opinión

Sobre la reforma al Código Procesal Penal

Sobre la reforma al Código Procesal Penal

 SOBRE EL PROYECTO DE REFORMAS AL CPP DE MENDOZA QUE IMPULSA EL PODER EJECUTIVO

Se encuentra ya a consideración de la H. Legislatura un proyecto de reformas al Código Procesal Penal que impulsa el Poder Ejecutivo con el objeto de "establecer cambios claves en la mecánica de gestión del sistema acusatorio en Mendoza", en consonancia con una seria preocupación gubernamental por el inusitado crecimiento del delito, que ha sido exteriorizada por el señor Gobernador en entrevistas periodísticas recientes, que se inscribe en un marco enrarecido en el que se entremezclan medidas adoptadas para la mejoría de equipamientos con fuertes erogaciones; con noticias de prensa local que hacen referencia a voces legislativas que, antes de iniciada la discusión, ya le dirigen cuestionamientos; a la captura de un sospechoso de homicidio que era buscado desde noviembre del año pasado; a un alto funcionario de la IGS defendiendo a personas que acaban de ser condenadas por diversos delitos; a policías que han sido indagados por hurtar el arma a un integrante de la misma fuerza; a la gravedad del cuadro de salud de una uniformada baleada por una compañera; a otro policía condenado a 17 años de prisión por el delito de homicidio simple; a otro separado de la fuerza por abuso sexual; a un funcionario imputado por defraudación e incumplimiento de los deberes del cargo; a la feroz agresión perpetrada en contra de una docente mientras estaba al frente de sus alumnos (matutinos de Mendoza del 5 de agosto/16), todo ello cuando aun no se apaga el eco de la decisión de separar de la función a una importante cantidad de altos jefes policiales mientras se investigan hechos de gravedad y serio perjuicio patrimonial que se habrían cometido en la remuneración de servicios especiales.-

Existen otros datos que, por su estrecha vinculación con el tema, deben al menos mencionarse porque debieran ser ponderados a la hora de discutir si se habrá de reformar o no el modelo procesal penal actual: a) la polémica decisión tomada algunos meses atrás por la Suprema Corte en relación con un amparo promovido por las condiciones carcelarias, tema añoso que recurrentemente da que hablar, ya por la estructura del sistema penitenciario que sume a los encarcelados en condiciones de vida incompatibles con toda idea de querer asignar al encarcelamiento alguna finalidad que supere la del mero encerramiento, ya por los hechos de violencia protagonizados por los propios internos; b) la profunda crisis que padece la educación en todos sus niveles, que abarca entre otros aspectos la pérdida significativa de muchos días anuales por conflictos gremiales, cuando no la imposibilidad de impartición educativa por el calamitoso estado de algunos edificios escolares; c) la crisis del sistema público de salud; d) los serios problemas que atraviesa el espectro económico, particularmente el que está vinculado a las economías regionales; e) la creciente falta de trabajo; f) los altos índices de trabajo informal, entre otros que asumen una grave incidencia en el comportamiento de la sociedad y van perfilando los altos índices de anomia que nos afectan.-

Cabe entonces preguntarse, frente a esta heterogénea problematicidad, si es prudente propiciar la reforma de un sistema procesal como medio para optimizar la lucha contra una criminalidad creciente, cualitativa y cuantitativamente, o, en todo caso, plantearse si es oportuno abordar esta faena como el punto de partida que pretende optimizar el combate a las manifestaciones delictuales, y tal vez la respuesta a este viejo dilema (si fue primero el huevo o la gallina), se pueda esclarecer analizando algunas razones que, históricamente, conspiran contra la eficiencia del Servicio de Justicia.-

