de generosidad política, responsabilidad social y planificación estratégica.

Generosidad política que deriva de reconocer que la disputa entre quienes defendemos el medio ambiente y quienes lo subordinan a los intereses económicos es transversal a los partidos políticos y las distintas estructuras institucionales establecidas en torno al Estado. Esto implica, entonces, transcender las confrontaciones de corte partidocrático electoralista; y alcanzar acuerdos de alcance más ideológico/filosófico entre actores que provienen de distintos sectores del sistema de partidos vigente en nuestro país.

Responsabilidad social que se expresa en dos grandes cuestiones: por un lado, la convicción que no existe posibilidad de vida en comunidad, en sociedad, sin un hábitat que de condiciones para el desarrollo pleno, saludable y duradero de los sujetos que integran esa comunidad. Sirve aquí recuperar la idea de daño colectivo, nuevamente siguiendo a Rosatti, y que remite al "daño que padecemos todos, entendiendo esta expresión en términos objetivos, más allá de la presencia efectiva de la mortificación individual" y que no debe ser analizado o abordado con las perspectivas del derecho privado y del derecho público, sino específicamente por el derecho ambiental.

Esta preeminencia de lo colectivo nos lleva a la segunda cuestión que no debemos perder de vista en tanto Responsabilidad Social, y que pasa por reconocer al consenso multisectorial que excede al Estado como base de esa política pública, en sintonía con lo establecido en los fundamentos del Dr. Nanclares en el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de la constitucionalidad de la ley 7722.

Por último, y aunque esto no sea jerárquico, la Planificación Estratégica como herramienta para proyectar con el menor margen de error posible la compleja relación entre un ambiente sano y el desarrollo de actividades económicas diversas y que contribuyan a la noción de sustentabilidad ya indicada.

Es en este punto que consideramos no puede perderse de vista algunos aspectos:

La necesidad de un acuerdo que lleve a que esa política de Estado sea respetada de manera homogénea y coherente en todo el territorio nacional (hoy ocurre que aún cuando existe legislación que va desde la Constitución Nacional hasta leyes específicas que establece alcances y límites para esto en la práctica concreta cada jurisdicción termina en muchos casos incumpliendo esas normas), para lo cual deben contemplarse mecanismos de rápida acción para aquellos casos que se produzcan quiebres en este consenso.

El reconocimiento de obligaciones implícitas a todo proceso que encierre riesgo ambiental. Nos referimos especialmente al tema de la recomposición ambiental, lo cual no es una opción para la víctima del daño o para el causante del daño, ya que aquí no está en juego un interés particular sino uno general; por ello la reparación del daño no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes involucradas, ni puede reemplazarse con una indemnización. Coincidiendo con Rosatti "el fundamento de la recomposición ambiental no es un fundamento económico, sino moral, que expresa un síntoma de preocupación metamaterialista: el deseo de preservar un acervo físico, material y natural, pero también espiritual, histórico y cultural que contribuye a definir nuestra identidad".

La importancia de contar con información veraz, permanente e integral para la toma de decisiones; y que visualice el efectivo cumplimiento de esa Política de Estado.

Una herramienta importante para esto es el Monitoreo Parlamentario Ambiental, impulsada por Romano y sobre el cual venimos trabajando, y que permitirá abordar en sinergia entre el Congreso de Nación y las Legislaturas de distintas provincias del Oeste Argentino, de manera particular Jujuy, Mendoza y Chubut la problemática medioambiental vinculada a la explotación minera; enfocado en algunas líneas particulares: existencia o no de legislación al respecto, tipo de legislación, cumplimiento efectivo, regímenes sancionatorios frente a los incumplimientos, características y alcances de las autoridades de aplicación y demás.

Tomemos nuevamente como caso lo que actualmente tiene lugar en San Juan, y reflexionemos, por ejemplo, cómo en virtud de la legislación vigente, sobre todo la Constitución Nacional (que impide la firma de acuerdos internacionales entre una provincia y otro país en aquellos casos en los cuales está involucrado el medio ambiente) pudo San Juan llegar al convenio con Antofagasta Mineral. ¿Qué validez tiene ese documento? ¿Podría haberse evitado? ¿Existen otros casos similares, ya ejecutados o en proceso?

Sin dudas que la puesta en marcha del Monitoreo aportará, cómo rápidamente se observa con los interrogantes planteados, a la temática ambiental tanto desde lo preventivo como de la acción posterior, en caso de ser necesario.

Entendemos que así podemos aportar a dar un paso inicial para la elaboración de esa Política de Estado que reclamamos, pero que también exige que nos pongamos a trabajar en ella, comprometiéndonos en la tarea y el esfuerzo que implica.

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21 de junio de 2018 | 14:15
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