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Dos fallos judiciales que marcan tendencia

Dos fallos judiciales que marcan tendencia

En estos últimos días dos fallos en la Provincia de Mendoza marcan rumbo sobre la aplicación e interpretación de la Ley 26.485.

El más importante de ellos es el de la Corte Provincial por la calidad del Tribunal que lo dicta pero no menos trascendencia tiene el fallo de la Tercera Cámara Civil y Comercial de Mendoza, quien nuevamente marca tendencia y demuestra conocer en toda su integridad la Ley de Violencia de Género. Espero poder ser clara al explicar los alcances de estos fallos, aunque creo que ambos tribunales se han expresado en términos que pueden ser comprendidos por todos, como a mi entender deben ser los fallos.

Vamos entonces al fallo de la Tercera Cámara Civil, la que en los autos 50.687/250.390, “LESCANO SOLEDAD LOURDES C/ GOBIERNO DE MENDOZA POR DAÑOS Y PERJUICIOS”. Es así como en primer término este Tribunal considera el planteo realizado por la actora (víctima de violencia), y en ese sentido relata: “En una primera etapa la a quo rechazó la cautelar y fue la Cámara quien asumió las atribuciones de la ley 26.485, la que con indicios y cumpliendo la ley y tratados internacionales dio respuesta efectiva, disponiendo fijarla en un plazo de tres meses a fin que ordenase la demanda, produjese la prueba y aportase elementos necesarios para sostener o no la cautelar. Así fue que al bajar los autos, produce la prueba, aclara la pretensión y logra que el Ministerio de Seguridad, que las actuaciones se encuentran en poder de dicho Ministerio para su resolución y que su parte se encuentra recurriendo por vía administrativa, la que puede llegar a la Corte con la acción procesal administrativa. Dice que pretende que mientras se resuelvan estas cuestiones la actora sea mantenida en su trabajo y que dejarla sin este cuando ha sido recurrido administrativamente la decisión del Ministerio respecto de la baja, en un contexto de violencia de género se evidencia un trato discriminatorio. Entiende que en los considerandos del dictus apelado se advierte que el a quo no juzga bajo la perspectiva de género y tampoco ha aprendido del primer fallo de la Cámara que resalta el procedimiento de la ley 26.485 que es de orden público, no advirtiendo que las medidas deben ser positivas y contenedoras, que no revictimice a la mujer. Que estar renovando cada tres meses cuando ya ha acreditado los extremos ofrecidos como prueba, como que su parte está recurriendo el acto administrativo necio sería pedirle que concurriera a el órgano administrativo que dictó la baja a pedir que la sostenga en el trabajo hasta que se resuelva el recurso. Se interroga que si tanto interés tiene el Ministerio de Seguridad en rechazar la cautelar, por qué no apura la resolución del recurso planteado y le da movimiento al trámite administrativo. Reitera que inició esta demanda por daños y solicitó la cautelar para sostener su trabajo, que acreditó violencia de género y que recurrió la resolución de baja, ejerciendo sus derechos por vía administrativa, por lo que necesita es preservar su trabajo y proseguir esta causa y la administrativa. Con respecto a su resolución de su situación de revista se dará o porque el Ministerio de Seguridad acepta el recurso o hasta que la Corte así lo disponga, mientras sucede ello esta causa avanzará más rápido que la vía administrativa ya que es conocida la morosidad de las cuestiones administrativas en el Poder Ejecutivo y así constituir prueba del APA. Concluye que la situación de recurrir cada tres meses renovando la medida la coloca en una situación de inseguridad y que si la demandada está preocupada por la situación, tiene a sus manos el recurso administrativo pieza en su poder para resolver pero mientras