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Autoridad post-democrática: La Unión Europea

Autoridad post-democrática: La Unión Europea

 En el pasado la existencia de las instituciones europeas posibilitó un espacio político-institucional en el cual los nuevos movimientos sociales emancipadores fueron capaces de hacer oír su voz y plantear algunos de sus temas. Es el caso de los movimientos ecologistas y feministas, facilitando, respectivamente, que en el ámbito europeo se atemperasen ciertas prácticas industrialistas muy dañinas para el medio ambiente y para los ecosistemas y, por otra parte, que se modificasen tradiciones e instituciones androcéntricas con fuertes resistencias a la igualdad y al empoderamiento de género.

Estas dinámicas de reconocimiento y de extensión de nuevos derechos se asentaban y continuaban la estela de los derechos democrático-sociales reconocidos en los estados sociales del bienestar en Europa después de la segunda Guerra Mundial, cuya onda expansiva se mantuvo hasta la década de los ochenta, convertidos en distintivos de la cultura cívico-política europea.

Estas tendencias hace tiempo que perdieron impulso y fueron sustituidas por otras que han acrecentado la desigualdad económico-social, la pérdida de derechos sociales, el aumento de la precariedad social, el crecimiento de la pobreza y de la vulnerabilidad, la proliferación de diversas formas de discriminación, en particular, étnico-culturales y de género y, en paralelo, ha comportado el reforzamiento del poder de la plutocracia económico-política de la Unión y de sus estados y el crecimiento de la riqueza de los grandes capitales.

Existe una clara correlación entre el desplazamiento de las dinámicas señaladas en primer lugar y el deterioro y la pérdida de la hegemonía social y política de los valores y las fuerzas sociales y políticas de la era democrático-progresista; así como, una clara correlación entre la extensión de las dinámicas señaladas en segundo lugar y el avance y consolidación de los valores y las fuerzas económicas y políticas de la era neoliberal-conservadora, dinámica que, desde la implosión de la gran crisis financiera hasta el presente, se ha transformado en una fuerte presión ejercida desde las instituciones de la Unión en favor de la aplicación de las políticas y la ideología de la austeridad en las diversas sociedades y países europeos, en particular, en las sociedades y los países menos desarrollados del Sur y del Este de la Unión.

El punto de inflexión de tales cambios es la reorientación estratégica de la construcción de las instituciones europeas y la integración de sus mercados que impulsaron los acuerdos de la Acta Única Europea (1986), que aceptan las líneas rojas sociales impuestas a la CE por el Gobierno de M. Thatcher, desde entonces incuestionadas, y se reafirman y se desarrollan en los sucesivos acuerdos que, desde de Maastricht (1991), con sus cinco condiciones monetaristas, la moneda única y el Banco Central, Ámsterdam (1997), Niza (2000), y Lisboa (2007), hasta ahora, establecieron e institucionalizaron la nueva senda a transitar para la integración económica europea, la austeridad, bajo la dirección de los distintos gobiernos de la Alemania unificada, convertidos en los valores y los principios constitutivos de la Unión Europea hasta el presente.

La integración de los mercados europeos

El pilar económico bajo la impronta de la austeridad es la base de la integración de los mercados europeos y del tipo de construcción institucional europea, en este marco, las políticas fiscales y las políticas sociales europeas están proscritas, condicionando a la baja el alcance de las políticas sociales y de los derechos de ciudadanía cuya aplicación corresponde en su práctica totalidad a los estados, en consecuencia, los estados de las economías menos desarrolladas tienen unos márgenes mucho más reducidos para implementarlas. Por otra parte, por lo que hace a los otros dos pilares de Maastricht, el de justicia e interior y el de seguridad y exteriores, fueron relegados a meras funciones de comparsa del pilar económico, de manera que los estados continuaban detentando el poder y las competencias en tales materias.