El excesivo tiempo que insume la resolución de las causas judiciales lejos está de constituir un fenómeno local y actual: la literatura especializada es rica en la mención de remotos antecedentes históricos arbitrados para aligerar el tiempo de la Justicia (v. gr.la fijación de dos años como plazo máximo para concluirlos), cuanto acerca de la expansión universal del fenómeno; la Convención Americana de Derechos Humanos consagra expresamente la garantía del "plazo razonable" (el plazo sin plazo) pero la Corte Interamericana tarda, actualmente, tiempos inusitados en dar respuesta a los casos que le son sometidos a su jurisdicción; las leyes procesales fijan plazos perentorios e improrrogables (arts. 349 y 195 CPP) que luego, por resolución de la Procuración General, se convierten en "ordenatorios" salvo que se trate de procesos con personas detenidas; establece plazos para las distintas fases que requiere la sustanciación de un recurso y el dictado de la correspondiente resolución (p. e. arts. 482 y 484 CPP para los recursos de casación) que no se cumplen jamás, como acontece generalmente con toda la actividad procesal cuya producción está sujeta a términos prefijados.-

Y sería ingenuo atribuir esta lentitud a una mera cuestión de sobrecarga de labores -que la hay- sólo remediable con la puesta en marcha de más tribunales -solución que generalmente es obstaculizada por estrecheces presupuestarias-; son muchos los magistrados que honran la toga dedicando a su magna tarea un significativo tiempo, pero también están aquéllos que alivianan la carga funcional de una manera sensible, no asistiendo cotidianamente a sus despachos, o haciéndolo acomodando horarios a su discreción, o tomando licencias en cualquier momento del año al amparo de regímenes impuestos con descuido de la eficiencia. A las razones de corte objetivo que no permiten un sistema de Justicia más ágil, se suman otras de naturaleza subjetiva que se podrían corregir con un ejercicio activo de las potestades-deberes de la superintendencia, de suyo sumida en grave estado catatónico.-

La reforma introducida por Ley 6.730, sustituyendo el sistema procesal mixto elaborado por el prestigioso académico Alfredo Vélez Mariconde siguiendo las aguas de la ley ceremonial que, con el Prof. Sebastián Soler, se aprobara en 1.939 para la Provincia de Córdoba, está inspirada, como el proyecto hoy a punto de ser parlamentariamente tratado, en dos ejes centrales: eficacia de la persecución del delito, y celeridad de los procesos penales. Esta identidad motivacional sugiere algunos interrogantes: si hoy se la quiere modificar para "mayor agilidad en el plano investigativo" de modo que esta actividad sea "reflejo y respuesta inmediata de la actividad delictual", ¿significa que estos fines perseguidos por la reforma que se quiere modificar han fracasado?, y si ello fuese así, ¿cuál será el destino de esta reedición de finalidades en el panorama que, sucintamente, se ha descripto?

No se puede omitir el señalamiento de que este proyecto pretende modificar una reforma reciente que, siendo integral, todavía carece de vigencia en todo el territorio provincial.-

En efecto, el decreto que promulgó la ley 6.730 data de noviembre/99; con excepción de algunas disposiciones, que entrarían en vigor a los treinta días de esta promulgación, el resto del nuevo sistema acusatorio (imperfecto) entraría en vigencia dos años más tarde; sucesivas leyes fueron prorrogando su vigencia plena y, finalmente, se lo fue imponiendo en etapas sin que hasta hoy rija en su totalidad en las 2a. y 4a. Circunscripciones Judiciales.-

Adviértase que, en la exposición de motivos, el proyecto pone la tónica en precisar que, confiriendo algún poder decisorio a los ayudantes fiscales, se sumarían 69 y 24 órganos decisores a las Primera y Tercera Circunscripciones Judiciales respectivamente, referencia que pareciera estar diciendo que las estructuras de las otras dos circunscripciones en las que todavía las investigaciones penales incumben al juez de instrucción y se desarrollan con una mixtura procedimental nociva -cuya actuación conduce a una desigualdad de trato ante la ley reñido con mandas constitucionales-, seguirán relegadas ¿"sine die" quizás?.-