tiene el derecho a ser sostenida en el trabajo Poniendo la ley 26.485 y los tratados internacionales por sobre cualquier otra ley.” De alguna manera estos son los antecedentes del caso, y frente a ello el Tribunal CONSIDERA: “Solo y en la medida en que se tome como directriz la ley de protección integral a las Mujeres (n° 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), se podrá encontrar una solución justa, adecuada, eficaz y que tenga en miras esencialmente a la mujer como sujeto de derecho, puesto que de lo contrario se estaría incumpliendo con la finalidad y el propósito de dicha ley, en especial la del acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia (art. 2 inc. f). No debe olvidarse uno tampoco que la aplicación de la presente ley no solo resulta obligatoria, atento a su carácter de orden público sino que debe además debe aplicarse esta en función del principio de transversalidad que la gobierna (art. 7 inc. d). Debe recordarse que el término transversalidad de género o mainstreaming de género o enfoque integrado de género, se refiere a la responsabilidad de todos los poderes públicos en el avance de la Igualdad entre mujeres y hombres, siendo este la incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades entre mujeres y hombres a las Políticas Públicas, de modo, que desde se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real.” Luego el Tribunal continúa en un imperdible fallo, que recomiendo a todo estudioso del derecho, y especialmente a muchos magistrados, en consideraciones doctrinarias muy acertadas, como cuando nos dice: “. . . Por consiguiente si es que el Poder Judicial debe velar por la tutela de los derechos e intereses legítimos, por la igualdad de oportunidades, en la consecución de dichos fines no puede someter a la víctima de una situación probable de violencia de género a una revictimización dada por los avatares del proceso administrativo o judicial al que está sometida.” Y continúa diciendo: “. . . Es que se entiende y afirma que el criterio establecido por este Tribunal es permitirle a la actora el acceso a la justicia eficaz y bajo el amparo protectorio de la ley 26.485, propendiendo a evitar cualquier posibilidad que la misma sea sometida a todo tipo de revictimización . . .”. Así es como esta Excma. Cámara finalmente entiende que: “. . . Por consiguiente se entiende que la medida cautelar oportunamente dictada por este Tribunal debe ser prorrogada en su vigencia intertanto se resuelva el/los recursos administrativos correspondientes y se tenga por finalmente expedita la acción contencioso administrativa, puesto recién allí y con la debida y correspondiente intervención del Superior Tribunal podrá este evaluar el mantenimiento de la presente cautelar o el dictado de otra medida o su revocación, que era justamente la finalidad que se pretendía cuando originariamente se dictó la presente medida cautelar del mantenimiento de la fuente de trabajo.” En definitiva lo que este Tribunal hizo fue aplicar la Ley 26.485 sobre cualquier otra norma, dándole el alcance transversal que todavía muchos magistrados no comprenden. Sin dudas un fallo excepcional en estos tiempos y que merece ser estudiado por todos. Este fallo, que me atrevo a denominar “FALLO LESCANO 2”, ya que el “FALLO LESCANO 1”, dictado por este mismo Tribunal, ya se encuentra en los anales de la jurisprudencia provincial y nacional, este vuelve a trascender y es obligación de todos darlo a conocer en toda su extensión. Gracias a este fallo la actora, una mujer policía víctima de violencia de género puede seguir manteniendo su hogar y su hija menor, y manteniendo su fuente de trabajo. Todo ello después de haber vivido un hecho de violencia física con su pareja policía, de la cual la única perjudicada fue ella y no el victimario.