En cuanto al poder institucional, la inter-gubernamentalidad es la base de la toma de decisiones estratégicas de la Unión, condensada en el Consejo y en las Conferencias convocadas y orientadas por éste. La Comisión dirige la burocracia europea y ejerce a la vez funciones ejecutivas y legislativas, siguiendo las líneas fijadas por los Tratados, el Consejo y las Conferencias. Alemania, el Reino Unido y Francia son los estados que ejercen en estas instituciones de principales poderes y jugadores estratégicos de la Unión, tramando en torno a ellos las alianzas, los temas y las decisiones que rigen la dinámica de la UE. El Tribunal de Derechos Europeo sanciona y aplica la legalidad europea con dotes interpretativas auto-atribuidas fundadas en los Tratados Europeos y en la normativa generada por las instituciones. El Banco Central Europeo es autónomo y ejerce funciones de regulación monetaria bajo los principios constitutivos de la austeridad. Y, el Parlamento Europeo, con muy escasos poderes legislativos y de control institucional, desempeña, supuesta, no realmente, las funciones de altavoz de una inexistente opinión pública europea.

La legitimación de las instituciones europeas y de sus intervenciones y la legitimación de la integración económica de los mercados europeos, pretende basarse; por una parte, en la eficiencia funcional en el desempeño de ambas instancias en vistas a las necesidades de expansión del gran capital y del crecimiento económico y; por otra parte, en la legitimación de las instituciones y de los mercados europeos que se nutren de la juridificación normativa y procedimental de la construcción tecnocrático-institucional de las instituciones, supuestamente racional y neutral, y de la juridificación de la integración de los mercados que supuestamente se autorregulan. Además, se apela retóricamente a la Carta de derechos fundamentales como legitimación basada en valores que caracterizarían los ideales de la Unión, no obstante, las instituciones europeas carecen de facultades efectivas de tutela y sanción de los mismos. Por otra parte, en el ámbito europeo son descartados los motores modernos de la legitimidad política, el pueblo, la nación, el Estado y la democracia.

Así, la legitimación de la Unión Europea se asienta, básicamente, en razones instrumentales en el desempeño funcional, en las supuestas virtudes de la juridificación y, en la aureola ideal de la Carta de los derechos fundamentales. Desde Maastricht la legitimación que aportaban estas tres fuentes es precaria, como ponían de relieve las escasas ocasiones en las que se sometía alguna propuesta europea a la ciudadanía. No obstante, desde el estallido de la crisis económica estas tres fuentes de legitimación han sufrido un fuerte deterioro; los hechos desmentían una y otra vez sus promesas, confrontadas con las múltiples y crecientes dificultades de la vida cotidiana de cada vez más amplios segmentos de la ciudadanía en los países europeos que sufrían los duros efectos de la crisis, la arbitrariedad de las normas de la austeridad y sus despiadadas consecuencias sobre cada vez más ciudadanías, tanto más cuanto más necesitadas estaban.

La crisis de legitimidad del proyecto de la Unión Europea pasa por un momento en el que las dinámicas centrífugas son cada vez más fuertes y las dinámicas centrípetas más débiles; las diversas ciudadanías de sus estados se enajenan progresivamente de la Unión y reaccionan retornando a la supuesta seguridad y al calor de las legitimaciones estatal-nacionales, mientras, entre amplios sectores, crece rápidamente la hostilidad al proyecto europeo a la par que renace la xenofobia.

En estas condiciones, el limitado estatuto de la ciudadanía europea, en el mejor de los casos, es pasivo y de muy baja intensidad y, en su inmensa mayoría, en la práctica, es completamente ajeno a los mundos de la vida del grueso de las diversas ciudadanías europeas.

El contrapunto político activo de muy alta intensidad corresponde a otros actores, a personas jurídicas colectivas con derechos plenamente reconocidos y ejercidos, los grandes agentes financiero-corporativos y los grandes lobbies organizados que disponen de los medios y de la influencia para actuar en los mercados globales y para hacerse oír en las instancias europeas y participar en la elaboración de los informes y normativas europeas. Son los interlocutores europeos privilegiados en las instituciones y los mercados, institucionalizando un espacio de mediación y de negociación entre ambos sustraído a la publicidad política y a la intervención democrática de las ciudadanías. Es un mundo de comisiones y círculos de transacción en el que negocian las tecnoburocracias europeas y los representantes de los grandes capitales y sus múltiples asesores en el que impera la privacidad, el secreto y los hechos consumados.