Y aquí surge ya motivo para cuestionar un proyecto que pretende la "ampliación de la estructura de decisión" confiriendo algún plexo de facultades al ayudante fiscal; pienso que, corrigiendo los plurales vicios que la práctica cotidiana pone de manifiesto en el inicio, desarrollo y culminación de las investigaciones penales preparatorias, que conspiran contra la celeridad que pretendió imponer el CPP adoptado por Ley 6.730, el rédito sería mayor y menos cuestionable que pluralizando el ámbito decisorio -aunque acotado- para concederlo a quienes no poseen rango constitucional de magistrados.-

Por otra parte, el mayor número de sujetos procesales habilitados para participar en las audiencias que prevé el proyectado art. 362, en modo alguno asegura el acortamiento temporal que se persigue si la decisión incumbe, como no puede ser de otro modo, a un número estático de jueces de garantía; la idea que inspira estas modificaciones parece similar a la que plasma la ley vigente en orden a la calificación de causas elevadas a juicio: se priva a las asignadas a salas unipersonales de la garantía inherente al tribunal colegiado, sin que el mecanismo haya permitido un incremento de las audiencias de debate pues no hay un número de fiscales de cámara -ni dependencias suficientes- que posibiliten la realización de tres debates simultáneamente en salas unipersonales.-

No menos objetable me resulta, en general, el propósito de un avance "hacia la deformalización" sin haber previamente definido cuál será el límite de esta prescindencia o aligeramiento de formas, y cuáles sus beneficios. Las formas procesales no deben conducir al excesivo rigor formal, y sobre esta temática existen de antaño trascendentes pronunciamientos de nuestra CSJN y de Tribunales inferiores y elaborados trabajos doctrinales como el del Dr. Pedro J. Bertolino, pero tampoco perderse de vista que, situadas en el ámbito de la razonabilidad, conforman una arquitectura valiosa destinada a albergar las garantías constitucionales de los actores del proceso penal, tanto de los sujetos esenciales cuanto de los eventuales, que con la imprecisa finalidad de quitar "peso estructural a la obtención de pruebas" se ponen en genérico riesgo de ser desalojadas. Añado a lo dicho que las buenas experiencias foráneas no lograrán transpolarse sin una necesaria adaptación, a contextos socio-culturales diversos, y por ello no me resulta persuasiva -ni pertinente- la referencia a actividades probatorias realizadas por las partes fuera del proceso que se explaya para dar sustento a la reforma proyectada al art. 324

Sí me parece razonable conjugar la práctica procesal con los avances tecnológicos y, consecuentemente, aceptar como valiosas las reformas al sistema de notificaciones, mas sobre el punto mi duda es si para ello es necesario modificar la letra de la ley o, como ya ha sucedido en materias laboral y civil, implementar la notificación electrónica por vía de acordadas.-

No me asustan los cambios pero sí las reformas parciales y descontextualizadas que, como ocurrió con el ordenamiento que impusiera la Ley 1.908, sólo sirven para desarticular sistemas con armonía de conjunto entremezclando opiniones que no responden a un mismo hilo conductor, y las modificaciones coyunturales que conllevan el mismo riesgo de no inordinar debidamente en el todo.-

Si se cree que, en verdad, un código procesal penal puede servir al anhelado fin de reducir la delincuencia, tal vez haya llegado el momento se pensar y repensar su contenido, y mientras esta labor se lleva a cabo, los actores del proceso debemos asumir el compromiso ético-social de contribuir al soterramiento de las prácticas torcidas que atentan contra la eficacia y el tiempo del proceso sumándole tiempos muertos que resienten, con igual intensidad, tanto a paradigmas inquisitivos como a los más decantados modelos acusatorios.

Opiniones (4)
22 de junio de 2018 | 15:08
5
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22 de junio de 2018 | 15:08
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  1. Si la justicia verdaderamente existiera este sujeto debería estar entre rejas por acoso laboral
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  2. Si la justicia verdaderamente existiera usted debería estar entre las rejas por acoso laboral
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  3. Dimas Agüero defensor de Moneta No tiene altura moral para opinar de ningún código y sobre todo de los códigos que el y sus clientes incumplen
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  4. Brillante maestro! Una pena q haya rechazado ser juez de la SCJM.
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