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Dudas y aciertos en el Banco Central

Dudas y aciertos en el Banco Central

El 15 de julio del presente año, el Banco Central de la República Argentina dio a conocer mediante Nota de Prensa la modificación del criterio legal para la resolución y tramitación de los sumarios penales cambiarios en trámite. En efecto, mediante resolución del Directorio cuyo texto completo no se publica y sólo es puesto a conocimiento del público mediante la referida nota, se informa que se ha instruido a la Superintendencia de Entidades Bancarias y Financieras (SEFyC) la aplicación del principio de la ley penal más benigna.

Vale la pena recordar que tal principio, con raigambre constitucional en el artículo 18 de la Carta Magna, resultó históricamente resistido en la aplicación de los sumarios penales cambiarios en su trámite administrativo ante el BCRA.

Finalmente, ya en el ámbito de la Justicia, fue la Suprema Corte de la Nación , por aplicación de los Tratados Internacionales suscriptos por la República Argentina y aplicación de la Constitución Nacional quien zanjó definitivamente la cuestión, aplicando tal criterio en los fallos " Cristalux" (11/04/2006) y " Docuprint" (28/07/2009). Ahora y en el marco de un meritorio avance, es el mismo BCRA quien cita dichos precedentes como fuente de los criterios que instruye aplicar en el citado comunicado de prensa.

De modo genérico, la aplicación de dicho principio importa la "desincriminación" de infracciones que bajo la normativa dictada por la anterior administración constituían ilícitos cambiarios, pero actualmente y tras las importantes reformas respecto a las normas cambiarias iniciada con la salida del denominado "cepo " han dejado de constituir conducta ilícitas y por lo tanto dejarán de ser perseguidas y sancionadas. 

Se procura evitar así el desgaste jurisdiccional innecesario que produciría la elevación de tales sumarios a la Justicia, quien por aplicación de este criterio terminaría por absolver a los sumariados. Asimismo, el Banco Central advierte en tal comunicado que es su propósito acelerar los tiempos procesales de tales investigaciones, y abordar con mayor eficiencia los casos más recientes y de mayor cuantía.

Sin embargo, si bien celebramos la adopción de la auspiciosa medida por parte de la autoridad de aplicación, no dejamos de advertir las dudas que la interpretación de dicho comunicado nos plantea. El comunicado emitido por Banco Central enumera como supuestos que quedarían desincriminados y por lo tanto pasarían a archivo a aquellos referentes a : compra de moneda extranjera sin acreditación de viaje, extracción de dólares de un cajero del exterior por encima del límite permitido, inconsistencias en los códigos de validación o exceso en la remesas para ayuda familiar " entre otros".

Sin embargo, tras la lectura de tal comunicado, surgen interrogantes respecto a aquellos supuestos más frecuentes y que constituyeron quizás la masa crítica de los sumarios cambiarios desde el restablecimiento de los controles cambiarios en 2001, esto es, las operaciones de comercio exterior.

El comunicado de prensa, no resulta lo suficientemente claro en su redacción como para permitir asegurar la inclusión de tales infracciones en los beneficios de la instrucción. La cuestión no es menor si se considera que claro ejemplo de probable aplicación de ley penal más benigna lo constituirían, entre otros, los ingresos y liquidaciones de divisas, dado que las nuevas normas dictadas a partir de 2015 ampliaron considerablemente sus plazos.

No menor resulta considerar que la eventual exclusión de los beneficios de la ley penal más benigna respecto al sector exportador, implicaría una clara violación de los principios constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y demás derechos tutelados especialmente por los tratados internacionales a los que ha adherido nuestro país.

Por lo demás, no puede desconocerse el trascendental rol que el sector exportador ha significado para el crecimiento y desarrollo de la economía nacional, lo que incluso posibilitó en su momento la salida de una de las más importantes crisis que afrontara el país hace quince años atrás.

Desconocemos los motivos por los cuales la inclusión de este tipo de infracciones al elenco de supuestos de aplicación de la ley penal más benigna no ha sido formulada en forma expresa por dicho Comunicado. Entendemos que quizás, una de las motivaciones posibles lo constituya el ingreso de fondos que a través de la recientemente sancionada ley de blanqueo Nro. 27.260, se procura obtener. Sin embargo, lo expuesto no deja de ser una mera hipótesis de razonamiento, dada la falta de acceso público al texto completo del documento que diera sustento a dicho Comunicado y la vía elegida - comunicado de prensa- utilizada para hacer conocer la directiva. Tal método, incluso, resultaría contrario a los loables fundamentos que inspiran al proyecto de ley de acceso a la información pública, que impulsado por el actual gobierno, ya ha obtenido media sanción legislativa.

Vale recordar que tras el restablecimiento del el control del mercado de cambios a partir 2001, el Banco Central realizó una estricta aplicación de la norma, iniciando multiplicidad de sumarios a personas humanas o jurídicas y sus directivos en supuestos de infracción. Si bien la punición resultó acertada en algunos casos, en otros no contempló determinadas situaciones, que basándose en diversos principios constitucionales, la Justicia con posterioridad y transcurridos bastantes años, resolvió con diverso criterio.

Dadas tales circunstancias y antecedentes si bien, como ya manifestamos, resulta sumamente destacable el propósito de la autoridad actual , en cuanto se procura evitar una persecución excesiva de determinadas conductas en desmedro de la aplicación de garantías constitucionales, por otro lado se advierte la provocación de un efecto seguramente indeseado cual es la falta de claridad de las normas, la existencia de "zonas grises", que propician en muchos casos la ausencia de certezas jurídicas y adecuada protección de los derechos y garantías constitucionales, todos ellos pilares de las inversiones directas que el actual gobierno pretende fortalecer.

Marcela Ruiz Diaz, Abogada especializada Derecho Financiero, Régimen Penal Cambiario, y Comercio Exterior. Miembro del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina

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18 de junio de 2018 | 22:22
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