Esta construcción institucional europea y esta integración de los mercados es la plasmación del proyecto europeo de los capitales financiero-corporativos, de las elites burocráticas europeas y de las elites de poder de los estados, así como, del establishment académico de la economía y la jurisprudencia y de los altos profesionales de la gestión de los negocios y los medios de comunicación. Un proyecto de construcción desde arriba de las instituciones europeas y de la integración de los mercados, afín a los intereses de los grandes capitales, sin la participación de los pueblos, cuyas ciudadanías son relegadas a la pasividad, sin democracia ni soberanía europea, sin un pueblo de ciudadanos y sin un vínculo imaginario entre sus ciudadanos que comporte formar parte una comunidad de solidaridades compartidas. El proyecto europeo es un proyecto de gobernanza plutocrático implementado en todo momento desde arriba que institucionaliza un régimen posdemocrático de poder hacia su interior económico y político.

La constatación clara de las consecuencias de este diseño europeo lo ofrecen los acontecimientos que desde el año 2008 desencadenó la crisis económica en la Unión y la respuesta de las instituciones. Al fuerte impacto inicial en todas sus economías, al que los estados europeos respondieron de inmediato con una masiva socialización de las pérdidas privadas de las grandes finanzas, siguió el crecimiento débil y/o el estancamiento del conjunto, y una profunda depresión en la mayoría de los países del Sur y del Este de Europa. Entre tanto, la aplicación y la profundización estricta y continuada de las políticas de la austeridad realimentaba los efectos de la crisis, cargando sus costes sobre la gran mayoría de la ciudadanía, mientras salvaba a los grandes capitales y hacía posible que continuasen creciendo sus rentas. Lo cual aumentaba la desigualdad en el seno de los países europeos y, en particular, se agravaba la dualización entre el Norte más rico y el Sur y el Este más pobres de lo que era antes de la crisis.

Por otra parte, los acuerdos de Shengen, que habían avanzado con vistas a facilitar la extensión de los mercados de trabajo europeos, de facto, están en franca regresión. Desde la implosión de la crisis financiera y su extensión a la economía real se incrementaron las migraciones internas de los países del Sur y del Este de la UE hacia los más ricos, además, con los conflictos en Irak, Siria, Libia y otros países, los movimientos de población desde estos países hacia la UE han crecido notablemente. La reacción de los estados de la Unión ha sido; en el primer caso, aprovechar la mano de obra barata cualificada que llegaba a los países ricos desde el interior de la Unión convirtiéndola en trabajo precario estructural con derechos muy mermados y; en el segundo caso, los estados europeos, han incrementado las restricciones, los controles y la represión, mientras, cada vez más estados han optado y están optando por el blindaje, el rechazo, la persecución, la represión y la expulsión de los contingentes que han logrado entrar, dejando, por otra parte, a millones de refugiados a las puertas de la UE en condiciones infrahumanas, al tiempo que se acelera la proliferación de muros en las fronteras de unos países europeos con otros para bloquear sus movimientos, situación que cuestiona los principios y los derechos humanitarios que proclama la Unión.

Como consecuencias no previstas, en los países del Este más afectados por la crisis y por las terapias de choque, aparecieron movimientos chovinistas y xenófobos que posibilitaron la llegada al gobierno de partidos de la derecha extrema que acentúan la regresión etno-nacionalista latente, mientras tanto, en los países del Sur emergieron resistencias y movimientos que cuestionaban el establishment político y movimientos de indignación que reivindicaban la democracia real y la ciudadanía social, dando lugar al surgimiento de nuevas expresiones de la política desde los cada vez más amplios y diversos colectivos de ciudadanos y ciudadanas precarizados.

