opinión

Constitución y ambiente

A 100 años de la Carta Magna de Mendoza, su vigencia.

Constitución y ambiente

 El 11 de febrero se cumplen 100 años de vigencia de la Constitución de la Provincia de Mendoza, y por lo mismo es un momento oportuno para reivindicarla, recuperar su sentido, y, por supuesto, discutirla en función del nuevo entramado social y las actuales necesidades de nuestra comunidad.

Con 100 años, hoy es fácil tildarla de obsoleta. Sin embargo es preciso reconocer que nuestra Carta Magna fue una norma de avanzada en su época, y varios de sus conceptos se revitalizan hoy.

Pocos sabrán, por ejemplo, que la Constitución de Mendoza es una de las precursoras del denominado Constitucionalismo Social, que implicó la renovación de las Constituciones del liberalismo decimonónico al incorporar los derechos sociales, en los cuales se contempla la posición del individuo en la sociedad, fundamentalmente en su carácter de trabajador, principios éstos que, casi treinta años más tarde, recogería nuestra Carta Magna Nacional. Su sanción en 1916 se anticipó a legislaciones que todos reconocen como innovadoras, como los casos de la Constitución Mexicana de 1917; y la que estableció la República de Weimar en Alemania (1919).

Otro aspecto innovador de la Constitución mendocina pasa por el vínculo entre lo jurídico, lo productivo y, aunque en ese momento no se planteara así, un incipiente ambientalismo. De manera singular esto se distingue en el reconocimiento, defensa y valoración del agua como herramienta constitutiva de la identidad y entramado social de Mendoza.

Así, le dedica una decena de artículos, desde el 186 al 196, con temáticas que van desde la inherencia del agua a la tierra a la autarquía y autonomía del Departamento General de Irrigación; o el modo de elección y duración del mandato de sus autoridades en periodos distintos a las autoridades gubernamentales, aportando así a la concreción de una política de Estado transversal a los gobiernos.

Como autor de la ley provincial 7722, que regula la explotación minera a cielo abierto en la Provincia de Mendoza y reglamenta el uso de substancias contaminantes para esa actividad, me interesa referirme a esa relación entre cuerpo jurídico y nuevas necesidades de defensa ambiental; pensando en el futuro que proyectamos como sociedad. Y aquí aparece uno de los puntos que, sobre la base de avanzada que ya posee la Carta Magna Provincial, debe fortalecerse en una futura reforma, para consolidar la defensa ambiental por la cual ya se ha expresado Mendoza.

En concreto es necesario darle presencia concreta en esa normativa a todo el cúmulo de reconocimientos de derechos ambientales que ya reconoce la Constitución Nacional reformada en 1994 a fin de darle fuerza al consenso social presente en la Provincia. Si bien es cierto que la no adecuación de la Constitución local frente a la Nación se ha intentado suplir con leyes particulares, también es una certeza que la no explicitación en la Carta Magna constituye una debilidad que siempre permite encontrar vericuetos por donde se intentan colar intereses particulares.

Un ejemplo claro y reciente fue justamente el pedido de inconstitucionalidad que empresarios mineros elevaron contra la ley 7722 y que generó una tensión importante e innecesaria que, por fortuna, llegó a buen puerto luego que la Suprema Corte ratificara la norma.

En ese sentido, el propio fallo de la Corte plantea, de alguna manera, esta necesidad de poseer dentro del máximo corpus legal registrado con claridad, las definiciones que la comunidad consensúa como esquema de organización de sus relaciones sociales. Así indica, refiriéndose al conflicto minería – agricultura: “Nos encontramos frente a dos modelos de desarrollo económico que se presentan como antagónicos no pudiendo zanjar sus disputas, siendo el agua el principal tema de conflicto. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.

Y va más allá, en sintonía con nuestro planteo de necesidad de adecuar la Constitución al nuevo esquema de relaciones sociales, al sostener: “la doctrina especializada en la materia observa que de un tiempo a esta parte nos hallamos ante el surgimiento de un nuevo bien jurídico colectivo: el ambiente. En la lucha en defensa del ambiente y la salud se imponen los mecanismos anticipatorios, de tutela temprana, precoz, a la luz de los principios de prevención y precaución de política ambiental.

Este centenario aparece como una oportunidad para poder comenzar a conocer de manera plena una carta magna que posee en su ADN un soporte progresista y de reconocimiento social innovador para el momento en que se sancionó; y luego para incorporar, desde esa base de avanzada, los ajustes necesarios para renovarla y adecuarla a nuestra contemporaneidad.

Opiniones (0)
22 de junio de 2018 | 15:09
1
ERROR
22 de junio de 2018 | 15:09
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"