opinión

Asignatura pendiente: delito de acoso sexual

Asignatura pendiente: delito de acoso sexual

 De notorio y público conocimiento resulta el avance normativo en la órbita del derecho penal en la lucha contra la violencia contra la mujer, incluyéndose la perspectiva de género como agravantes de delitos ya existentes.

En este sentido, nuestros legisladores inmiscuyeron el derecho penal - mediante la sanción de la ley 26.791 - como herramienta para la erradicación y sanción de los delitos de homicidio y lesiones cometidos mediando violencia de género, es decir, perpetrados por un hombre contra una mujer, por razón de su género, valiéndose de la relación desigual de poder.

Es dable destacar la adecuación de la normativa penal de fondo con los compromisos internacionales asumidos, receptando de esta manera en el catálogo punitivo nacional la perspectiva de género como una circunstancia agravante de ciertos delitos, siendo en consecuencia merecedora de un plus punitivo, siguiendo así los mandatos impuestos por la normativa internacional oportunamente ratificada por nuestro país - Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -.

No obstante los avances arriba citados en materia penal con la expresa inclusión de la perspectiva de género - arrogándole calidad de agravante de pena -, se puede vislumbrar que en ciertas relaciones interpersonales entre el género masculino y femenino, desarrolladas en el ámbito laboral, se producen ciertos avasallamientos que no han sido receptados en nuestro Código Penal.

Para ser más preciso, en el ámbito laboral, se vislumbran casos en donde un superior jerárquico de género masculino impone su condición sobre una subordinada mujer, con la intención de obtener prebendas de índole sexual, valiéndose del temor reverencial que genera en la víctima por la ostentación de su cargo. Esta práctica es denominada acoso sexual. En el acoso sexual el victimario, valiéndose de una situación de superioridad jerárquica o laboral, reclama favores sexuales para sí o para un tercero bajo la amenaza de perjudicarlo en el ámbito de dicha relación para el caso de no acceder. A diferencia del abuso sexual, no se exige que efectivamente haya habido tocamiento para su consumación, sino que se configura con la sola coerción con la intención referenciada, prescindiéndose de que la mujer acceda o no a lo peticionado por el victimario.

Lo cierto es que el acoso sexual no encuentra recepción expresa en nuestro Código Penal, sino que debe realizarse un esfuerzo por parte de los operadores jurídicos para poder encuadrar dicha práctica en una figura penal. Se suele utilizar para ello la figura de la Amenaza Coactiva, es decir, anunciar un mal para obligar a otro a realizar algo en contra de su voluntad; como así también se recurre al Abuso sexual. Pero estos esfuerzos doctrinarios carecen de sustento jurídico, traduciéndose en elaboraciones pretorianas, forzando el principio de legalidad, toda vez que los tipos penales mencionados no consagran expresamente la modalidad del acoso sexual.

Es por ello que esta práctica, que presenta evidentes rasgos de misoginia, donde el hombre se vale una relación desigual de poder en el ámbito laboral, con el fin de forzar a una mujer a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, violentándola psicológicamente, resulta atípica, es decir, no es castigada penalmente; no constituyendo delito actualmente.

En esta línea de pensamiento se pronunció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.), en el mes de Diciembre del año 2011, al evaluar en nuestro país la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Argentina, al cual le hemos otorgado jerarquía constitucional. En este informe, el Comité expresó su preocupación porque "el acoso sexual en el lugar de trabajo no está prohibido expresamente en la legislación penal ni en la legislación laboral del Estado parte y porque no ha sido tipificado como delito". Es por este motivo que en el informe de referencia se exhortó expresamente al Estado Argentino a que "apruebe y aplique medidas legislativas que prohíban expresamente el acoso sexual en el lugar de trabajo, y a que tipifique esa conducta en la legislación penal y laboral".

En idéntico sentido, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) tras un estudio realizado en el año 1996, señaló que la Argentina es uno de los países que registran la tasa más alta de acoso sexual en el mundo, junto a Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania; precisando que el 16,6% de las mujeres encuestadas en Argentina informaron haber padecido incidentes de carácter sexual en el trabajo en el año anterior a la encuesta.

Es por ello que puede afirmarse que la omisión del acoso sexual en nuestro Código Penal, se traduce en una asignatura pendiente del Estado Argentino en el cumplimiento de los lineamientos internacionales asumidos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Sin perjuicio de las sanciones laborales y administrativas - en caso de producirse en la órbita privada o pública respectivamente -, que puedan imponerse a los hombres que cometen tales prácticas, es necesario asignarles a las mismas relevancia penal, previendo sanciones penales. Urge la necesidad de legislar en este sentido, toda vez que el efecto disuasorio de la amenaza de castigo penal puede contribuir a la disminución de estas prácticas, cumpliendo funciones de prevención general, saldando de esta manera la omisión en que hemos incurrido en la lucha contra la violencia de género.

(*) Dr. Juan Manuel Sánchez Santander. Ayudante Fiscal, Ministerio Público, Poder Judicial Mendoza. Abogado egresado Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Cuyo. Diplomado en Actualización Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad del Aconcagua.



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