opinión

El abandono de la actividad no exonera las culpas: reflexiones sobre el daño ambiental causado en Veladero

El abandono de la actividad no exonera las culpas: reflexiones sobre el daño ambiental causado en Veladero

 En las últimas horas circuló con fuerza la información, con distintos asideros, de un posible cierre de la mina de Veladero y la consiguiente salida de la empresa Barrick Gold de la provincia de San Juan, como consecuencia de las complicaciones judiciales que la firma podría enfrentar en relación al accidente ambiental de septiembre de 2015 y que provocó el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada, la contaminación de 5 ríos, y un inestimado daño ambiental, social y humano.

La difusión periodística de esta versión generó diversos análisis e interpretaciones: desde lo económico, los efectos negativos de la pérdida de ingresos a la provincia de San Juan; desde lo ambiental, el análisis de las organizaciones autoconvocadas en defensa del agua; desde lo sociopolítico, la posible confrontación entre ambientalistas y trabajadores desocupados víctimas del cierre de la empresa; sólo por citar algunos ejemplos.

En lo particular hay un tema que nos resulta de interés y que en la variedad de especulaciones realizadas por distintos medios no hemos encontrado explicitada, y que tiene que ver con los beneficios judiciales y económicos que una posible emigración de San Juan podría traer acarreados a Barrick Gold.

En específico nos referimos al cumplimiento efectivo de las multas aplicadas, de posibles futuras sentencias y de la concreta erradicación y remediación de los daños ambientales aplicados.

En otras publicaciones ya hemos sostenido que la sanción que el gobierno sanjuanino estableció a Barrick como “castigo” por el accidente es irrisoria e insultante al pueblo sanjuanino. Recordemos que la multinacional debe pagar cerca de 150 millones de pesos, y se estima su ganancia anual en alrededor de 12 mil millones de pesos.

Así, vemos que la pena es escuálida en relación al daño causado y a las ganancias de la empresa, y que con claridad no afecta sus finanzas; y aparece como preocupación la continuidad de las causas judiciales.

Ahora bien, y sin propiciar teorías conspirativas pero tratando de tomar algunas previsiones, ¿es muy errado pensar, luego de las sucesivas negaciones de la empresa y el Estado respecto de la contaminación causada; de ciertos encubrimientos o por lo menos intentos de disimulo de lo ocurrido; de pronunciamientos oficiales intentando desacreditar los informes de instituciones como la UNCuyo o la misma Policía Federal; en una maniobra que implique un alejamiento de Barrick; mostrando la razón de los ciudadanos autoconvocados en defensa del ambiente; y licuando el efectivo cumplimiento de condenas y penas a la empresa?

Sin afirmar que esto es lo que está en marcha, consideramos sí que tampoco sorprendería un escenario como este, de salida acordada, clausura de los avances judiciales y, sobre todo, abandono sin remediación de todos los pasivos, contaminaciones y daños provocados en 15 años.

En un informe realizado en 2008 por Juliette Renaud, asesora de Adolfo Pérez Esquivel, se indica con claridad que “El problema principal es que esas empresas sólo están guiadas por sus intereses privados, no les preocupa el desarrollo económico y social de Argentina, y ni siquiera el desarrollo local de la zona donde intervienen. La consecuencia es que no se preocupan por los daños socio-ambientales que provocan y además llevan todas sus ganancias afuera del país…las empresas mineras logran además eludir las pocas normas que deben respetar”

Bien pueden estas consideraciones servir de base para nuestras proyecciones a fin de estar atentos, siempre recordando, como lo hace la misma Renaud, que el Estado es el que está a cargo del bienestar del pueblo argentino.

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20 de junio de 2018 | 13:15
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