Si algo faltaba a todo esto es lo que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió en los autos CUIJ: 13-03854755-5/1((012051-257065)) “ALCARAZ VANESA VERONICA C/ GOBIERNO DE MENDOZA (MINISTERIO DE SEGURIDAD) P/ DAÑOSYPERJUICIOS P/ COMPETENCIA CIVIL”.

Este expediente, también de una mujer policía víctima de violencia de género en la Institución Policial, llega al Supremo Tribunal por una inclinación de algunos Jueces y Fiscales Civiles de evadir su responsabilidad a la luz de la Ley 26.485, por la cual ya venían declarándose incompetentes para atender este tipo de causas anteponiendo para ello normas de menor jerarquía que la Ley 26.485, que como vimos en el fallo anterior debe dársele una primacía y transversalidad que supera todo lo visto hasta el momento y que requiere de “capacitación de nuestros magistrados y profesionales del derecho”. Ya sea para evitar trabajar o por no querer atender este tipo de juicios, especialmente algunos jueces del fuero civil y fiscales del mismo fuero entendían que cuando la violencia de género se producía en el ámbito de la administración pública la competencia era de la Suprema Corte, y en tal sentido se declaraban incompetentes y remitían los expedientes al Cimero Tribunal Provincial. La Suprema Corte con este fallo puso fin a esta situación y esclareció sobre los alcances de la Ley 26.485. Los considerandos de este Alto Tribunal son los que marcan el camino que deberán respetar los tribunales inferiores. Así es como se expresa este Excelentísimo Tribunal: “III.- Decisión del caso: El examen de los antecedentes de la causa, lleva a concluir que la misma no resulta comprendida en el ámbito de la competencia originaria de este Tribunal, consagrada por el art. 144 inc. 5° de la Constitución Provincial y regulada por la Ley N° 3.918, siendo ella de competencia de la justicia civil, comercial y minas.”. Así de directo arranca, y continúa considerando: “. . . En el caso, la competencia originaria de esta Corte como materia administrativa solo podría surgir a partir de una interpretación forzada e implicaría transformar la pretensión deducida y, en consecuencia, traería con sí el potencial riesgo de afectación del eludido principio rector del proceso. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la garantía judicial de la acción rápida y expedita de amparo contra todo acto u omisión de autoridad pública, que obtiene explícito reconocimiento constitucional en el art. 43 del texto magno, impide sostener hoy una suerte de impedimento absoluto de los jueces que no integran este Tribunal para entender en supuestos de arbitrariedad en la actuación administrativa. De la superación de ese valladar, originariamente admitido en el texto de la Constitución de Mendoza, debe arribarse a la conclusión de que los jueces de grado pueden verificar si una orden de servicio de la Administración viola las seguridades conferidas por el régimen instituido por la Ley N° 26.485, al que la Provincia de Mendoza ha otorgado expresa adhesión y, con ello, ha asegurado los procedimientos reparatorios especiales previstos en sus normas. Por último, se estima que la decisión adoptada resulta aquella que enlaza con mayor armonía con la letra y espíritu de la Ley N° 26.485, régimen tuitivo al que la Provincia ha adherido (Ley N° 8.226: B.O. 30/11/2010), comprometiéndose a través de sus diversos órganos estatales, a la adopción en los pertinentes procedimientos administrativos y judiciales de aquellas medidas que resulten tuitivas de los fines consagrados, entre las que reparo especialmente en el derecho a la obtención de respuestas oportunas y efectivas (art. 16° inc. b), así como a que el procedimiento respectivo -además de gratuito- sea sumarísimo (art. 20°).”. Creo que las palabras de la Suprema Corte son contundentes y muy claras de cómo se debe proceder, y es de esperar que así actúen los Jueces Inferiores desde ahora en adelante, evitando el desgaste jurisdiccional y la revictimización de las mujeres que se presentan para obtener una respuesta efectiva y oportuna. En honor a la verdad debo decir que esta decisión fue tomada con el voto favorable de los DRES. JULIO RAMON GOMEZ y JORGE HORACIO NANCLARES y la disidencia del DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, la que recomiendo su lectura para que se pueda entender lo que significa no tener perspectiva de género y no comprender que hay un orden de prelación de la leyes, y que la ley de procedimiento administrativo de la Provincia de Mendoza no se encuentra por debajo de la Ley 26.485, desconociendo la transversalidad que esta ley impone. Es de esperar que el tiempo haga cambiar este criterio imperante todavía en alguno de nuestros magistrados y en toda la sociedad. Este es el cambio cultural que se demanda y por el cual se está trabajando. 

Opiniones (1)
23 de mayo de 2018 | 01:26
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23 de mayo de 2018 | 01:26
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  1. Esto puede ser muy justo o no. Me pregunto qué opinan los cautelados a quienes se les imponen conductas sin condena firme.
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