La imposición a algunos Estados miembros

Por otra parte, en los países ricos de la Unión la presión y el temor entre grandes segmentos de sus ciudadanías se ha ido incrementando desde los años noventa por el efecto conjunto de las consecuencias perjudiciales sobre las mismas de la globalización y de la forma insolidaria que ha adquirido el proceso de integración y construcción europea, generando una creciente sensación de estar perdiendo nivel de vida y condiciones del bienestar de la que son culpables los “otros”. Tales tendencias se han acentuado desde el estallido de la crisis económica y sus consecuencias perversas; afectando a muy amplios sectores ciudadanos; acentuando la reacción conservadora de estos en lo moral y lo político, y aislacionista y privatista en lo social; desplazando hacia la derecha la gran mayoría de su espectro político, incluyendo en este movimiento a los partidos social-liberales (antes socialdemócratas); propiciando y justificando con tales mimbres la cerrazón frente a los otros -inmigrantes, extranjeros, países del Sur y el Este, musulmanes, etc., que, supuesta y erróneamente, ponen en peligro su prístina y civilizada forma de vida.

La dura, rígida e implacable intervención de las instituciones comunitarias en menoscabo de la soberanía de los países más castigados por la crisis, sostenida en la gran coalición europea –popular, conservadora y social-liberal, se ha basado en; la imposición a los países con más problemas y más debilitados por la crisis de terapias de choque acordes con la doctrina de la austeridad; controles estrictos de la gestión de sus gobiernos por el Eurogrupo y la Troika; imposición de fuertes sanciones a los mismos si no cumplían sus dictados; presión sobre sus partidos e instituciones con el fin de promover cambios que disciplinasen a sus gobiernos y, en el caso de ser díscolos, promover cambios de gobierno acordes con la aplicación de la austeridad; rechazo acompañado de amenazas a la entrada en la política de los gobiernos europeos de las demandas de los sectores más castigados; boicot a los referéndums y a cualesquiera manifestaciones democráticas de la ciudadanía que cuestionase el enfoque institucional ordo-neoliberal de la austeridad; e, in extremis, amenazar a los países más díscolos con la espada de Damócles de la expulsión de los mercados europeos, del euro y hasta de la Unión.

El epítome de tal política es el drama social y político al que se sometió desde las instituciones de la Unión Europea al pueblo griego y al Gobierno democrático de Syriza. Después de dos memorándums impuestos por el Eurogrupo y por la Troika a los dos anteriores gobiernos griegos, acabados en estrepitosos fracasos, al pretender el nuevo Gobierno negociar la suavización de las condiciones de la austeridad para promover el crecimiento con el que pagar las deudas de manera acompasada, fue sometido desde el minuto uno en que tomó posesión a una negación absoluta de reconocimiento como interlocutor válido y a la negación de cualquier negociación, sabedores de la situación límite en la que se encontraba, hasta que el BCE forzó el corralito bancario griego y precipitó su rendición, además de humillar al pueblo griego que había votado en referéndum contra la imposición de un tercer memorándum, obligando al nuevo gobierno surgido de las urnas, completamente entregado, a aceptar la nueva dosis austericida que, por supuesto, ha agravado aún más la crisis económica, el descontento social y la miseria ciudadana.

En contraste con ello, las condiciones impuestas por el Gobierno conservador de Cameron a la Unión Europea para hacer campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión en el referéndum que el mismo ha convocado han sido aceptadas por el Consejo sin convocar la Conferencia intergubernamental; a sabiendas de estar violando un principio constitutivo de los tratados de no dar pasos atrás en el proceso de construcción europea, mientras el Reino Unido se exonera del mismo; y de varios de sus principios fundamentales, no retroceder en el mercado de trabajo interior –siendo que el Reino Unido ya se auto-excluyó de Shengen- y ahora introduce más dificultades y pérdidas de derechos a los trabajadores inmigrantes europeos en diversas materias; la reintroducción sutil de hecho de una modalidad de derecho de veto por la vía de “sacar tarjeta roja” a los acuerdos de la Unión o de la eurozona en materia de convergencia económico-fiscal que considere lesivos para sus intereses, mientras se garantiza la plena accesibilidad de la City a los mercados financieros europeos.

El contraste es claro, si se trata de un país muy débil como Grecia, enormemente castigado por la crisis y por las políticas fracasadas dictadas por la Troika, no se acepta flexibilizar la austeridad demandada por un Gobierno democrático. Si es el Reino Unido que ya goza de un estatus privilegiado en la Unión, uno de sus tres jugadores estratégicos, se aceptan sus condiciones sin discusión, a pesar de violar varios de los principios de la Unión. Algo semejante ha sucedido con Francia cuando, unilateralmente, se ha autoexcluido este año del cumplimiento de las condiciones del ajuste presupuestario aduciendo que la lucha contra el terrorismo le impediría cumplirlos y nadie ha replicado. Sin embargo, no se contempla relajar las condiciones del memorándum para Grecia sometida a una insoportable presión de los flujos de refugiados que huyen de las guerras hacia Europa y pasan por su territorio, creándole una insoportable crisis humanitaria, peor aún, por este motivo el ministro alemán de finanzas, ha sugerido la posibilidad de expulsar a Grecia del espacio Schengen y el primer ministro de Austria propuesto cerrar sus fronteras con la Unión.

En otro orden de cosas, la Comisión Europea está negociando en el más riguroso secreto dos tratados con la Administración de los Estados Unidos llamados de “libre comercio”, el TTIP y el TISA, que desplazan amplias y vitales áreas de poder y de regulación económica del ámbito público de la Unión y de los estados hacia el espacio trasnacional privatizado de las grandes corporaciones y las finanzas y sus agencias de mediación y negociación que cubrirán amplísimos espacios de relación con su lex mercatoria privada, sustraída a los poderes públicos, cuya sanción y tutela estará en manos de tribunales de arbitraje privados con poder de imponer a los estados firmantes sus resoluciones.

La información, litigios, gestión y planificación de tales acciones corresponderán a agentes de las corporaciones y las finanzas, con su plétora de departamentos grandes despachos de abogados, economistas, ingenieros, etc., con normativas que les son muy propicias que acudirán en defensa de sus intereses a los árbitros privados trasnacionales, frente a los escasos recursos para tan diversos temas de los estados y los ciudadanos afectados. Las consecuencias de tales tratados penetrarán los intersticios de la vida de las ciudadanías afectando a los más diversos ámbitos, privatizándolos; la salud, la educación y otros servicios públicos; desactivando las regulaciones protectoras del medio ambiente; convirtiendo en papel mojado los derechos sociales de los trabajadores, menoscabando muchos de los espacios de soberanía que aún restan a los estados etc.,

Dichos tratados, sustraídos a la información y discusión pública en los estados, llegarán al Parlamento Europeo atados por los acuerdos previos de la Comisión y el Consejo en el que impera el pacto implícito de la Gran Coalición europea

Por otra parte, y esto requeriría un comentario mucho más amplio, las guerras de Siria, Irak, Libia, Yemen o el golpe de estado en Egipto, acaecidos desde que estallaron las primaveras árabes, han puesto de relieve la total falta de una política exterior y de seguridad europea asentada en el firme apoyo a la democracia en aquellos países y en la contemporización con los intereses de las riquísimas oligarquías despóticas de las potencias regionales, lideradas por el régimen fundamentalista de Arabia Saudita, lo que ha convertido a la Unión Europea -y a sus estados- en cómplice por omisión de un sinnúmero de masivas aberraciones humanitarias morales y políticas.

Es urgente reconocer que la integración neoliberal de los mercados europeos ha traído muy graves consecuencias para cada vez más cantidad de sus poblaciones y que la construcción tecno-burocrática de la Unión dirigida desde arriba se ha hecho para mantener a la ciudadanía en la pasividad. La contradicción entre una Unión Europea cada vez más desigual, insolidaria y deslegitimada, paralizada en lo social y cuestionable en lo moral y en lo político, convertida en un régimen posdemocrático de gobernanza, y la necesidad de una Europa democrática para enfrentar los grandes riesgos y retos globales ha alcanzado un alto grado de tensión.

(*) Bernat Riutort Serra es profesor de la Universitat de les Illes Balears. Fuente: www.sinpermiso.info.

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21 de agosto de 2018 | 18:39
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